El empresario Mauricio Novelli, involucrado en la causa por la criptoestafa Libra —que cobró notoriedad tras haber sido promocionada en redes sociales por el presidente Javier Milei—, presentó este jueves un pedido formal para invalidar el análisis técnico realizado sobre su teléfono celular.
La solicitud, impulsada por su abogado defensor Daniel Rubinovich, se sustenta en la denuncia de "accesos indebidos" y "fallas graves" durante el proceso de peritaje. La defensa sostiene que estas irregularidades no solo afectan la validez del informe, sino que comprometen la totalidad del material analizado.
En paralelo, Novelli exigió la realización de una auditoría externa independiente, con el objetivo de evitar nuevas filtraciones, las cuales —según afirma— ya se habrían producido en el informe técnico elaborado sobre su dispositivo.
El rol de la DATIP bajo cuestionamiento
El análisis objetado fue llevado adelante por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo encargado de procesar la información contenida en el celular del empresario. Sin embargo, la defensa desestimó de plano ese trabajo, al considerar que no cumplió con los estándares necesarios de resguardo de evidencia.
El planteo de nulidad no es menor: apunta directamente a desacreditar un elemento central dentro de la investigación. Según Rubinovich, el procedimiento careció de la rigurosidad necesaria y vulneró principios fundamentales del proceso pericial.
Entre los puntos más sensibles señalados por la defensa, se destacan:
- Compromiso de la integridad del material analizado
- Falta de garantías sobre la autenticidad de los datos
- Ausencia de trazabilidad confiable en el manejo de la información
Estos factores, de acuerdo con el escrito presentado, invalidarían cualquier conclusión derivada del análisis técnico.
La resolución que encendió las alarmas
El núcleo de la sospecha se apoya en una resolución administrativa identificada como PER 171/2026, la cual, según la defensa, habría confirmado la existencia de accesos indebidos por parte de personal interviniente.
En concreto, se presume que un agente:
- Ingresó a archivos específicos sin justificación
- Duplicó información contenida en el dispositivo
- Almacenó esos datos en su computadora personal
Este conjunto de acciones, de comprobarse, representa una vulneración directa de los protocolos de custodia de evidencia digital. Para la defensa, se trata de una situación que equivale a una contaminación del material probatorio, afectando su validez legal.
Un volumen masivo de datos bajo sospecha
El análisis realizado por la DATIP abarcó un total de 812 gigas de información, un volumen considerable que, según Novelli, debía estar sometido a controles estrictos que no se cumplieron.
Lejos de limitarse al objeto específico de la investigación, el empresario denunció que se llevó a cabo una "exploración general" de su dispositivo, lo que derivó en una intromisión en su vida privada.
Este punto resulta clave en la argumentación de la defensa, que sostiene que el peritaje excedió ampliamente su finalidad original. En ese sentido, se señala que:
- Se incorporaron chats sin relación con la causa
- Se añadieron archivos irrelevantes para la investigación
- Se generó un incremento innecesario en la cantidad de páginas del informe
Para Novelli, esta ampliación indebida no solo es irregular, sino que también constituye una violación a sus derechos.
La nulidad como estrategia central
El pedido presentado ante la Justicia apunta a una nulidad total del peritaje, bajo el argumento de que el material analizado carece de validez legal y no puede ser utilizado como prueba en la causa.
En palabras del propio escrito, la situación habría comprometido de manera irreversible "la integridad, autenticidad y trazabilidad" de la evidencia. Bajo esta premisa, la defensa busca desarticular uno de los pilares técnicos del expediente.
La estrategia es clara: si el peritaje cae, también lo hace una parte sustancial del sustento probatorio en la investigación.