A solo un día de la derrota que sufrió el oficialismo en el Senado con el rechazo a los vetos sobre la emergencia en pediatría y el financiamiento universitario, la oposición en la Cámara de Diputados redobló la apuesta y convocó para el miércoles 8 de octubre a las 12 a una sesión especial con un temario de alto voltaje político.
El proyecto central será la reforma de la Ley 26.122, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone que el Congreso deba pronunciarse en un plazo máximo de 90 días corridos sobre la validez de cada decreto. Si no se trata, perdería vigencia. Además, establece que los DNU solo se mantendrán si son explícitamente aprobados por ambas Cámaras, lo que en la práctica permitiría a la oposición invalidarlos con mayoría simple en una de ellas.
El oficialismo, encabezado por el presidente de Diputados Martín Menem y el bloque libertario, considera este punto un objetivo prioritario a frenar. De aprobarse, restringiría drásticamente la discrecionalidad presidencial y obligaría al Gobierno de Javier Milei a conseguir consensos parlamentarios permanentes para avanzar en su agenda, algo complejo en un escenario de minoría legislativa.
Otro de los temas que promete tensión es la propuesta para remover a José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto. La oposición lo acusa de "incumplimiento de funciones" por mantener inactiva la comisión durante meses y por sus supuestos vínculos con el empresario Fred Machado, investigado en Estados Unidos por narcotráfico.
La interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, será el tercer eje clave. Los bloques opositores exigen explicaciones sobre la sanción de la ley de emergencia en discapacidad, cuya aplicación quedó suspendida. El Gobierno argumenta que no cuenta con los recursos para instrumentarla, mientras que la oposición lo acusa de incumplir la norma. Si Francos no presenta una reasignación de partidas presupuestarias, podrían avanzar con una moción de censura, prevista en la Constitución desde 1994, lo que representaría un golpe político directo al principal negociador del Ejecutivo.
La agenda también incluye emplazar a la Comisión de Presupuesto a fijar un plazo para dictaminar sobre el Presupuesto 2026, con el fin de evitar que el Gobierno prorrogue por tercer año consecutivo el esquema vigente de 2023. Además, se tratarán la elección del nuevo Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y una batería de proyectos de emergencia económica, tarifaria y laboral para MiPyMEs.
Otros puntos abarcan la nulidad de la cláusula suspensiva del decreto 681/25 sobre discapacidad, la reafirmación del rol exclusivo del Congreso en el endeudamiento externo y pedidos de informes al ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a eventuales negociaciones con Estados Unidos por un blindaje financiero.
El temario se completa con la citación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, para dar explicaciones por audios vinculados a presuntos pagos ilegales en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). También figuran proyectos sobre importaciones de maquinaria usada, financiamiento científico, reformas en el ENARD y la recomposición presupuestaria del IOSFA, junto con la discusión sobre la distribución del impuesto a los combustibles líquidos, un punto sensible para los gobernadores.
La convocatoria lleva la firma de referentes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y los ex libertarios de Coherencia, lo que refleja la amplitud del frente parlamentario dispuesto a poner al Gobierno contra las cuerdas.
