La Casa Rosada analiza por estas horas una decisión que podría redefinir el ritmo político del verano: extender las sesiones extraordinarias del Congreso desde el 10 de diciembre hasta finales de febrero, una medida que el oficialismo considera clave para intentar destrabar dos prioridades legislativas —el Presupuesto 2025 y un conjunto de reformas— antes del inicio del período ordinario.
Aunque aún no hubo confirmación oficial, en el entorno presidencial señalan que la ampliación del llamado ya se discute seriamente y que modificaría el plan original, que contemplaba convocar únicamente durante diciembre. Fuentes consultadas insisten en que el Ejecutivo evalúa que el proceso político posterior al recambio legislativo será complejo y que por eso se necesitará un margen temporal más amplio para garantizar debates, negociaciones y eventualmente votaciones.
La estrategia preliminar contempla, según pudo saber este medio, una dinámica dividida entre ambas cámaras: la Cámara de Diputados se concentraría en el tratamiento del Presupuesto, el proyecto con el que el Gobierno busca ordenar las partidas de ingresos y gastos del próximo año, mientras que el Senado avanzaría en otras reformas incluidas en la agenda del Presidente. Entre ellas figuran iniciativas vinculadas a modernización del Estado, cambios regulatorios y posibles modificaciones en áreas sensibles de la economía.
En la Casa Rosada admiten que la discusión presupuestaria exigirá no solo tiempo sino también capacidad de articulación política. El oficialismo, sin mayoría propia, deberá negociar artículo por artículo con sectores dialoguistas de la oposición, que ya expresaron reparos ante la posibilidad de una convocatoria tan extensa. Dirigentes de bloques opositores señalan que aún no se conoce el contenido completo de las reformas que el Gobierno incluirá en el llamado, y advierten que el debate no puede darse "a las apuradas" ni con documentos de último momento.
Las dudas se multiplican entre quienes consideran que la agenda del Ejecutivo es demasiado amplia para un período extraordinario, incluso extendido hasta fines de febrero. Legisladores consultados remarcan que enero—mes tradicionalmente inactivo en el Congreso—sería incluido de manera explícita, algo que no ocurre con frecuencia y que obligaría a reorganizar equipos técnicos, logística y funcionamiento parlamentario.
En Balcarce 50 argumentan que el adelantamiento del trabajo legislativo permitiría evitar un cuello de botella en marzo y acelerar la implementación de medidas consideradas urgentes por el Gobierno. "El objetivo es que el Presupuesto esté aprobado lo antes posible", repiten desde el oficialismo. Además, sostienen que las reformas que se impulsen requerirán de un tratamiento temprano para tener impacto durante el próximo año.
Mientras tanto, en el Congreso el clima es de expectativa prudente. Sin un decreto formal de convocatoria, los bloques se mantienen en consultas internas, a la espera de definiciones y del listado definitivo de proyectos que el Ejecutivo enviará. Las próximas semanas serán decisivas: la magnitud de la convocatoria determinará no solo la agenda parlamentaria del verano, sino también el nivel de diálogo —o tensión— política que tendrá la gestión en el arranque de un nuevo año legislativo.