El presidente Javier Milei regresó este jueves de su breve viaje oficial a Noruega y, apenas descendió del avión en Aeroparque, estampó su firma en el proyecto de reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias, previstas entre el 10 y el 30 de diciembre. La iniciativa, anticipada por distintas fuentes oficiales, se convirtió en una de las prioridades del Ejecutivo para cerrar el año legislativo y avanzar en un paquete de cambios que, aseguran, busca modernizar las relaciones laborales y fomentar la creación de empleo formal.
El Presidente venía de participar en Oslo de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, donde fue galardonada la líder opositora venezolana María Corina Machado. Tras el regreso, ratificó la centralidad del proyecto con un mensaje político contundente: "Por más crecimiento, por más prosperidad, por más trabajo para que la Argentina sea grande nuevamente". Con esta declaración, Milei volvió a ubicar la reforma laboral dentro de su agenda de transformación estructural.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reforzó la línea del Presidente al calificar la iniciativa como "la transformación más grande de la historia argentina" en materia laboral. Desde la Casa Rosada sostienen que el texto busca aggiornar un marco normativo que consideran obsoleto y generar incentivos para el empleo privado, aunque aclaran que la propuesta no avanza sobre algunos elementos sensibles para el sindicalismo.
Según adelantaron fuentes del Gobierno, el proyecto no incluye grandes modificaciones sobre el rol de los sindicatos y, especialmente, deja afuera la limitación de la "cuota solidaria", el aporte que pagan los trabajadores no afiliados y que es una de las principales fuentes de financiamiento de los gremios. "No nos queremos meter con ellos. El foco está en la creación de empleo", señalan desde el Ejecutivo.
Entre los puntos centrales que sí incorpora la reforma aparece un cambio relevante: la prelación de los convenios por empresa por sobre los convenios por actividad, siempre y cuando los acuerdos sean firmados por el sindicato con personería gremial correspondiente. No obstante, la iniciativa evita posicionarse sobre otros aspectos que habían generado debate durante los últimos meses, como la restricción de la ultraactividad de los convenios colectivos —esto es, su vigencia más allá del vencimiento— o la tipificación de bloqueos y tomas de establecimientos como infracciones específicas.
La presentación del proyecto en el Congreso generó una inmediata reacción en la Confederación General del Trabajo (CGT), que convocó a su mesa chica para analizar el texto en detalle y definir un plan de acción. En el seno de la central obrera crece el malestar por no haber sido convocados a una instancia de diálogo formal y por la percepción de que el Consejo de Mayo —creado para discutir reformas estructurales— perdió peso frente a operadores políticos más cercanos al Gobierno, como Karina Milei y Santiago Caputo.
En ese contexto, la reunión de la CGT se presenta como un paso clave para evaluar posibles medidas de fuerza. Sin embargo, hacia el interior de la central persisten diferencias sobre la mejor estrategia a seguir. Un sector sostiene que el avance unilateral del Gobierno obliga a activar inmediatamente un plan de lucha, mientras que otro prefiere mantener abiertos los canales de diálogo con referentes del oficialismo en busca de introducir modificaciones cuando el proyecto sea tratado en el Senado.
La discusión sindical se inscribe en un escenario político complejo, donde el oficialismo necesita construir consensos legislativos para aprobar una reforma que impactará de manera directa en la estructura del mercado laboral argentino. Con sesiones extraordinarias ya convocadas y el proyecto ingresado al Congreso, el debate promete ser uno de los más intensos de diciembre.