El gendarme Nahuel Gallo compareció ante la Sala I de la Cámara Federal para brindar su testimonio en el marco de la apelación presentada contra la decisión de unificar las querellas en la causa abierta en la Argentina contra Nicolás Maduro y otros acusados por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Durante la audiencia, Gallo expuso ante los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia los detalles del período en el que permaneció privado de su libertad y sostuvo que se considera una víctima directa de los hechos investigados.
Su presentación tuvo como objetivo respaldar el planteo para ser reconocido como querellante único dentro del expediente, en una causa que se instruye en la justicia federal argentina y que busca determinar responsabilidades por presuntas violaciones a los derechos humanos.
La detención y las acusaciones
En su declaración, Nahuel Gallo recordó que permaneció privado de la libertad durante 448 días, desde el 8 de diciembre de 2024. Según relató, tras su detención el gobierno del entonces Nicolás Maduro lo acusó de espionaje y de planificar el asesinato de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Además, la Fiscalía venezolana le imputó presuntas actividades terroristas y acciones desestabilizadoras. De acuerdo con esa acusación, el viaje que había realizado para visitar a su familia constituía una fachada destinada a encubrir un supuesto plan criminal.
A los pocos días de la detención, la Cancillería argentina denunció el secuestro de Gallo y lo calificó como un preso político. Durante ese período permaneció alojado en la cárcel de El Rodeo I, señalada en la información judicial como uno de los centros de detención más peligrosos de Venezuela.
La liberación y el regreso a la Argentina
Nahuel Gallo recuperó la libertad el 2 de marzo, tras permanecer más de un año privado de ella. Luego de su liberación regresó a la Argentina y se reincorporó a la fuerza.
Según consta en la información incorporada a la causa, el viaje de regreso fue resultado de una gestión cuya modalidad todavía no fue aclarada en sede judicial y que involucró a representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El traslado se realizó en un avión privado en el que también viajaban algunos dirigentes de la entidad deportiva.
Ese aspecto de los acontecimientos también forma parte del interés de los investigadores, quienes buscan reconstruir las circunstancias que permitieron la recuperación de la libertad y la posterior repatriación del gendarme.
Luego de la audiencia, la Sala I de la Cámara Federal deberá decidir si confirma o revoca la resolución dictada por el juez federal Sebastián Ramos, quien dispuso la unificación de la representación de los damnificados.
La decisión judicial agrupó a las víctimas en dos representaciones:
- Un grupo encabezado por Ignacio García, que reúne a un conjunto de víctimas.
- Otro liderado por el doctor Tomás Farini Duggan, que incluye a la Asociación Civil Foro Argentino para la Defensa de la Democracia y la República.
La resolución que adopten los camaristas determinará si Gallo mantiene su pretensión de actuar como querellante único o si continúa vigente el esquema dispuesto por el juez de primera instancia. En el marco del expediente, Sebastián Ramos también destacó que, a partir de los testimonios recibidos en los tribunales de Buenos Aires entre abril y septiembre de 2017, fueron contabilizados 88 casos que afectaron a 314 personas distribuidas en 13 estados venezolanos.
El pedido para citar a Claudio Tapia
La Cámara Federal también deberá pronunciarse sobre otra solicitud formulada por las querellas y respaldada por el fiscal Aguero Iturbe. El planteo busca que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, sea citado como testigo dentro de la investigación.
El objetivo de esa declaración sería aportar información relacionada con la recuperación de la libertad de Nahuel Gallo y con las gestiones que culminaron en su repatriación hacia la Argentina.
La causa argentina y el alcance de la jurisdicción universal
El expediente judicial fue abierto en 2023 sobre la base del principio de jurisdicción universal, mecanismo que permite la persecución subsidiaria de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos fuera del territorio nacional.
En ese contexto, la justicia federal argentina impulsó un pedido de extradición y una orden de captura internacional para tomar declaración indagatoria a Nicolás Maduro. Ese planteo llegó a los Estados Unidos. La posibilidad de juzgar a dirigentes de otros países por este tipo de delitos se encuentra contemplada en la Constitución argentina mediante la adhesión a distintos tratados internacionales. Entre ellos se mencionan:
- Los Convenios de Ginebra de 1949, para delitos cometidos en conflictos armados internacionales.
- La Convención de 1984 contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
- La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 2006.
Según la información de la causa, el juez Sebastián Ramos inició el procedimiento de extradición activa respecto de Nicolás Maduro Moros tras la irrupción de Estados Unidos en Caracas que logró la detención de Maduro para ponerlo a disposición de los Tribunales de Nueva York.
Los informes internacionales incorporados como prueba
Como parte de la investigación, la justicia argentina incorporó como elemento probatorio el contenido de al menos 17 informes elaborados por distintos organismos internacionales. Esos documentos describen situaciones vinculadas con:
- Detenciones arbitrarias.
- Desapariciones forzadas.
- Ejecuciones extrajudiciales.
- Torturas.
- Malos tratos.
- Dificultades para el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares.
Entre las instituciones cuyos informes fueron valorados por la justicia figuran el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras 50 organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos civiles.
Con el testimonio de Nahuel Gallo ya incorporado al expediente, la Cámara Federal deberá resolver tanto la cuestión vinculada con la representación de las víctimas como otros planteos pendientes, mientras la investigación continúa avanzando sobre las denuncias por presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos a Nicolás Maduro y otros acusados.