En el marco de una nueva etapa de la reforma del Estado que el oficialismo busca acelerar durante este 2026, el presidente Javier Milei evalúa la creación de un ambicioso fondo destinado exclusivamente a la compra de armamento para las Fuerzas Armadas (FFAA). La iniciativa, que se encuentra bajo un exhaustivo análisis técnico en la Casa Rosada, propone un mecanismo de financiamiento disruptivo: destinar el 10% de lo recaudado por la venta de activos públicos —incluyendo privatizaciones, venta de terrenos y enajenación de bienes— al fortalecimiento de la capacidad material de la defensa nacional.
Un giro en la estrategia de financiamiento de defensa
La administración de La Libertad Avanza busca desvincular el peso de las compras de alta magnitud de los ingresos corrientes del Tesoro. Según los cálculos que manejan en Balcarce 50, el potencial de ingresos por la venta de activos estatales y procesos de privatización permitiría reunir una suma de entre US1500 millones y US3000 millones para nutrir este fondo en distintas etapas. Este plan oficialista se apoya en dos carriles operativos que avanzan de forma paralela. Por un lado, el Poder Ejecutivo ya ha habilitado las herramientas necesarias para ejecutar las privatizaciones bajo la Ley Bases y su reglamentación. Por otro, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) cuenta con vía libre para impulsar la venta de inmuebles nacionales declarados como innecesarios para la gestión estatal, incluyendo predios pertenecientes a las propias fuerzas sobre los cuales el oficialismo ha puesto la mirada en los últimos meses.
El desafío jurídico: decreto vs. ley
Uno de los puntos más delicados de la propuesta no reside en la enajenación de los bienes, sino en la ingeniería jurídica necesaria para direccionar el destino de los fondos. La Ley de Administración Financiera (24.156) establece con claridad que los recursos con afectación específica deben surgir por ley. Esto abre un debate sobre si la creación de un fondo de estas características puede instrumentarse mediante un decreto simple o si requiere una herramienta de mayor alcance normativo. En Balcarce 50 admiten que esta estructura todavía está en estudio, teniendo como referencia inmediata el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) de 2020. No obstante, la Ley de Presupuesto 2026 derogó el inciso central que le otorgaba una fuente automática de financiamiento al FONDEF, dejando un vacío que el nuevo esquema de Milei pretende llenar con recursos extraordinarios.
El mapa de las privatizaciones 2026
La viabilidad del fondo depende directamente del éxito en el cronograma de privatizaciones y concesiones que el Gobierno proyecta para el presente año. Entre los procesos que el oficialismo considera más avanzados se encuentran Intercargo, Belgrano Cargas y AYSA, mientras que el Correo Argentino progresa bajo un esquema de concesión específico. Otros expedientes, como el de Nucleoeléctrica, presentan mayores demoras en su ejecución. Asimismo, los equipos técnicos trabajan actualmente en los planes sobre SOFSE, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y la implementación de nuevos tramos de Corredores Viales, todos ellos pilares fundamentales sobre los cuales se apoya la proyección de ingresos del eventual fondo.
Objetivos del reequipamiento militar
Desde la Nación aseguran que este esquema apunta a darle financiamiento a un paquete de reequipamiento que excede con creces a las compras ya cerradas. Actualmente, el Gobierno sostiene diversos frentes de inversión en materia de defensa que requieren un flujo de capital constante, como la incorporación de los vehículos blindados Stryker para el Ejército y el sostenimiento del programa de los F-16, que incluye el entrenamiento especializado de pilotos. A esto se suma el financiamiento ya oficializado para helicópteros navales livianos destinados a la Armada, junto con los proyectos abiertos para la adquisición de submarinos y buques, entre otros activos estratégicos. El objetivo final es vincular la reducción del tamaño del Estado con una inversión de capital estratégica, permitiendo que las Fuerzas Armadas recuperen su capacidad operativa mediante la conversión de activos públicos en tecnología bélica de última generación.