María Soledad Calle no es la única integrante de La Cámpora que tiene una propiedad en el edificio de San José 1111, elegido por Cristina Kirchner para cumplir su arresto domiciliario. Un informe del Registro de la Propiedad Inmueble al que accedió LA NACION reveló que el senador Mariano Recalde, uno de los fundadores de esa agrupación, también es propietario de una unidad en el inmueble.

Se trata del departamento 1 "A", ubicado en el primer piso y lindero con la propiedad de Calle. Es, además, el único departamento del edificio que cuenta con patio. La unidad tiene aproximadamente 100 m² cubiertos, mientras que la superficie total registrada alcanza los 168 m², una diferencia explicada en buena medida por la existencia de ese espacio exterior.

Recalde no vive allí. Tampoco reside en el inmueble ningún integrante de su familia, según coincidieron vecinos y personas que conocen los movimientos del consorcio. Al menos tres fuentes consultadas por el diario señalaron, en cambio, que desde hace un tiempo la vivienda está ocupada por una supuesta "inquilina", cuya identidad y actividad generan interrogantes entre quienes viven en el edificio.

Una propiedad adquirida en 2016

El apellido Recalde figura como propietario del departamento desde 2016. En agosto de ese año, Héctor y Mariano Recalde adquirieron la propiedad del primer piso. El informe registral consignó como monto de la operación $4.000.000, sin aportar mayores detalles.

Por entonces, Héctor Recalde era diputado nacional y debió declarar la adquisición ante la Oficina Anticorrupción (OA). Mariano Recalde, que ya había dejado Aerolíneas Argentinas, hizo pública su participación ante el mismo organismo cuando asumió como senador, en 2019.

En sus declaraciones juradas especificó que era titular del 10% del inmueble, porcentaje que mantuvo declarado hasta su presentación correspondiente a 2024, la última disponible en el sistema oficial de consultas. Desde el entorno del senador explicaron que la propiedad fue originalmente adquirida como una inversión. "Estuvo bastante tiempo en venta y en alquiler", recordaron. Sin embargo, según esa misma fuente, finalmente "no se concretó nada".

Cuando comenzó el arresto domiciliario de Cristina Kirchner, en junio del año pasado, el departamento de Recalde todavía tenía colocado un cartel de "venta", difundido por una inmobiliaria de San Telmo. Consultada por LA NACION, la inmobiliaria señaló que existía una reserva realizada el mes anterior. Sin embargo, el apellido Recalde continúa figurando en las liquidaciones de expensas del edificio.

La misteriosa ocupante del 1 "A"

Uno de los aspectos que más preguntas genera entre los vecinos es quién ocupa actualmente el departamento de Recalde. "Es una mujer de unos 40 años, la vemos porque saca a pasear al perro, pero no sabemos quién es ni qué hace, en el chat de vecinos no está", relató una vecina.

Las fuentes consultadas coinciden en que la mujer reside allí desde hace un tiempo. Frente a las versiones sobre una eventual relación con el entorno de Cristina Kirchner, el diario recordó que Clarín había informado anteriormente que una de las tres empleadas domésticas de la expresidenta, que tienen entrada liberada al segundo piso, vivía en otro departamento del mismo edificio para evitar trasladarse hasta su casa.

Desde el entorno de Recalde negaron que se trate de una operación inmobiliaria convencional y explicaron que la familia decidió prestar el departamento a "alguien que se hace cargo de los gastos y que está ahí hace aproximadamente un año y medio". Según señalaron, se trata de un conocido del legislador.

Expensas, deudas y diferencias entre los propietarios

Los movimientos económicos del consorcio también forman parte de la información relevada. Las expensas de los departamentos de San José 1111 oscilan, según cada unidad, entre $160.000 y $250.000. Se trata de montos considerados bajos porque en el edificio solo se abonan determinados servicios comunes y una empresa de limpieza.

La propiedad que afronta el mayor gasto es el local de la planta baja, que paga más de $600.000. Su propietario, además, no puede venderlo ni alquilarlo debido a la situación generada por la llegada de la expresidenta.

Uno de los vecinos describió las consecuencias de las manifestaciones frente al edificio: "Cuando hay marchas se corta la calle y el ruido es muy molesto. Todo el tiempo pegan cosas en la pared. Lo único positivo es que tenemos la seguridad en la puerta". En la liquidación correspondiente a julio aparecen también las situaciones particulares de los propietarios vinculados al entorno político de Cristina Kirchner:

• María Soledad Calle: su departamento de 252 m² es el más grande del edificio. En julio debía afrontar $254.000 entre expensas ordinarias y extraordinarias. Sin embargo, el resumen registró un total de $514.722, debido a una deuda arrastrada del mes anterior.
• Cristina Kirchner: el departamento figura a nombre de Los Sauces, una de las primeras sociedades constituidas por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner. Debía abonar $249.603 correspondientes a julio, apenas $5.000 más que Calle. Además, había cancelado una deuda previa de $521.895, equivalente a dos meses.
• Mariano Recalde: aparecía con una deuda de $474.190 y un pago parcial de $350.000. El mes anterior, la deuda había alcanzado los $824.190.

Dos propiedades y un edificio bajo atención judicial

La familia Recalde llegó a San José 1111 apenas un año después que los Kirchner. Los Sauces había adquirido el departamento del segundo piso en junio de 2015, sobre el final de la presidencia de Cristina Kirchner. Según el informe de dominio, la sociedad pagó US$370.000 por esa propiedad.

El departamento del tercer piso, ubicado justo encima del de la expresidenta, también continúa en venta. Hace un año era ofrecido por US$295.000. Hubo interesados en alquilarlo, pero las negociaciones no prosperaron. Las sospechas, nuevamente, apuntan hacia el entorno de Cristina Kirchner.

La Justicia presta especial atención a los movimientos dentro de San José 1111 por dos razones. Una está directamente relacionada con el cumplimiento de la condena de la expresidenta y las condiciones de su arresto domiciliario.

La Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (Dapve), dependiente del Ministerio de Seguridad, respondió a un pedido del juez Rodrigo Giménez Uriburu que el GPS de la tobillera "no permite determinar con exactitud en qué sector de un edificio se encuentra la persona".

Según el resumen difundido por la Justicia, el dispositivo puede establecer una ubicación geográfica correspondiente al inmueble o sus inmediaciones, pero no distinguir si la persona está dentro de su departamento, en la terraza, en un pasillo, en una escalera o en otro piso.

La Dapve informó que Cristina Kirchner registró tres salidas a la terraza, todas durante marzo, con una duración máxima de 32 minutos. Pese a esos escasos movimientos, sus abogados solicitaron en mayo que se eliminaran las restricciones para utilizar ese espacio, al que tiene permitido acceder entre las 6 y las 20, durante un período de dos horas.

La información volvió a generar preguntas: si la expresidenta solo utilizó tres veces la terraza, ¿por qué su defensa reclamaba ampliar las posibilidades de uso? Y, en paralelo, ¿para qué se utiliza el departamento adquirido por Calle?

Calle y la investigación por los fondos de la UOM

La segunda razón por la que San José 1111 permanece bajo atención judicial está relacionada con María Soledad Calle y una investigación por el manejo de fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Después de que LA NACION revelara la compra del departamento 1 "B", la Justicia activó una causa por una supuesta defraudación al gremio y solicitó informes sobre los movimientos de Cristina Kirchner dentro del edificio. Esta semana, Calle se presentó ante el juez Julián Ercolini y repitió la explicación que había dado ante el escribano que intervino en la compraventa: aseguró que tenía previsto utilizar el inmueble para instalar una fundación. No presentó documentación que respaldara ese proyecto ni aportó siquiera un nombre para la entidad.

La investigación también reconstruyó su vínculo con la UOM. En diciembre de 2022, Calle participó de la creación de una empresa denominada USEM. Tres meses después, firmó un contrato con el gremio para administrar los aportes de los trabajadores metalúrgicos. Como contraprestación, la empresa retenía una comisión del 0,5%, de acuerdo con los documentos que están en poder de la Justicia.

Dos años más tarde, Calle adquirió el departamento del primer piso. La investigación plantea, entre otros interrogantes, si la compra fue realizada para ella misma o si respondió a un pedido del gremio destinado a beneficiar a un tercero.

En aquel momento, Furlán mantenía una alianza estratégica con Máximo Kirchner. Actualmente, el sindicato está intervenido, Calle fue despedida y el contrato millonario quedó suspendido.

Las visitas de Recalde a Cristina

El vínculo entre Recalde y su vecina también quedó registrado en los últimos meses. El senador visitó a Cristina Kirchner varias veces durante los 14 meses posteriores al inicio de su arresto domiciliario.

El 26 de septiembre de 2025, tres meses después del comienzo de la medida, Recalde compartió una fotografía tomada desde el balcón del segundo piso. En plena campaña electoral, la imagen permitió mostrar a candidatos de Fuerza Patria, entre ellos Itaí Hagman. En total, fueron seis los invitados presentes.

Dos meses después, la Justicia restringió las visitas y estableció un máximo de tres personas por turno.

Recalde, además, actualmente presidente del Partido Justicialista en la Ciudad, fue uno de los dirigentes que convocó a una marcha frente al edificio cuando se cumplió el primer aniversario del arresto domiciliario de la expresidenta.

Así, San José 1111 concentra propiedades, vínculos políticos, movimientos judiciales, reclamos vecinales y preguntas todavía sin respuesta. En un edificio donde Cristina Kirchner cumple su condena, la presencia de dos integrantes de La Cámpora como propietarios, una vivienda ocupada por una inquilina cuya identidad no es conocida por los vecinos y una investigación paralela relacionada con la UOM agregan nuevos elementos a una trama que continúa bajo observación judicial.