La tensión en el ámbito educativo de la provincia ha alcanzado un punto crítico tras la última oferta salarial presentada por el Ejecutivo. En el marco de la paritaria docente, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) manifestó un firme rechazo a los montos propuestos, advirtiendo sobre un creciente malestar en las bases. La dirigencia gremial sostiene que los ingresos actuales no solo han quedado rezagados frente a la inflación, sino que han dejado de cumplir su función básica: garantizar el sustento de los trabajadores.

El desfasaje frente a la canasta básica

La principal voz de alerta fue la de Estela Urueña, vocal de la Secretaría de Nivel Medio de UDA, quien calificó la oferta oficial como "lejos de la realidad". El Gobierno propuso un salario mínimo de $850.000 para el cargo testigo de maestro de grado (equivalente a 15 horas de nivel secundario o 12 de nivel superior). Sin embargo, este monto choca de frente con la realidad estadística: en febrero, la canasta básica para una familia tipo alcanzó los $1.400.000.

Esta brecha de más de medio millón de pesos traduce el conflicto en términos de supervivencia cotidiana. Según declaraciones de Urueña en el programa Tiempo Real de Ancasti Streaming, la asfixia financiera es evidente: los docentes plantean que no pueden llegar a fin de mes y se ven obligados a recurrir al endeudamiento mediante tarjetas de crédito y la refinanciación de saldos para cubrir necesidades elementales.

Análisis de la situación laboral y consulta a las bases

Desde el gremio se puso en duda la premisa gubernamental de que la mayoría de los docentes poseen dos cargos para compensar sus ingresos. Para ilustrar la gravedad, se detallaron casos reales de trabajadores con años de servicio:

• Docente de primaria (2 cargos, 12 años de antigüedad): Percibe aproximadamente $1.200.000, monto que sigue siendo inferior al costo de la canasta básica.
• Docente de secundaria (16 horas, 18 años de antigüedad): Su salario neto ronda los $900.000 tras los descuentos correspondientes.

Ante este panorama, UDA realizó una consulta masiva a través de una encuesta en la que participaron más de 2.700 docentes. Los resultados son contundentes: la mayoría de los afiliados sostiene que el salario mínimo debería alcanzar, al menos, los $1.200.000. Esta base de datos servirá para definir los próximos pasos y las medidas de fuerza que el sector podría proponer.

Demandas administrativas y condiciones de trabajo

El conflicto paritario no se limita exclusivamente a lo salarial. El gremio ha llevado a la mesa de negociación una serie de reclamos técnicos y administrativos que afectan la carrera docente:

• Inscripción de preceptores: Se solicita que puedan volver a anotarse en las juntas de clasificación del nivel secundario, un derecho suspendido hace más de 20 años.
• Burocracia en el Ministerio de Trabajo: Denuncian que el traspaso de trámites a esta cartera ha extendido los circuitos administrativos, complicando las gestiones de altas y bajas.
• Demoras en haberes: Existen quejas por el retraso en el pago de sueldos, lo que agrava la incertidumbre económica.

Hacia una nueva instancia de negociación

Actualmente, el sector se encuentra en estado de alerta y movilización, aunque bajo el régimen de conciliación obligatoria. Urueña aclaró que las protestas actuales son de carácter autoconvocado y no responden a una decisión orgánica de los sindicatos, lo que demuestra que el descontento social supera las estructuras formales.

Toda la atención está puesta en la reunión paritaria prevista para mañana al mediodía. El gremio espera una propuesta superadora que reconozca el derecho a un salario digno. Como bien señaló la dirigente, la situación impacta directamente en la calidad de vida: enseñar es un derecho, pero vivir del trabajo también lo es.