Luego de declarar la Emergencia Ígnea, el Gobierno nacional evalúa reasignar partidas presupuestarias para ampliar la asistencia a las provincias afectadas por los incendios forestales, en un contexto de creciente presión de los gobernadores. Desde la Casa Rosada aseguran que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) fue concebido como un punto de partida para avanzar en la colaboración con Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.
En Balcarce 50 explican que las asignaciones se actualizarán en función de los pedidos formales de las provincias y de la evolución de la situación en cada territorio. El mecanismo se instrumenta a través de decisiones administrativas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras que la operatoria está a cargo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad.
El Ejecutivo remarca que el decreto no fija un monto cerrado de asistencia adicional, sino que habilita la movilidad de recursos según las necesidades que vayan surgiendo. El objetivo, sostienen, es responder con flexibilidad y evitar una distribución uniforme que no contemple las particularidades de cada provincia.
La decisión política de avanzar mediante un DNU y descartar el tratamiento del proyecto impulsado por los gobernadores en las sesiones extraordinarias se tomó en las horas previas a la reunión del jueves. Para ese momento, los incendios ya habían afectado unas 230.000 hectáreas en el sur del país, lo que profundizó las tensiones entre la Nación y los mandatarios provinciales.
"La urgencia de la situación no podía esperar el debate de una ley", señalaron fuentes oficiales. El encuentro fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el asesor Santiago Caputo.
En paralelo, el Gobierno comenzó a enviar fondos a las provincias más comprometidas. Chubut recibió $4.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y se reforzó el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios mediante la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad.
El refuerzo total asciende a $100.810.319.998,50, que serán distribuidos entre 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios, con una asignación de $94.924.971,75 para cada entidad. Los fondos están destinados a la compra de equipamiento, indumentaria, materiales y otros insumos vinculados a la lucha contra el fuego y la protección civil.
Desde el Ejecutivo aclaran que estos desembolsos no agotan el esquema de ayuda y que la Emergencia Ígnea permite avanzar con nuevas transferencias, contrataciones y compras sin las demoras administrativas habituales. Al mismo tiempo, el oficialismo optó por evitar el Congreso para no resignar margen de maniobra en su agenda legislativa, que incluye la reforma laboral, la Ley Penal Juvenil, la Ley de Glaciares y el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.