En el playón del Complejo Urbano Girardi se presentaron las conclusiones de la primera etapa de la campaña sobre Violencia Obstétrica iniciada por la diputada Adriana Díaz. Durante la misma, estuvieron presentes autoridades municipales y provinciales así como redes de mujeres e interesados en la temática. Este cierre incluyó la revelación de relatos de mujeres víctimas de este tipo de violencia, y el resultado de los primeros datos estadísticos obtenidos durante el sondeo realizado desde el 17 de febrero hasta el día 3 de marzo.

La campaña buscó enmarcarse en los postulados de los derechos establecidos en las leyes 25.929 (ley de parto respetado), 26.485 (para protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres), ley 26.529 (de derechos del paciente), ley 27.611 (de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia) conocida también como el plan de los 1.000 días y la ley 26.710 (de interrupción voluntaria del embarazo).

Durante su discurso, Díaz agradeció el acompañamiento y adhesión de Fernando Olivera, delegado en Catamarca del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Paola Di Giacomo, titular de la Administración de Concejos Multisectoriales de la Capital. María Carrizo, Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia. Y, la Red de Concejalas del Frente de Todos Catamarca.

La legisladora adelantó que la campaña continuará “con el objetivo de ayudar a fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en sus primeros años de vida, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos, particularmente sobre del derecho a una vida libre de violencias”.

En cuanto los resultados del sondeo, resaltó “consideramos, también la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la relación que existe con los médicos objetores de conciencia. Es por eso que analizamos, que si se defiende tan fervorosamente el derecho a maternar y parir, suponemos que los y las efectores de salud vinculados a ginecología y obstetricia conocen y hacen respetar esos derechos. Sin embargo, del informe preliminar del sondeo y de acuerdo a los testimonios de mujeres, podemos decir que, de minina no se reconocen los derechos y de máxima, que no se está interviniendo con regulaciones y capacitaciones para que así sea”.

Conclusiones 

A nivel mundial la violencia obstétrica es considerada como una de las formas de violencia contra la mujer más sistemática e invisibilizada, e incluso es considerada como una grave violación a los derechos humanos, dado que la persona gestante no es reconocida como sujeto de derechos. Se socava así su autonomía y la soberanía sobre su cuerpo y sus procesos sexuales y reproductivos y, se atenta en las decisiones en torno al bienestar de sus bebés. 

Las conclusiones de este primer sondeo explican que “los datos alcanzaron para tener un panorama general de la realidad provincial en cuanto a este tipo de violencia”. En este caso, el objetivo se cumplió con respecto a situaciones puntuales que deben ser un llamado de atención para las autoridades pertinentes en cuanto al ejercicio de la violencia obstétrica o la violencia institucional. 

Se advirtió del entrecruzamiento de datos, tal vez, desconocimiento o naturalización de la violencia. Así, personas que respondieron que su experiencia fue muy buena, habían señalado previamente no haber sido informadas, haber sufrido maltrato verbal o confirmado que le realizaron prácticas no aconsejadas por la Organización mundial de la Salud.

En este contexto, se individualizaron altos porcentajes de reconocimiento de prácticas que incumplen con Ley de Derechos del Paciente, sobre todo en lo referido a la falta de información y no respeto a la intimidad. También en aspectos relacionados a las prácticas médicas que se realizan y no son informadas y aconsejadas para todos los casos. 

Tanto la amniotomía (rotura artificial del saco amniótico), como la episiotomía, la introducción de oxitocita, la Maniobra de Kristeller están desaconsejadas y argumentadas de por qué o cuándo deben hacerse por el órgano de salud mundial. Sin embargo, el mayor porcentaje de encuestadas admitió que le realizaron alguna de éstas prácticas incluso después de que se sancionara la Ley de Parto Humanizado y  sin consultarle o informarle sobre lo que sucedería a su cuerpo.

Por último, se determinó un número un 40 por ciento por encima del establecido también por OMS, de cesáreas programadas.