Tras la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas y ante las demandas de mayor estabilidad y consensos por parte de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno nacional se prepara para un tramo decisivo: la negociación del Presupuesto 2026 durante las sesiones extraordinarias del Congreso. Ese debate será el primer test político del nuevo vínculo que la Casa Rosada intenta reconstruir con los gobernadores.
Aunque la administración nacional designó a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior para encabezar el diálogo con las provincias, las principales demandas de los mandatarios subnacionales permanecen casi intactas desde que el proyecto ingresó en septiembre a la Cámara de Diputados. Algunas de ellas comenzaron a destrabarse en las últimas semanas por intervención directa del ministro de Economía, Luis Caputo.
El titular del Palacio de Hacienda busca profundizar su rol político dentro del gabinete y lo dejó en claro al participar de una reunión estratégica en Casa Rosada, junto con Santilli, la secretaria General Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí se definió la hoja de ruta parlamentaria con la consigna de "evaluar la estrategia legislativa" frente a un escenario donde cada voto cuenta.
Sin embargo, en Economía no abundan los incentivos para aceptar todos los reclamos. La prioridad del Gobierno será escuchar a las provincias con representación propia en el Congreso —Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca, Río Negro y Neuquén— cuyos legisladores pueden inclinar la balanza en ambas cámaras.
En los primeros días de gestión, Santilli recibió un documento consolidado con los siete pedidos principales de los gobernadores respecto al Presupuesto 2026. Ese listado constituye la hoja de reclamos que hoy ordena el delicado proceso de negociación.
Los pedidos de los gobernadores
El punto central es la autorización para que las provincias puedan tomar créditos internacionales con aval del Tesoro nacional. Según los mandatarios, este requisito no representa costos adicionales para la administración central y permitiría destrabar financiamiento clave, especialmente en infraestructura.
Pero el capítulo más complejo es el de las cajas previsionales. El proyecto prevé una transferencia de $122.762.664.874 por parte de la ANSES, aunque incorpora una condición: sólo podrán acceder las provincias con déficit previsional reconocido mediante un acuerdo válido desde 2021 en adelante. Las jurisdicciones consideran que el monto es insuficiente y reclaman flexibilizar los requisitos para recibir anticipos.
Otro eje de conflicto se concentra en el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. El Presupuesto propone revertir la ampliación del régimen de zonas frías, introducido en 2021, lo que dejaría sin descuentos a más de tres millones de hogares de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Para los gobernadores, ese retroceso afectaría a amplios sectores de ingresos medios y bajos.
A ello se suman planteos por la reactivación de la obra pública, la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles. Aunque el Congreso aprobó una ley sobre estos puntos, el presidente Javier Milei decidió vetarla. Las provincias insisten en que esos fondos deberían revisarse, especialmente ante la iniciativa del ministro Caputo de modificar Ganancias mediante un incremento en las deducciones.
En cuanto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los mandatarios reclaman que el 1,9% de la recaudación nacional que retiene el organismo se distribuya entre las provincias. Ese porcentaje, utilizado para financiar una estructura que ya registra superávit, es uno de los focos más sensibles en la negociación.
Los puntos que ya se destrabaron
Aunque la Casa Rosada afirma que las concesiones se definirán exclusivamente en Economía, ya hubo algunas señales de apertura. Una de ellas fue el acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de coparticipación. La semana pasada, Jorge Macri mantuvo una reunión con Caputo y, según ambas partes, el resultado fue "positivo". La Ciudad exige que la Nación normalice los pagos, salde los atrasos e incluya en el Presupuesto 2026 la deuda acumulada: $274.000 millones correspondientes al 1,55% que la Corte Suprema ordenó transferir semanalmente desde agosto.
Otro gesto ocurrió con la baja de retenciones al petróleo, tras un encuentro entre Caputo y el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres. Allí se firmó un acta para modificar el esquema de derechos de exportación del crudo convencional, un reclamo central para las provincias petroleras.
Con una negociación que se anticipa extensa y con márgenes estrechos, el Gobierno deberá equilibrar sus metas fiscales con la necesidad de sumar apoyos en el Congreso. El Presupuesto 2026 será la primera gran prueba de ese delicado equilibrio político.
