El Congreso Nacional inicia una semana decisiva en el marco del período de sesiones extraordinarias, con el foco puesto en el tratamiento del Presupuesto 2026 y una serie de reformas económicas y estructurales que el oficialismo busca sancionar antes del cierre del año parlamentario. La agenda legislativa, vigente hasta el 30 de diciembre —con la salvedad del feriado del 25—, se concentra en iniciativas impulsadas por La Libertad Avanza (LLA) que tienen como denominador común el sostenimiento del objetivo de "déficit cero".
En este contexto, el Senado se prepara para retomar el debate del proyecto de ley de Presupuesto 2026, luego de su paso por la Cámara de Diputados. El oficialismo pretende avanzar sin dilaciones y lograr la promulgación de la norma antes de fin de año, en línea con la estrategia económica del Gobierno nacional y con el compromiso asumido ante los mercados y organismos internacionales.
Uno de los debates más relevantes de la semana tendrá lugar el próximo viernes 26, cuando está previsto el tratamiento de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que acompaña al Presupuesto 2026 y que ya cuenta con media sanción de la Cámara baja. El proyecto constituye una de las piezas centrales del esquema tributario propuesto por el Ejecutivo.
La Ley de Inocencia Fiscal introduce modificaciones sustanciales en el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), en la Ley de Procedimientos Fiscales (11.683) y en el Código Civil y Comercial de la Nación. Además, incorpora un Régimen de Declaración Jurada Simplificada y crea un nuevo "Régimen Simplificado de Ganancias". Según el planteo oficial, los contribuyentes que adhieran a este sistema quedarán "blindados para siempre", una definición que generó debate tanto en la oposición como entre especialistas en materia fiscal.
En paralelo, y con el acompañamiento de los bloques dialoguistas, La Libertad Avanza busca mantener en agenda un paquete más amplio de reformas estructurales. Entre ellas se encuentra el Proyecto de Modernización Laboral, cuyo tratamiento fue postergado para el próximo año, y las modificaciones al Código Penal, que por el momento no tienen una fecha definida para su discusión en el recinto.
La decisión de diferir el debate de la reforma laboral fue comunicada por la presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, al abrir la reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. Allí confirmó que ya existe un dictamen de mayoría, pero aclaró que el oficialismo optó por trasladar su discusión al inicio del período legislativo de 2026, con una fecha prevista para el 10 de febrero.
Otro de los proyectos de alto impacto incluidos en la agenda parlamentaria es la modificación de la Ley de Glaciares. La iniciativa despierta especial interés tanto en el Gobierno nacional como en las provincias con actividad minera, ya que propone flexibilizar ciertos criterios de protección ambiental con el objetivo de incentivar inversiones en el sector. El debate genera fuertes tensiones entre los defensores del desarrollo minero y los sectores ambientalistas, que advierten sobre los riesgos ecológicos de avanzar en esa dirección.
En ese sentido, Bullrich anunció que el Gobierno convocará a un nuevo período de sesiones extraordinarias entre el 1 y el 27 de febrero. En esa instancia, el oficialismo buscará avanzar tanto con la aprobación definitiva de la Modernización Laboral en el Senado como con la sanción de la Ley de Glaciares, consolidando así dos de los pilares del programa económico y productivo de la administración de Javier Milei.
Con un escenario legislativo fragmentado y negociaciones abiertas con los bloques provinciales y dialoguistas, el oficialismo enfrenta una semana clave para definir el rumbo del Presupuesto 2026 y el alcance de las reformas que pretende impulsar. El resultado de estos debates marcará el pulso político y económico del inicio del próximo año.