La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes los recursos extraordinarios presentados por Máximo y Florencia Kirchner y por las sociedades Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., mediante los cuales buscaban llevar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una serie de planteos vinculados con la ejecución del decomiso dispuesto en la causa Vialidad.
La resolución fue adoptada por unanimidad por la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Los magistrados consideraron que las presentaciones no reunían las condiciones procesales necesarias para habilitar la intervención del máximo tribunal del país.
Los planteos tenían dos objetivos centrales. Por un lado, los hijos de la expresidenta habían solicitado que se suspendiera el trámite de ejecución del decomiso y las medidas cautelares hasta que la Corte Suprema resolviera una queja pendiente. Por otro, las sociedades Hotesur y Los Sauces reclamaban ser reconocidas como parte en el expediente para poder ejercer su defensa respecto de los bienes alcanzados por las medidas judiciales.
Según el fallo, al que tuvo acceso Infobae, los recursos extraordinarios "no pueden hallar viabilidad formal, por cuanto no se dirigen contra una sentencia definitiva o equiparable a tal ni demuestran la existencia de una cuestión federal debidamente fundada".
El contexto: la condena y el decomiso por $684.990 millones
La controversia se inscribe en el proceso de ejecución patrimonial de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, quien recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El fallo quedó firme el 10 de junio de 2025 y su ejecución está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2, que lleva adelante el procedimiento de decomiso. El monto de esa medida fue actualizado a $684.990 millones, cifra que constituye el marco económico de las actuaciones judiciales cuestionadas por los recurrentes.
En ese escenario, Máximo y Florencia Kirchner solicitaron detener el trámite de ejecución y las medidas cautelares hasta que la Corte Suprema resolviera una queja pendiente contra el decomiso. Su planteo apuntaba a evitar que el procedimiento continuara mientras permanecía sin resolución esa presentación ante el máximo tribunal.
En paralelo, Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. reclamaron intervenir formalmente en el expediente. El pedido de ambas sociedades estaba relacionado con los trece inmuebles sobre los que se habían dispuesto embargos el 11 de agosto, y con la posibilidad de participar en las actuaciones para ejercer su defensa.
El recorrido de los planteos antes de llegar a Casación
Los pedidos de los hijos de la expresidenta y de las sociedades fueron tratados inicialmente por el Tribunal Oral Federal N° 2. El 26 de agosto, ese tribunal decidió diferir el tratamiento de las solicitudes. Posteriormente, rechazó los recursos de reposición presentados por los interesados contra esa decisión.
Frente a esa respuesta, los planteos fueron recurridos ante la Cámara Federal de Casación Penal. El 8 de octubre, la Sala IV declaró inadmisibles las impugnaciones al considerar que no estaban dirigidas contra una sentencia definitiva.
En aquella oportunidad, los camaristas sostuvieron que las cuestiones planteadas podían volver a formularse en la oportunidad procesal correspondiente. De ese modo, entendieron que la decisión cuestionada no reunía las condiciones necesarias para habilitar una revisión extraordinaria.
Tras ese rechazo, Máximo y Florencia Kirchner, junto con las sociedades Hotesur y Los Sauces, presentaron recursos extraordinarios federales. En sus escritos argumentaron que la resolución era arbitraria y que vulneraba distintas garantías constitucionales: defensa en juicio, igualdad ante la ley y propiedad.
Los hijos de la expresidenta también solicitaron que la Corte Suprema dictara una medida cautelar para suspender la ejecución del decomiso sobre sus bienes. La intención era que el procedimiento quedara detenido hasta que el máximo tribunal resolviera la queja pendiente relacionada con esa medida patrimonial.
Los fundamentos de los jueces
En su nuevo pronunciamiento, los integrantes de la Sala IV analizaron los argumentos presentados y concluyeron que los recurrentes no habían demostrado que la decisión cuestionada pusiera fin al proceso ni que les ocasionara un perjuicio irreparable que justificara equipararla a una sentencia definitiva.
Para los camaristas, la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema exige el cumplimiento de determinados requisitos formales y sustanciales. En este caso, entendieron que las presentaciones no acreditaban las condiciones necesarias para habilitar esa instancia extraordinaria.
También señalaron que la sola invocación de garantías constitucionales no resultaba suficiente para obtener la revisión pretendida. Según explicaron, los recurrentes no habían conseguido "demostrar una relación directa e inmediata entre la materia del pleito y las cuestiones federales invocadas".
Otro de los argumentos examinados fue el planteo de arbitrariedad. Sobre ese punto, los jueces consideraron que la resolución anterior "constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa". En consecuencia, entendieron que la decisión contaba con fundamentos suficientes para sostener su validez.
La Sala IV también descartó que se hubiera acreditado una situación de gravedad institucional que justificara habilitar la instancia extraordinaria. Los magistrados señalaron que quien invoca esa circunstancia debe asumir "una particular carga de justificación", obligación que, según el fallo, los recurrentes no habían satisfecho.
El dictamen fiscal y la decisión unánime de la Sala IV
La resolución de los camaristas coincidió con el dictamen del fiscal general ante Casación, Mario Villar. En línea con ese pronunciamiento, los jueces declararon inadmisibles los recursos extraordinarios federales presentados por Máximo y Florencia Kirchner y por las sociedades Hotesur y Los Sauces.
La decisión fue adoptada por unanimidad y dispuso, además, la imposición de costas.
Con este nuevo rechazo, permanece vigente la decisión que había desestimado las impugnaciones relacionadas con los pedidos de suspensión del decomiso y con la pretensión de las dos sociedades de intervenir en el expediente. Por lo tanto, la resolución de Casación no habilita la revisión extraordinaria solicitada por los recurrentes y mantiene el escenario procesal establecido en las instancias anteriores.
La posibilidad de acudir directamente a la Corte Suprema
Pese a la inadmisibilidad de los recursos extraordinarios, los apelantes todavía cuentan con una vía para intentar que la Corte Suprema revise lo resuelto por Casación: pueden acudir directamente en queja ante el máximo tribunal.
Esa posibilidad mantiene abierta la discusión judicial sobre la denegatoria de los recursos, aunque no modifica el efecto inmediato de la resolución conocida este viernes. Por el momento, continúan vigentes los rechazos a los pedidos de suspensión del procedimiento de decomiso y de intervención de Hotesur y Los Sauces.
El pronunciamiento de la Sala IV se produce en el marco de la ejecución patrimonial de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, cuyo decomiso fue actualizado a $684.990 millones y está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2. La decisión de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña dejó sin habilitación los recursos extraordinarios presentados por los hijos de la expresidenta y las sociedades, aunque los interesados aún pueden intentar llevar la controversia ante la Corte Suprema mediante una presentación directa en queja.