El escenario político argentino se traslada este jueves al Congreso de la Nación, donde el oficialismo enfrenta una de sus pruebas de fuego más determinantes. En el marco de una sesión que se prevé maratónica —con una duración estimada de más de 15 horas—, la Cámara de Diputados debatirá la reforma laboral. Este tratamiento se produce tras el triunfo obtenido en el Senado, pero bajo un clima de extrema efervescencia debido a las modificaciones de último minuto y un contexto social marcado por un paro general de 24 horas.
A pesar de las horas de incertidumbre y zozobra por los números ajustados para el quórum, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados lograron convocar formalmente al debate para las 14:00. La llave para destrabar las voluntades necesarias fue la decisión del oficialismo de ceder en puntos críticos del articulado.
Gabriel Bornoroni, jefe del bloque oficialista en la Cámara Baja, confirmó cambios sustanciales para asegurar el éxito de la votación:
Eliminación del Artículo 44: Se suprimió el apartado referido a las licencias médicas, el cual establecía que las empresas podían reducir hasta el 50% del salario de los trabajadores en caso de ausentismo por enfermedad. Esta medida era un reclamo firme del PRO y de varios gobernadores.
Ratificación del FAL: A diferencia de las licencias, fuentes de la cúpula libertaria aseguraron que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) no sufrirá modificaciones. "El FAL no se toca", sentenciaron desde la mesa política nacional.
El despliegue oficialista incluyó al ministro del Interior, Diego Santilli, quien operó desde temprano en el Congreso recolectando apoyos. Se espera que durante la sesión se sumen el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, para supervisar el avance del debate.
Ausencias de peso y el camino a la Ley
La sesión cuenta con ausencias notables en las filas del Gobierno. El presidente Javier Milei se encuentra en Estados Unidos para la cumbre inaugural del Board of Peace (Junta de la Paz), acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Por otro lado, Patricia Bullrich, jefa del oficialismo en el Senado, permanece en su Cámara trabajando en el régimen penal juvenil y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea. La estrategia de Bullrich es recibir la reforma laboral inmediatamente después de su votación en Diputados para dictaminar el viernes y convertirla en ley la próxima semana, antes del fin de las sesiones extraordinarias.
El frente sindical
Mientras el Congreso delibera, la Confederación General del Trabajo (CGT) hace sentir su peso con una medida de fuerza que ha paralizado servicios vitales: bancos, recolección de residuos, trenes, subtes y personal aeronáutico.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se sumó al cese de actividades en defensa de los derechos laborales que consideran cercenados. Esta adhesión se da pese a la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. Desde el Gobierno ya advirtieron que, de no cumplir con la conciliación, el gremio podría enfrentar la pérdida de su personería, situación similar a la que atraviesan los ferroviarios de La Fraternidad. Las cámaras empresarias del transporte expresaron su preocupación por posibles multas, alegando que las unidades están listas pero no cuentan con conductores.
El Caso FATE
La tensión sumó un componente empresarial con el anuncio del cierre definitivo de la histórica planta de neumáticos FATE y el despido de más de 200 empleados. El presidente Milei sugirió a través de sus redes sociales una intencionalidad política en el anuncio: "¿Conspiranoico yo? Fin", escribió, aludiendo a Javier Madanes Quintanilla.
Desde el Poder Ejecutivo señalan que la firma arrastraba un plan preventivo de crisis desde 2019, pero cuestionan la oportunidad del cierre justo en medio del debate legislativo. Algunos referentes libertarios vinculan la decisión de Madanes Quintanilla al hecho de que su otra empresa, Aluar, no fue incluida en el reciente acuerdo comercial con Estados Unidos.
