En un movimiento táctico diseñado para asegurar la estabilidad de su agenda legislativa, el Gobierno nacional ha confirmado el cierre de un pacto con un bloque de más de 40 senadores para introducir modificaciones técnicas en el proyecto de reforma laboral. Este consenso estratégico busca blindar la iniciativa de cara a su tratamiento en la Cámara Alta, permitiendo que el Ejecutivo avance sin comprometer el espíritu central de la norma. Según aseguran en Balcarce 50, los cambios son de carácter jurídico y no alteran los ejes que motivaron el proyecto.

A pesar del avance en el Senado, el conflicto con las provincias por el impacto en la recaudación sigue siendo el principal escollo. Los gobernadores mantienen sus reclamos por la coparticipación y el Impuesto a las Ganancias, advirtiendo sobre el agujero fiscal que la reforma podría generar a partir de 2027.

Ante esta presión, la administración central ha adoptado una postura pragmática: "Si no les damos algo, esa parte del articulado no sale", confiesan desde la Casa Rosada. Por ello, el ministro del Interior, Diego Santilli, lidera una ronda de negociaciones con mandatarios dialoguistas para ofrecer un esquema de compensaciones paralelas. Un ejemplo de este "blindaje" político es el reciente adelanto de $3000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) otorgado a Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes.

El núcleo de la reforma: lo que no se negocia

Bajo estricta reserva, el oficialismo ha dejado claro que la primera parte del proyecto no sufrirá alteraciones. En este bloque se encuentran los puntos neurálgicos de la nueva normativa:

• Relación de dependencia: Nueva definición de la relación laboral y presunción de dependencia.
• Contrataciones: Regulación de modalidades por tiempo parcial, plazo fijo, eventual y trabajo por equipo.
• Jornada Laboral: Facultades del empleador para organizar la prestación y el nuevo banco de horas.
• Indemnizaciones: Redefinición del esquema indemnizatorio por despido, estableciendo nuevos topes y bases de cálculo.

Por el contrario, la segunda parte del articulado, que abarca la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y los regímenes de actualización de créditos laborales para evitar la litigiosidad judicial, es donde el Gobierno ha aceptado realizar retoques formales para sumar voluntades.

 

El oficialismo busca establecer acuerdos "creíbles" que trasciendan la coyuntura actual, proyectando un esquema de retribuciones para las provincias que se extienda durante todo 2026. Esta estrategia pretende allanar el camino no solo para la reforma laboral, cuya media sanción se busca para el 11 de febrero, sino también para la futura reforma tributaria y la baja de Ganancias para sociedades.

Mientras el Gobierno confía en que cualquier cambio en la Cámara de Diputados podrá ser revertido por la mayoría lograda en el Senado, los gobernadores no ceden terreno. Esta semana, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) será sede de una cumbre clave donde los mandatarios provinciales analizarán exclusivamente la recaudación y el impacto de las nuevas medidas en sus presupuestos locales.