Las Juntas, Ambato, se convirtió ayer en el epicentro de la lucha por la protección del agua. En la primera Asamblea de Ríos Vivos, habitantes y personas de diferentes departamentos se unieron para alzar su voz contra Mekorot, una empresa nacional israelí que causa alarma a nivel global por su gestión del agua en Israel.

La asamblea contó con la participación activa de los catamarqueños que ven con preocupación el avance de esta multinacional. Durante su desarrollo se concientizó sobre la importancia del agua y los peligros que enfrenta ante la presencia de la empresa que ahora busca controlarla.

El enfoque principal fue abordar la situación actual en los distintos territorios, compartir las experiencias de los pobladores que se oponen a la amenaza de Mekorot. Se destacó que, aunque muchas personas no están de acuerdo con las políticas de la empresa, temen las represalias y la pérdida de empleo que podrían enfrentar debido a la dependencia de la municipalidad, que en su mayoría es su fuente de trabajo.

En contraste con la asamblea ciudadana, la municipalidad organizó su propia reunión donde las preguntas de los asistentes debían ser presentadas por escrito y eran filtradas por las autoridades antes de ser respondidas, lo que generó dudas sobre la transparencia y la posibilidad de un debate abierto.

Uno de los hechos más polémicos fue la aprobación del proyecto Dique la Herradura en Las Juntas. A pesar de que se anunció como un consenso social, muchos pobladores argumentan que no se les consultó adecuadamente. Las voces disidentes, como las de las artesanas que se oponen al proyecto, a menudo enfrentan discriminación al ser excluidas de eventos y ferias.

La construcción del dique se presenta como una forma de aumentar el suministro de agua en la región. Sin embargo, los pobladores más antiguos expresan su oposición debido a las consecuencias ecológicas que podrían surgir. El cambio en el curso del agua alteraría la vida de los pequeños agricultores que dependen de riegos específicos. Además, se teme que la biodiversidad sea afectada y que se intensifiquen los riesgos climáticos en un contexto de calentamiento global.

Mekorot, la empresa en el centro de esta controversia, es la entidad nacional de agua de Israel que suministra el 80% del agua en el país. Sin embargo, su control se establece a expensas de la ocupación ilegal de los territorios palestinos, lo que ha llevado a acusaciones de restricción de suministro de agua al pueblo palestino. Mekorot ya fue denunciada por diversas organizaciones, incluida la ONU, por sus prácticas y la mercantilización del agua.

El problema se agrava en Argentina, donde Mekorot firmó acuerdos con varias provincias, incluidas Catamarca, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santa Cruz. Estos convenios fueron liderados por el ministro del Interior, Wado de Pedro, y respaldados por gobernadores de diferentes partidos políticos.

El Plan Maestro del sector hídrico, presentado como un remedio para la sequía y la crisis hídrica, es objeto de críticas por parte de quienes conocen los antecedentes de la empresa. Se denuncia que otorgar el control del agua a Mekorot implica ceder uno de los recursos más estratégicos a una empresa acusada de restringir el acceso al agua en otros territorios. El temor es que esto conduzca a una mayor privatización y mercantilización del recurso.

En este contexto, tanto a nivel local como nacional, organizaciones como el MST en el FIT-U y la Red Ecosocialista apuntaron contra la empresa y denunciaron sus prácticas.

El origen de Mekorot y su impacto

La historia de Mekorot, la compañía nacional de agua de Israel, tiene sus raíces en la fundación del Estado de Israel en 1948. Creada en 1937 como una pequeña entidad encargada del suministro de agua a unas pocas comunidades judías, Mekorot experimentó un crecimiento exponencial tras la creación del Estado de Israel. Su papel se expandió para incluir la administración y control del suministro de agua en todo el país, pero también en los territorios palestinos ocupados ilegalmente desde 1967.

Si bien su eslogan "Vivimos agua. Suministramos agua." parece inofensivo, la realidad es mucho más compleja. A medida que Israel avanzaba en su ocupación de los territorios palestinos, Mekorot se convirtió en una herramienta para controlar y limitar el acceso de los palestinos al agua, una estrategia que ha sido ampliamente denunciada por organizaciones internacionales de derechos humanos.
Este modelo de gestión de recursos hídricos se exportó a otros países, como el nuestro, a través de acuerdos de asesoramiento y cooperación. Mekorot ofrece su experiencia en planificación hídrica, pero también lleva consigo antecedentes que plantean dudas sobre la verdadera intención detrás de sus acciones.

Expansión global de Mekorot

El alcance de Mekorot no se limita a Israel y Argentina. La empresa extendió su influencia a nivel mundial, brindando asesoramiento y participando en proyectos en diversos países. Naciones como Australia, Azerbaiyán, Brasil, Bosnia, Canadá, Chipre, Grecia, India, Malta, México, Serbia, Corea del Sur, el Reino Unido y los Estados Unidos han recibido orientación y cooperación de Mekorot en el ámbito de la gestión hídrica.

Los derechos humanos en la gestión del agua

La cuestión del agua va más allá de su mera gestión y acceso, adentrándose en el terreno de los derechos humanos fundamentales. La situación en Argentina, marcada por los acuerdos con Mekorot y los conflictos en torno al agua, plantea interrogantes acerca de la garantía de estos derechos esenciales para la población.

Los informes emitidos por la ONU destacan la discriminación en el acceso al agua por parte de Mekorot en territorios palestinos ocupados. Las restricciones impuestas a la población palestina en la extracción y uso de agua contrastan con el consumo más elevado de los colonos israelíes en la misma región. Esta disparidad pone de manifiesto una violación a los principios de equidad y justicia que deben regir la gestión de un recurso vital.

En Argentina, la entrega de la administración del agua a una empresa extranjera despierta preocupaciones en torno a la protección de los derechos de la población. La mercantilización y privatización del agua, impulsadas por estos acuerdos, amenazan con relegar el acceso al recurso a una cuestión de privilegio en lugar de un derecho universal. Esto entra en conflicto directo con el enfoque de los derechos humanos, que establece que el acceso a agua segura y suficiente es esencial para una vida digna.