El oficialismo en el Senado no logró reunir las firmas necesarias para emitir dictamen sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), conocido como "súper-RIGI", y decidió postergar por una semana más la definición del proyecto. La situación se produjo luego de que los bloques aliados plantearan nuevas modificaciones a la iniciativa impulsada por el Gobierno, que ya cuenta con aprobación de la Cámara de Diputados.

El debate se desarrolló este miércoles en un plenario de comisiones de la Cámara alta y se extendió por poco más de una hora. Sin embargo, la falta de un acuerdo definitivo obligó a La Libertad Avanza a disponer un cuarto intermedio hasta la semana próxima, mientras continúan las negociaciones con los sectores dialoguistas para intentar habilitar el tratamiento de la iniciativa en el recinto.

A último momento, los aliados del PRO, la UCR y el peronismo federal buscaron incorporar más cambios al proyecto, lo que volvió a demorar el avance parlamentario de una iniciativa que el oficialismo pretende llevar al recinto durante septiembre.

Un dictamen que deberá esperar

La propuesta del Gobierno se encuentra bajo análisis de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General del Senado.

El plenario sesionó este jueves desde las 13 hasta las 14.30, cuando el senador libertario Agustín Monteverde anunció un cuarto intermedio. La decisión confirmó que el oficialismo todavía no había conseguido el respaldo suficiente para cerrar el dictamen y avanzar hacia una sesión.

"El dictamen aún está circulando, no tiene todavía todas las firmas", afirmó el senador del PRO Martín Goerling Lara, en diálogo con SenadoTV.

La Libertad Avanza busca acelerar una sesión durante septiembre, aunque para lograrlo deberá continuar negociando modificaciones con los sectores de la oposición considerados dialoguistas. Los reclamos de los aliados volvieron a poner en discusión aspectos centrales de la iniciativa, especialmente aquellos relacionados con la participación de proveedores nacionales y el impacto energético de los grandes proyectos de inversión.

Los cambios reclamados por los aliados

Entre las modificaciones que el Gobierno aceptó incorporar, a pedido del PRO y la UCR, se encuentra la exigencia de que los proyectos de grandes inversiones vinculados con data centers cuenten con subestaciones eléctricas propias, además de establecer un piso para la participación de proveedores locales.

Luego de la reunión de comisión de este miércoles, también se conocieron otras modificaciones planteadas. Entre ellas figuraron:

• Un requisito adicional para la obligación de compra de insumos a proveedores locales.
• Un piso más alto para los bienes transables de desarrolladores locales.
• La exigencia de condiciones específicas para los proyectos con un consumo extremadamente elevado de energía.

El proyecto que había sido aprobado por Diputados ya había incorporado, por propuesta de la bancada del MID de Oscar Zago y Eduardo Falcone, un programa destinado al desarrollo de proveedores locales. La iniciativa establece que el 20% de la inversión deberá destinarse a contrataciones de bienes o servicios en el país.

Ahora, los senadores incorporaron una cláusula adicional para establecer que, dentro de las compras nacionales, solo sean aceptados los bienes transables.

El debate por la energía y los proveedores nacionales

Otro de los cambios en discusión contempla requisitos especiales para aquellos proyectos que demanden un uso extremadamente elevado de energía, como puede ocurrir con la instalación de centros de datos. En estos casos, cuando el nivel de consumo pueda impactar en el servicio energético del municipio o de la región donde se instale la empresa, los proyectos deberán contemplar su propio autoabastecimiento energético.

Además, desde el PRO, un sector del radicalismo y Provincias Unidas exigieron este mismo miércoles incorporar la obligación de compra de insumos a proveedores locales, incluso cuando el producto nacional resulte hasta un 15% más costoso que el importado.

También plantearon un 40% en bienes transables de desarrolladores locales, otro de los puntos que deberá ser objeto de negociación antes de que el oficialismo consiga cerrar el dictamen.

Las posiciones enfrentadas durante el debate

Durante el plenario de comisiones, el senador libertario Bartolomé Abdala defendió la necesidad de contar con un régimen destinado a captar grandes inversiones. "Estamos hablando de grandes inversiones que, sin este tipo de legislación, son difíciles de captar. A su vez, nos van a generar la posibilidad de tener grandes empresas que van a derramar en empresas satélites y van a lograr un círculo virtuoso", sostuvo durante el debate.

Desde el peronismo, en cambio, surgieron cuestionamientos al impacto del proyecto. El senador Jorge Capitanich puso el foco en el nivel de empleo previsto, la utilización de recursos naturales estratégicos y las condiciones ambientales e infraestructurales contempladas en la nueva redacción.

"El proyecto tiene muy bajo nivel de empleo y gran uso de recursos naturales de carácter estratégico, como reservas de agua dulce y energía. En la nueva redacción, nada se dice respecto a la certificación de las condiciones ambientales e infraestructura", cuestionó.

Qué establece el denominado súper-RIGI

La iniciativa contempla beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, además de garantías de estabilidad por alrededor de 30 años, para inversiones de al menos US$1.000 millones destinadas a industrias consideradas "del futuro" o que todavía no se encuentren desarrolladas en el país.

Entre los principales puntos del proyecto se encuentran:

• Reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%.
• Un régimen de amortización acelerada de las inversiones, con un 60% durante el primer año y un 20% en cada uno de los dos años siguientes.
• Certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales, con una alícuota única del 10%.
• Posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal.
• Una alícuota del 7% para los dividendos, que se reducirá al 3,5% luego de cuatro años de adhesión al régimen.
• Exención de derechos de importación.
• Eliminación de derechos de exportación.
• Supresión de restricciones y cupos para operar.

En materia de divisas, el proyecto establece una disponibilidad progresiva de los dólares provenientes de las exportaciones. A partir de los tres años, los inversores podrán disponer del 100% de esas divisas.

Una nueva negociación antes de llegar al recinto

La falta de dictamen obliga ahora al Gobierno a retomar las negociaciones con sus aliados para intentar acelerar el tratamiento parlamentario durante septiembre. La decisión de postergar la definición por una semana refleja que las modificaciones reclamadas por los bloques dialoguistas todavía deben ser acordadas para alcanzar el respaldo necesario.

El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero una vez que consiga el visto bueno del Senado y sea tratado en el recinto, deberá volver a Diputados para su sanción definitiva, debido a los cambios incorporados durante su recorrido parlamentario.

De esta manera, el denominado súper-RIGI permanece en una instancia de negociación. El oficialismo busca reunir las firmas que le permitan habilitar el debate en el recinto, mientras sus aliados mantienen los reclamos para introducir mayores exigencias en materia de proveedores locales, bienes transables y abastecimiento energético de los proyectos de gran escala.