La Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, registró durante 2026 un fuerte incremento en el monto destinado a su Fondo Rotatorio, el mecanismo administrativo utilizado para afrontar gastos operativos de manejo flexible dentro de la Casa Rosada. Según Noticias Argentinas, el dato surge de la Resolución 35/2026, suscripta por la propia Karina Milei el 29 de enero y publicada en el Boletín Oficial el 2 de febrero, el Fondo Rotatorio de la Secretaría General quedó establecido en $1.135.112.226,90. Un año antes, ese mismo fondo había sido fijado en $471.581.570,04.
La diferencia representa un incremento cercano a los $664 millones, lo que implica que la caja de gastos se multiplicó por 2,4 en apenas doce meses, equivalente a un aumento aproximado del 141%. La misma resolución habilitó además gastos individuales de hasta $50 millones por operación y exceptuó de ese límite a tres categorías específicas:
- Servicios básicos.
- Todo lo relacionado con viajes presidenciales.
- Débitos derivados de embargos.
Se trata de una estructura de financiamiento reconocida oficialmente que supera los mil millones de pesos y desde la cual se atienden pagos, viáticos, servicios, bienes de consumo y otros gastos contemplados por el régimen de fondos rotatorios.
El pedido de información y la respuesta incompleta
La controversia surgió a partir de una solicitud de acceso a la información pública presentada ante la Secretaría General de la Presidencia. En respuesta al requerimiento, el organismo informó que, al 10 de junio de 2026, existían:
- 140 tarjetas recargables vigentes.
- Tres tarjetas corporativas de crédito.
- 62 usuarios activos de la plataforma Corporativa Nación.
Sin embargo, la respuesta oficial se limitó a identificar la existencia de esas tarjetas y a informar quiénes figuraban asociados a ellas.
El pedido original incluía además la entrega de información detallada sobre resúmenes mensuales, consumos realizados, comercios y proveedores involucrados, CUIT, rubros de gasto, montos, moneda utilizada, impuestos, responsables de cada erogación, finalidad declarada, comprobantes, facturas, tickets, vouchers, rendiciones, autorizaciones, expedientes GDE e imputaciones presupuestarias.
Nada de esa documentación fue entregada. De acuerdo con la información remitida, Presidencia informó quiénes poseen tarjetas, pero no indicó si registraron movimientos, cuánto dinero se utilizó, en qué comercios se realizaron consumos, cuál fue el destino de esos gastos ni mediante qué expedientes fueron rendidos.
Los nombres que aparecen en la nómina oficial
Entre los titulares identificados en la documentación oficial aparecen funcionarios de máxima relevancia dentro de la estructura del Gobierno. Karina Elizabeth Milei figura bajo la denominación "Secretaría General Privada" con una tarjeta corporativa recargable terminada en 8888, asociada a la cuenta raíz denominada "SEC GRAL PRES NACION".
La vicepresidenta Victoria Eugenia Villarruel aparece vinculada a dos tarjetas diferentes dentro del Fondo Rotatorio. Una de ellas figura bajo el subagrupador "Viáticos y Eventuales", terminada en 7961, mientras que la segunda aparece bajo el concepto "Anticipos", terminada en 7755.
También figura Eduardo "Lule" Menem, asociado a la Subsecretaría de Gestión Institucional mediante una tarjeta terminada en 8045. Además, aparece registrado como "Administrador Centro de Costo" de esa dependencia con el código de usuario 5122171. La nómina incluye igualmente a Santiago Oría, director de Realización Audiovisual, vinculado a una tarjeta terminada en 6086, y a Federico Nicolás Bustos, identificado con una tarjeta terminada en 9041 y perfil de administrador de centro de costo.
La documentación mantiene ocultos los números completos de las tarjetas por razones de seguridad, aunque expone terminaciones, áreas de pertenencia, subagrupadores y nombres asociados.
El núcleo del sistema: el Fondo Rotatorio
El apartado más sensible del esquema administrativo se encuentra precisamente dentro del Fondo Rotatorio, donde se concentran ocho tarjetas recargables y las tres únicas tarjetas corporativas de crédito informadas por Presidencia.
Entre las tarjetas recargables aparecen:
- María Elisa Del Malvar, terminación 2369, bajo "Facturas FR".
- Marcelo Nicolás Luque Mariño, terminación 0382, bajo "Facturas FR".
- Victoria Villarruel, terminación 7961, bajo "Viáticos y Eventuales".
- Gustavo Moccia, terminación 8084, bajo "Viáticos y Eventuales".
- Luciano Terrevazzi, terminación 5063, bajo "Anticipos".
- Victoria Villarruel, terminación 7755, bajo "Anticipos".
- Edgardo Segovia, terminación 6193.
- Matea Di Bella, terminación 5828, bajo "Bajas".
Las tres tarjetas corporativas de crédito vigentes corresponden a:
- María Elisa Del Malvar, terminación 5143.
- Marcelo Luque Mariño, terminación 6128.
- Gabriela Winnik, terminación 6011.
La coincidencia adquiere relevancia porque la Resolución 35/2026 designó a Gabriela Carla Winnik, titular de la Dirección General de Administración, como responsable del Fondo Rotatorio, mientras que Marcelo Nicolás Luque Mariño fue nombrado subresponsable.
Del Malvar, por su parte, aparece vinculada simultáneamente a una tarjeta de crédito, una tarjeta recargable del Fondo Rotatorio y dos registros como "Administrador Raíz" de la plataforma, el nivel de control más alto dentro del sistema.
La información que no fue entregada
El convenio con el Banco Nación por la Tarjeta Corporativa Nación Prepaga fue incorporado por Presidencia a la respuesta oficial. Según se desprende de ese esquema, los consumos deberían quedar registrados mediante resúmenes, comprobantes y expedientes GDE.
Sin embargo, no se entregaron resúmenes de cuenta, registros de movimientos, comprobantes de gastos ni documentación respaldatoria. Tampoco se brindó el detalle de la imputación presupuestaria solicitada. La respuesta se limitó a indicar de forma genérica que los gastos son imputados a partidas de la Secretaría General y remitió al portal Presupuesto Abierto, cuya información se presenta de manera agregada y no permite reconstruir consumos por tarjeta, titular o centro de costo.
El sumario administrativo que permanece cerrado
La Dirección de Sumarios reconoció además la existencia de una actuación administrativa relacionada con el uso indebido, irregular, personal, no autorizado o no justificado de tarjetas corporativas. Según la respuesta oficial, el 6 de abril se emitió el informe final previsto en el Reglamento de Investigaciones Administrativas, con propuesta de cierre de la actuación disciplinaria y declaración de inexistencia de perjuicio fiscal.
No obstante, el expediente completo no fue entregado.
Por esa razón, no se informó qué hechos concretos fueron investigados, qué tarjeta estaba involucrada, qué funcionario o dependencia apareció en la actuación, qué montos fueron analizados, si existieron reintegros, qué dictámenes se produjeron ni cuál fue la resolución final adoptada. La documentación oficial sostiene que no existió perjuicio fiscal, pero el expediente que permitiría verificar las circunstancias del caso permanece sin acceso público.
La pregunta que sigue abierta
La información entregada por Presidencia permitió conocer la existencia de las tarjetas corporativas, identificar a sus titulares y reconstruir parte de la estructura administrativa vinculada al Fondo Rotatorio.
Sin embargo, la documentación no incluyó los consumos, los comprobantes, las rendiciones ni los expedientes asociados a esos gastos.
En ese contexto, permanece abierta la pregunta planteada a partir de los propios documentos oficiales: si Presidencia reconoció la existencia de las tarjetas, si el Banco Nación dispone de herramientas para registrar consumos y comercios, si el sistema exige tickets y rendiciones mediante expedientes GDE y si el Fondo Rotatorio creció hasta superar los $1.135 millones, ¿por qué no se difundió el detalle de los gastos realizados?
La situación expone una paradoja señalada por la documentación oficial: mientras el Fondo Rotatorio de la Secretaría General pasó de $471 millones a más de $1.135 millones en un año, la información entregada sobre el funcionamiento de ese sistema se limitó a la nómina de tarjetas y dejó sin respuesta el detalle de los consumos efectuados.