La causa judicial que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito incorporó una nueva declaración testimonial que profundiza las sospechas sobre movimientos patrimoniales y operaciones económicas vinculadas al funcionario.
José Rodríguez, propietario de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, declaró este miércoles ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y aseguró que Adorni le pagó más de 21.000 dólares en efectivo por el alquiler de su propiedad mientras se desarrollaban obras de refacción en otra casa perteneciente al funcionario dentro del mismo predio, ubicado en Exaltación de la Cruz.
La declaración se incorporó al expediente en el marco de las medidas impulsadas por la Justicia para reconstruir los movimientos económicos vinculados al patrimonio declarado por el jefe de Gabinete y establecer si las operaciones realizadas guardan relación con sus ingresos formales.
Los contratos de alquiler revelados
Según el testimonio brindado por Rodríguez, las operaciones se desarrollaron a través de distintos acuerdos de alquiler celebrados durante los últimos meses. El primero de ellos fue un contrato temporal firmado en octubre de 2023. De acuerdo con la declaración judicial, ese alquiler fue pactado por un monto de 5.600 dólares en efectivo y estaba destinado a que Adorni utilizara la vivienda durante el verano de 2024.
El dato adquiere relevancia dentro de la investigación debido a que, para ese momento, Adorni ya ejercía funciones como vocero presidencial.
Posteriormente, Rodríguez aseguró que se concretó un segundo acuerdo por el alquiler principal de la vivienda. Según precisó ante el fiscal Pollicita, el funcionario abonó 13.000 dólares en efectivo para residir en la propiedad mientras se realizaban trabajos de remodelación en la casa que había adquirido dentro del country Indio Cuá. Esa vivienda, de acuerdo con la información incorporada al expediente, había sido comprada por Adorni por un valor de 120.000 dólares.
Las refacciones y el vínculo con el contratista
El expediente también contiene declaraciones vinculadas a las obras realizadas en el inmueble del funcionario. Según había declarado previamente el contratista Matías Tabar, las refacciones ejecutadas en la propiedad demandaron una inversión de 245.000 dólares.
Mientras esos trabajos se desarrollaban, Adorni permaneció alojado en la vivienda perteneciente a Rodríguez, ubicada a pocos metros de la obra. La investigación busca determinar la trazabilidad de los fondos utilizados tanto para la compra del inmueble como para las refacciones y los pagos vinculados a los alquileres.
Más pagos en efectivo
Durante su exposición ante la Justicia, Rodríguez también detalló que el acuerdo original debió extenderse debido a demoras en las obras que se realizaban en la propiedad de Adorni.
Según indicó, se concretó una extensión informal del alquiler por tres meses adicionales, período por el cual el funcionario pagó 2.400 dólares más en efectivo.
De esta manera, el monto total de las operaciones declaradas asciende a 21.000 dólares, suma que, según el testigo, fue entregada íntegramente mediante pagos en efectivo y con billetes en mano.
Entre los principales datos incorporados al expediente se encuentran:
- Primer contrato temporal: 5.600 dólares en efectivo.
- Alquiler principal: 13.000 dólares en efectivo.
- Extensión informal del alquiler: 2.400 dólares.
- Monto total declarado: 21.000 dólares.
- Valor de compra de la propiedad de Adorni: 120.000 dólares.
- Costo declarado de las refacciones: 245.000 dólares.
El análisis patrimonial de la DAFI
Las operaciones reveladas en la declaración de Rodríguez comenzaron ahora a ser analizadas por la Dirección de Asesoramiento Económico (DAFI) y por los investigadores judiciales que intervienen en la causa.
El objetivo es establecer si los pagos realizados por el funcionario, así como las inversiones vinculadas a la propiedad y a las obras ejecutadas, se corresponden con el patrimonio oficialmente declarado.
La utilización de dinero en efectivo aparece como uno de los elementos centrales bajo análisis en el expediente, especialmente por el volumen de las sumas mencionadas y por el contexto en que se produjeron las transacciones.