El Juzgado de Primera Instancia del Trabajo, de cuarta nominación interviene ahora en el conflicto de la fábrica Textilcom, luego que la semana pasada la Provincia emitiera sanciones sobre la empresa, tras haber fracasado la instancia de conciliación lanoral. Ahora, es la justicia la que ordena el embargo de los bienes de la fábrica y lo hace sobre un monto de $14.393.020, medida que lleva la firma de la jueza Silvina Andrea Fullana.

Según lo que conoce La Unión, esto es en concepto del capital reclamado, de los cuales el 30% refiere a la suma de $ 4.319.406 en que se calculan de intereses y costas provisorias. Según lo determinado, en el mismo acto se deberá proceder al secuestro de dichos bienes muebles de conformidad a lo dispuesto por el art. 221, 1er supuesto del C.P.C.C.- art. 140 del C.P.T.

La medida a ejecutarse en calle Echeverria Nº 651, sede la fábrica aún tomada por los trabajadores, se hará afectiva en las próximas horas y, según se menciona, dicho embargo se practicará aún cuando el deudor no estuviere presente.

De esta manera, la suerte de la firma de la que Carlos Vilariño es CEO habría llegado a su fin. Previamente, el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos ya había dado por cerradas las actuaciones en búsqueda de procurar el pago de lo adeudado a los trabajadores y por ello anunció que iniciará sumario. En tanto, también desde la Provincia, se anunció una nueva ayuda económica para los textiles damnificados.

Será un aporte mensual de $200.000 para cada trabajador, que se sumará de manera independiente al fondo de desempleo que percibirán a partir de finales de junio. Este apoyo económico busca mitigar el impacto del cierre de la fábrica en la comunidad trabajadora.