El caso involucra a un concejal de la localidad bonaerense de San Isidro por La Libertad Avanza, identificado como Alberto Montes, quien deberá abonar $12 millones a una empleada luego de un episodio de violencia de índole sexual que quedó registrado en una cámara de seguridad.
El hecho ocurrió a fines de 2023, cuando Montes todavía se desempeñaba como inspector, antes de asumir su banca como concejal ese mismo año. El escenario fue la base de la Dirección de Tránsito de Boulogne, donde se produjo la secuencia que luego sería clave en la investigación.
Según la descripción del episodio, el hombre ingresa a la oficina, se acerca a una compañera de trabajo y le da un cachetazo en la cola. La reacción inmediata de la mujer fue un pequeño golpe de rechazo hacia Montes, en respuesta directa a la agresión sufrida.
El hecho, además de su gravedad, quedó respaldado por un elemento central: el registro en video de una cámara de seguridad, pieza que se transformó en una prueba determinante en el desarrollo posterior del caso.
El acuerdo económico: $12 millones en cuotas
Tras la denuncia presentada por la trabajadora, el conflicto derivó en un acuerdo económico alcanzado durante el mes de mayo de este año. En ese entendimiento, las partes acordaron un pago total de $12 millones por parte del agresor.
El esquema de pago establecido fue el siguiente:
- $3 millones en un primer pago inicial
- Dos cuotas de $2 millones cada una
- Cinco cuotas de $1 millón cada una
Este mecanismo de compensación económica fue informado como parte del cierre civil del conflicto, aunque no implica el fin del proceso judicial en curso.
La causa penal sigue abierta: acusación por abuso sexual
A pesar del acuerdo económico, la situación judicial de Montes continúa activa. La causa penal permanece abierta y está caratulada como abuso sexual, lo que mantiene el expediente en etapa de tramitación.
Los abogados del concejal solicitaron su sobreseimiento, pero la Justicia rechazó dicha presentación. En consecuencia, el proceso sigue su curso hacia una instancia superior: un juicio oral, que podría realizarse hacia fines de este año, según se desprende del estado actual de la causa.
Este punto es clave, ya que el acuerdo económico no cerró el expediente penal, que continúa avanzando de manera independiente.
Repercusiones políticas: intentos de remoción y tensiones internas
El caso también generó impacto en el plano político local. El bloque de Fuerza Patria impulsa la remoción del concejal de su cargo, aunque hasta el momento no cuenta con los votos necesarios para avanzar con esa iniciativa.
En ese contexto, la concejala Estefanía Rivadulla, del Frente Renovador, expresó una postura contundente sobre la responsabilidad institucional frente a denuncias de este tipo:
"Cuando una mujer denuncia haber sido víctima de abuso, de violencia, el Estado, el Intendente, no puede mirar para otro lado, y nosotros, como representantes del pueblo, tampoco. No podemos pedirles a las vecinas de San Isidro que confíen en las instituciones si se protegen entre sí"
Sus declaraciones reflejan la tensión política generada en torno al caso y la discusión sobre el rol de las instituciones ante denuncias de violencia.
El foco en los ingresos del concejal y la deuda pendiente
En paralelo, algunos referentes de la oposición pusieron la atención en la capacidad económica del concejal para afrontar el acuerdo de pago establecido con la víctima.
Se señaló que la dieta mensual que percibe Montes es de aproximadamente $2 millones, y que, por normativa vigente, no puede realizar otras actividades laborales en paralelo al ejercer como funcionario público.
Este dato introduce un elemento adicional al debate público: la viabilidad del esquema de pago acordado frente a los ingresos declarados del funcionario.
Un caso abierto entre lo judicial, lo económico y lo político
El episodio ocurrido en la base de la Dirección de Tránsito de Boulogne a fines de 2023 no solo derivó en un acuerdo económico de $12 millones, sino que también mantiene en curso una causa penal por abuso sexual, con posibilidad de juicio oral hacia fin de año.
A su vez, el caso continúa generando consecuencias políticas dentro del ámbito de San Isidro, donde sectores de la oposición buscan avanzar con la remoción del concejal, mientras otros actores remarcan la necesidad de respuestas institucionales frente a la denuncia.
En ese cruce entre justicia, política y responsabilidad pública, el caso de Alberto Montes sigue abierto y en evolución, con múltiples frentes aún sin resolución definitiva.
