Los puertos de todo el país continúan paralizados como consecuencia de una medida de fuerza iniciada tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, impulsado por el Gobierno nacional con el objetivo de desregular el servicio de practicaje. La protesta, que comenzó el sábado 1° de agosto, mantiene interrumpida una actividad considerada estratégica para el funcionamiento del sistema portuario argentino y afecta tanto la operatoria comercial como la logística marítima y fluvial.

La medida consiste en un lock-out llevado adelante por prácticos, pilotos y baqueanos, quienes suspendieron la prestación de sus servicios en rechazo a la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo. La protesta alcanza una dimensión nacional, extendiéndose desde los puertos del extremo sur en Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los principales corredores de navegación del país.

El impacto resulta especialmente significativo en el Río de la Plata y el río Paraná, vías por las que circula aproximadamente el 80% de las exportaciones e importaciones de la Argentina. Como consecuencia directa de la medida, decenas de embarcaciones permanecen sin actividad en las terminales portuarias del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes, reflejando el alcance operativo del conflicto.

El Decreto 690/2026 y la propuesta de desregulación

El origen de la controversia se encuentra en la implementación del Decreto 690/2026, promovido por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Según lo establecido por la iniciativa oficial, la reforma apunta a modificar el funcionamiento del servicio de practicaje mediante una serie de cambios orientados a flexibilizar el sistema.

Entre los principales objetivos del decreto se destacan:

• Eliminar las "barreras de entrada" al sector.
• Reducir los costos operativos vinculados a la actividad.
• Permitir la contratación directa de los servicios.
• Habilitar a capitanes con experiencia para navegar sin la obligación de disponer de contratos de prácticos.

La implementación de estas modificaciones constituye el eje central del conflicto que enfrenta al Gobierno con los profesionales responsables del practicaje y la navegación asistida.

La respuesta de los profesionales y el camino judicial

Desde la posición opuesta, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante expresó un rechazo categórico a la reforma.

La entidad calificó el decreto como "abusivo e inconstitucional" y anunció que impulsará distintas acciones legales contra su implementación. Entre las medidas previstas figuran:

• La presentación de una Acción de Amparo ante la Justicia Federal.
• La radicación de una denuncia penal contra los funcionarios firmantes del decreto.

La organización sostiene que la desregulación establecida por la nueva normativa pone en riesgo directo la seguridad náutica de los ríos, argumento que constituye el fundamento central de su rechazo y de las acciones judiciales anunciadas.

La intervención de la Prefectura Naval Argentina

Frente al escenario de desabastecimiento operativo y a las crecientes complicaciones logísticas derivadas de la paralización, la Prefectura Naval Argentina intervino con el propósito de restablecer la prestación del servicio.

El organismo envió cédulas de "intimación perentoria" a los profesionales involucrados en la medida de fuerza, requiriéndoles que reanuden sus tareas bajo apercibimiento de ley.

La decisión oficial se fundamenta en que el practicaje reviste la condición de servicio público esencial, criterio invocado por la autoridad para exigir la normalización de la actividad y reducir el impacto que la interrupción genera sobre el sistema portuario nacional.

La intervención de la Prefectura representa una respuesta institucional frente a un conflicto que continúa afectando el movimiento de embarcaciones y la operatoria de los principales puertos del país.

Una medida que continúa, aunque con excepciones estratégicas

Pese a las advertencias formuladas por las autoridades nacionales, los prácticos, pilotos y baqueanos resolvieron ratificar la medida de fuerza, manteniendo la suspensión del servicio en los puertos alcanzados por la protesta.

Sin embargo, los profesionales establecieron excepciones estratégicas dentro del lock-out con el objetivo de evitar consecuencias consideradas críticas para el funcionamiento del país y para la seguridad de la navegación.

En ese marco, continúan prestando servicio a:

• Buques petroleros.
• Buques de gas licuado.

La continuidad de esas operaciones responde a la intención de no comprometer el abastecimiento energético interno y de evitar contingencias ambientales en los cursos fluviales, manteniendo activos aquellos movimientos considerados esenciales dentro del sistema marítimo y portuario.

Mientras el Gobierno sostiene la aplicación del Decreto 690/2026 como herramienta para desregular el servicio de practicaje, reducir costos operativos y facilitar nuevas modalidades de contratación, los profesionales mantienen su rechazo, anticipan una ofensiva judicial y prolongan una medida de fuerza que continúa paralizando gran parte de la actividad portuaria argentina. Con los principales corredores fluviales afectados, decenas de embarcaciones detenidas y una disputa abierta entre el Estado y los actores del sector, el conflicto permanece sin una resolución inmediata y sigue condicionando el funcionamiento de los puertos desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay.