Las universidades nacionales volverán a atravesar una semana de conflicto durante el cierre del primer semestre educativo. Los gremios docentes anunciaron un nuevo paro de actividades en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa que, según sostienen los sectores involucrados, continúa sin implementarse mientras se espera una definición judicial.

La medida fue confirmada por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), entidad que reúne a los gremios de las distintas universidades nacionales. El paro se extenderá entre el 16 y el 20 de junio y estará acompañado por una serie de acciones de visibilización en diferentes ciudades del país.

El reclamo gira en torno a la ejecución de una ley que contempla aspectos considerados centrales para el funcionamiento del sistema universitario. Entre ellos figuran los salarios de los trabajadores, los fondos destinados a becas estudiantiles, las inversiones en infraestructura y las partidas para gastos de funcionamiento.

Clases públicas y movilizaciones

Además del paro, los sindicatos universitarios anunciaron la realización de clases públicas y otras actividades destinadas a exponer la situación que atraviesa el sector.

Según informó CONADU, el 9 de junio se llevarán adelante clases públicas en distintos puntos del país. Entre las actividades previstas se encuentran acciones frente a los Tribunales ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, donde funciona la Corte Suprema de Justicia.

El cronograma también contempla iniciativas en Rosario y en la Ciudad de Buenos Aires para los días 11 y 16 de junio.

Desde el gremio explicaron que las medidas buscan mantener visible el reclamo mientras continúa el proceso de negociación y la disputa judicial vinculada al financiamiento universitario.

La oferta presentada por el Gobierno

El anuncio del paro se produjo luego de que el Gobierno acercara una propuesta presupuestaria a las autoridades universitarias.

La reunión estuvo encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien mantuvo un encuentro con las principales autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y Anselmo Torres, de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

Durante ese encuentro se presentó una oferta salarial intermedia respecto de lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario. La normativa contempla una recuperación salarial del 45,6% en términos reales, tomando como referencia la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

De acuerdo con la información difundida, la propuesta oficial incluiría:

• Una recomposición salarial del 21,33% para los salarios correspondientes a junio.

• Un incremento adicional del 3% en octubre.

• Un aumento del 20% para los gastos de funcionamiento.

• Partidas extraordinarias destinadas a becas universitarias.

• Fondos adicionales para hospitales universitarios.

Pese a ello, la propuesta no logró desactivar el conflicto y los gremios decidieron avanzar con el plan de lucha anunciado.

Estado de alerta y reclamo ante la OIT

En un comunicado difundido tras el plenario, CONADU manifestó que cualquier oferta formal será sometida a consulta entre los docentes universitarios para que sea el conjunto del sector quien defina su aceptación o rechazo.

"Cuando haya una oferta formal esta será llevada a consulta para que decida el conjunto de la docencia de las universidades nacionales, por lo que el Plenario se declaró en estado de alerta y sesión permanente", expresó la organización gremial. En paralelo, el sindicato informó que realizó una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Gobierno nacional.

La denuncia está vinculada, según indicó el gremio, a la falta de respuesta frente al reclamo de convocatoria a la negociación paritaria.

La disputa judicial continúa en la Corte Suprema

Mientras se desarrollan las negociaciones entre las autoridades universitarias y el Gobierno, la controversia también avanza en el ámbito judicial.

Las universidades mantienen una causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. En ese contexto, el Gobierno solicitó a las universidades que retiren el litigio que actualmente tramita ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, las autoridades académicas rechazaron esa posibilidad.

La tensión judicial se incrementó luego de que la Corte Suprema rechazara una presentación realizada por el Estado nacional.

Un nuevo revés judicial para el Gobierno

La decisión del máximo tribunal quedó formalizada en un fallo firmado el 4 de junio, mediante el cual se desestimó una queja presentada por el Poder Ejecutivo.

El planteo oficial buscaba cuestionar resoluciones previas que habían rechazado la recusación del juez de primera instancia Diego Martín Cormick y de un magistrado de la Cámara Contencioso Administrativa Federal.

El Estado argumentó que ambos magistrados desarrollan tareas docentes en universidades nacionales que integran el colectivo demandante.

Sin embargo, la Corte rechazó ese planteo. En la resolución, los jueces sostuvieron que "no se ha acreditado (...) elemento alguno que configure una causal de excusación" y señalaron que "la actividad docente en una universidad pública no implica necesariamente un interés personal, directo y relevante en el resultado del litigio".

Asimismo, el tribunal recordó que los mecanismos de recusación y excusación poseen carácter excepcional y deben ser interpretados de manera restrictiva para preservar el principio constitucional del juez natural.

La Corte también advirtió que "no puede extenderse sin fundamento una causal de apartamiento a supuestos no previstos por la ley", ya que ello podría afectar el normal funcionamiento del sistema judicial.

Con el conflicto salarial aún abierto, una negociación en marcha y una disputa judicial que continúa avanzando, las universidades nacionales se preparan para una nueva semana de protesta en medio de un debate que involucra financiamiento, salarios, funcionamiento institucional y el futuro del sistema universitario público.