En las últimas horas la jueza María Eugenia Capuchetti aprobó un pedido del fiscal Eduardo Taiano y ordenó que se analicen las llamadas entrantes y salientes del teléfono de la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

En el expediente se investiga la conducta del extitular de la cartera sanitaria, Ginés González García, y de otros funcionarios y allegados al poder que pudieron acceder a la vacuna contra el coronavirus antes que el resto de la población.

Si bien la solicitud inicial para que se extendieran las pesquisas había sido del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, el fiscal Taiano se hizo eco del pedido y se lo reenvió a la magistrada que tiene a su cargo la causa.

En el escrito enviado a Capuchetti, el representante del Ministerio Público señaló: “Teniendo en cuenta el estado en que se encuentra la investigación, este Ministerio Público Fiscal no puede descartar la participación de Carla Vizzotti, Mauricio Monsalvo (subsecretario de gestión administrativa), Martín Horacio Sabignoso (secretario de equidad en salud) y Arnaldo Darío Medina (secretario de calidad en Salud), por cuanto habrían tenido algún tipo de implicancia (directa o indirecta) en la distribución, control y manejo de aquellas vacunas contra el Covid-19 que debían asignarse y suministrarse”.

La decisión de ampliar la investigación ocurre a pesar de que en un primer momento Capuchetti había archivado parcialmente el caso del vacunatorio VIP, porque entendía que no había delito en el hecho de que algunas personas allegadas al Gobierno hubieran recibido los sueros antes que el resto de la población.

El cuestionado argumento de miembros de la Justicia era que si bien existía una progresividad en la aplicación de las inmunizaciones, las etapas podían ser simultáneas.

Sn embargo, la Cámara Federal revocó esa polémica decisión y ordenó que se investigara a todas aquellas personas que se vacunaron sin esperar su turno oficial, y también a los funcionarios que permitieron estos cuestionados privilegios.

A mediados de agosto pasado, y en búsqueda de la reapertura de la causa, el director de la PIA recordó que el organismo a su cargo emitió en su momento un dictamen donde destacó que en el Hospital Posadas hubo más de 300 “vacunaciones irregulares” de funcionarios, dirigentes, familiares y allegados al poder político que recibieron la Sputnik V en el Ministerio de Salud o en el mencionado centro de salud del oeste del conurbano bonaerense.

Según el fiscal, González García -que tuvo que renunciar ante el escándalo- “habría dispuesto que personal del Hospital Nacional Posadas concurriese a la sede del Ministerio de Salud de la Nación para inmunizar a diversas personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos o el esquema de etapas establecidos en el Plan de vacunación contra el coronavirus?.