Vecinos autoconvocados de Fiambalá realizaron una reunión para expresar una serie de reclamos vinculados a la actividad minera del litio, denunciando incumplimientos contractuales, ausencia del Estado municipal, falta de controles ambientales y una profunda falta de transparencia en el manejo de los recursos que genera el sector en la región. El encuentro, realizado entre la noche de este sábado, tuvo como eje central la exigencia de respuestas concretas tanto al Gobierno provincial como a las empresas involucradas en la explotación minera.
Según manifestaron los participantes, existen incumplimientos en los compromisos asumidos entre el sector público y el sector privado en el marco de la Ley Provincial N° 5742, que priorizaba dos actividades económicas para Fiambalá: la puesta en marcha de la Bodega Doce Pueblos, ubicada en la localidad de Medanitos, y el Frigorífico Multiespecies de Palo Blanco. A más de una década de sancionada la norma, aseguraron que ninguno de los emprendimientos fue puesto en valor ni se encuentra actualmente en funcionamiento.
Durante la reunión, los vecinos también cuestionaron la falta de presencia del Estado municipal, al que calificaron como ausente frente a las demandas de la población. Señalaron especialmente la escasa respuesta ante recientes desastres provocados por inclemencias climáticas en localidades del norte del departamento. En ese contexto, remarcaron que una empresa minera, San Francisco SRL, fue la que realizó relevamientos y se acercó a las comunidades para evaluar posibles formas de asistencia, una tarea que —según indicaron— debería haber sido encabezada por el municipio.
Otro de los puntos centrales del encuentro estuvo vinculado al rol de las entidades patronales y cámaras empresariales del sector minero. Los autoconvocados sostuvieron que estas organizaciones no representan los intereses de la población local, sino los de grupos económicos y actores políticos provinciales. En ese sentido, afirmaron que la empresa minera LIEX no puede asumir compromisos de dádivas u obras con sus clientes o proveedores, ya que estos no representan a la comunidad de Fiambalá.
Las críticas también alcanzaron al Ministerio de Minería y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Catamarca. Los vecinos denunciaron la falta de controles sobre pasivos ambientales, la ausencia de mediciones sobre la posible contaminación del aire en la planta comercial ubicada en uno de los accesos a la ciudad, y la inexistencia de información pública sobre derrames contaminantes cercanos al río que abastece de agua a Fiambalá. Asimismo, señalaron que la policía minera no cumple funciones de control y solo aparece en visitas de altos representantes empresariales.
En el plano ambiental, advirtieron sobre la falta de protección del frágil ecosistema altoandino y de las lagunas de la región, donde —según denunciaron— se observan desechos sin control adecuado. A esto se suma, indicaron, la inexistencia de obras visibles que puedan asociarse al "progreso y desarrollo" prometido a partir de la actividad minera.
Uno de los reclamos más enfáticos estuvo dirigido al fideicomiso minero. Los vecinos aseguraron desconocer cuántos recursos ingresan por este mecanismo, quiénes los administran y cómo se definen las obras a ejecutar. También cuestionaron la reiterada adjudicación de proyectos a las mismas empresas constructoras, sin información pública clara sobre los criterios utilizados.
En este marco, los autoconvocados exigieron la inmediata puesta en funcionamiento de la Bodega Doce Pueblos y del Frigorífico Multiespecies, así como la determinación de responsabilidades por su inactividad. Reafirmaron que el Municipio de Fiambalá no los representa ni actúa como intermediario válido entre las empresas mineras y la comunidad.
Además, reclamaron la renuncia de las actuales autoridades del Ministerio de Minería y de la Secretaría de Medio Ambiente, al considerar que no defienden los intereses de la población local. Según señalaron, esta situación quedó expuesta en la audiencia realizada el pasado 29 de diciembre de 2025.
Finalmente, los vecinos advirtieron que, si los organismos estatales continúan sin dar respuestas, conformarán una comisión integrada por asociaciones intermedias y vecinos de Fiambalá, con el objetivo de establecer un canal de diálogo directo con el Poder Ejecutivo provincial y exigir definiciones sobre el futuro de la actividad minera en la región.