La ejecución del decomiso de bienes dispuesto en la causa Vialidad atraviesa una instancia decisiva. Luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme esta semana el decomiso por un monto de $685.000 millones, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), que condenó a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta, aguarda una respuesta del máximo tribunal para determinar el destino de las propiedades alcanzadas por la medida.

La resolución resulta clave para avanzar en una de las últimas etapas del proceso judicial, ya que permitirá definir si los inmuebles decomisados serán destinados al uso del Poder Judicial, al Consejo de la Magistratura, a fines sociales o si finalmente serán vendidos mediante remate público.

La medida alcanza solidariamente a la ex presidenta, a Lázaro Báez y a los demás condenados en el expediente. Dentro de ese universo de bienes también se encuentran 19 propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner, cuya situación forma parte de la discusión judicial.

La consulta realizada por el Tribunal Oral Federal 2

A mediados de mayo, el Tribunal Oral Federal 2 elevó una consulta formal a la Corte Suprema para que precise cuál será el destino de las propiedades sujetas al decomiso.

En esa presentación se solicitó que el máximo tribunal determine si alguno de los inmuebles será reservado para uso de la propia Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura o si corresponde avanzar con su remate. Mientras esa respuesta no llegue, el tribunal con sede en el sexto piso de Comodoro Py 2002 mantiene suspendidos los pasos posteriores vinculados con la ejecución efectiva del decomiso.

La definición no solo permitirá establecer qué sucederá con los bienes ya identificados, sino también fijará el mecanismo mediante el cual se concretará la recuperación patrimonial derivada de la condena.

Los recursos de queja aún pendientes

Además de la consulta sobre el destino de las propiedades, la Corte Suprema todavía debe resolver otro aspecto relevante del expediente. El máximo tribunal debe decidir si habilita o no los recursos de queja directos que presentaron las defensas de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y los demás condenados, en el que constituye el último intento procesal para frenar el decomiso de las 111 propiedades cuya afectación ya fue confirmada.

Mientras esos planteos permanecen pendientes de resolución, también continúa bajo análisis del Tribunal Oral Federal 2 una segunda tanda de bienes cuya incorporación al decomiso fue solicitada por el fiscal Diego Luciani.

El posible destino de los inmuebles

El actual juez de ejecución de la condena a seis años de prisión impuesta a la ex presidenta, Rodrigo Giménez Uriburu, fue quien detalló ante la Corte las distintas alternativas para la utilización de los bienes decomisados. Entre las posibilidades planteadas figuran:

• Asignar parte de los inmuebles a la Justicia Federal.
• Destinarlos al Consejo de la Magistratura.
• Otorgarles un uso con fines sociales en la provincia de Santa Cruz, considerada el epicentro de los delitos investigados en la causa.
• Disponer su remate público, con el objetivo de ejecutar el decomiso confirmado judicialmente.

La decisión definitiva sobre cuál de estas alternativas prevalecerá depende ahora de la respuesta que emita la Corte Suprema.

Las propiedades vinculadas a Máximo y Florencia Kirchner

Uno de los aspectos más relevantes de esta etapa del expediente involucra a las 19 propiedades que figuran a nombre de Máximo y Florencia Kirchner. Según consta en la causa, los bienes que podrían verse alcanzados por el decomiso comprenden:

• 10 departamentos.
• 2 casas ubicadas en Río Gallegos.
• Varios terrenos situados en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.

Estas propiedades forman parte del universo de bienes cuya situación jurídica quedó alcanzada por la decisión judicial y cuya definición también depende del avance del proceso de ejecución.

El criterio adoptado por la Cámara Federal de Casación Penal

La validez del decomiso ya fue confirmada en abril por la Cámara Federal de Casación Penal, que fijó un criterio respecto del alcance de esta medida patrimonial. El tribunal sostuvo que "el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando estos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria".

En esa resolución, el camarista Gustavo Hornos remarcó que la finalidad del decomiso no consiste en castigar a quienes actualmente poseen los bienes, sino en recuperar para el Estado aquellos activos vinculados con hechos de corrupción que ya fueron objeto de juzgamiento. No obstante, contra esa decisión permanece pendiente de resolución una queja directa ante la Corte Suprema, que todavía no definió si dará tratamiento a ese planteo.

Los bienes incluidos en el decomiso

El primer listado de bienes fue confeccionado por el fiscal Diego Luciani e incluye 111 propiedades pertenecientes a Lázaro Báez, Cristina Fernández de Kirchner y las 19 propiedades transferidas a Máximo y Florencia Kirchner.

De acuerdo con el expediente, todos esos inmuebles fueron adquiridos entre mayo de 2003 y diciembre de 2015. A ese conjunto podría incorporarse una segunda nómina de propiedades vinculadas con las sociedades Los Sauces y Hotesur, cuya situación permanece bajo análisis judicial.

Entre esos inmuebles figuran dos propiedades de especial relevancia:

• El inmueble ubicado en San José 1111, donde la ex presidenta cumple arresto domiciliario.
• El chalet de Río Gallegos, identificado como la residencia tradicional de la familia Kirchner.

El contexto de la investigación judicial

La causa Vialidad investigó una maniobra defraudatoria desarrollada entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz, en el marco de 51 procesos licitatorios de obra pública vial.

Según consta en el expediente judicial, esas obras fueron adjudicadas de manera sistemática al Grupo Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, a través de la Dirección Nacional de Vialidad.

Con la confirmación del decomiso por parte de la Corte Suprema, el proceso ingresó ahora en una etapa centrada en la ejecución patrimonial de la sentencia. Sin embargo, antes de que puedan concretarse eventuales remates o asignaciones de inmuebles, el Tribunal Oral Federal 2 deberá contar con la respuesta del máximo tribunal sobre el destino de los bienes y con la resolución de los recursos de queja que aún permanecen pendientes.