El Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) remitió al Registro de la Propiedad Inmueble la notificación de que el departamento donde se encuentra alojada Cristina Kirchner, ubicado en la calle San José 1111, quedó embargado por orden judicial en el marco de la ejecución de la condena dictada en la causa Vialidad.
La medida se inscribe en una segunda etapa de pedidos de decomiso impulsada por el Ministerio Público Fiscal, que busca avanzar sobre un conjunto de bienes inmuebles y activos societarios. El objetivo es alcanzar el monto de 685.000 millones de pesos establecido como consecuencia del fraude investigado a través de 51 licitaciones direccionadas, señaladas por presentar irregularidades, sobreprecios promedio del 65% y circuitos exclusivos de pago para el Grupo Austral.
El departamento de San José 1111 figura en el segundo listado de bienes sobre los cuales se solicitó avanzar con medidas cautelares. Allí, la ex presidenta cumple el arresto domiciliario por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La segunda etapa de los embargos
Como consecuencia de un segundo pedido de decomiso presentado por el Ministerio Público Fiscal, el tribunal que ejecuta la pena en el caso Vialidad ordenó el 12 de agosto disponer nuevos embargos preventivos y cautelares sobre diversos inmuebles y activos societarios.
Los condenados en la causa deben afrontar de manera solidaria el decomiso judicial. En ese contexto, el TOF 2 comenzó a consolidar, a pedido del fiscal Diego Luciani, listas de bienes que deben quedar alcanzados por los embargos. En el segundo de esos listados fue incluido el departamento de San José 1111. El inmueble se encuentra inscripto a nombre de Los Sauces SA, la inmobiliaria de la familia Kirchner que también es investigada por lavado de activos.
De la misma compañía forman parte los departamentos de Puerto Madero que eran alquilados por Cristóbal López y que también fueron embargados por el TOF 2.
Con una orden firmada por el tribunal integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, este jueves fueron enviados los correspondientes oficios a los Registros de la Propiedad Inmueble en los que se encuentran anotadas las propiedades alcanzadas por la medida.
El objetivo de esos oficios es que los bienes queden registrados bajo una nueva condición: embargados.
Qué implica el embargo de los bienes
Las medidas ordenadas por el TOF 2 no significan la subasta inmediata de las propiedades ni modifican, por el momento, la titularidad registral de los bienes.
El embargo tiene como finalidad asegurar la indisponibilidad jurídica de los activos mientras se termina de sustanciar el trámite correspondiente al decomiso definitivo, con la participación de las partes involucradas. El juez Rodríguez Giménez Uriburu, quien preside el TOF 2, busca establecer los mayores resguardos posibles sobre el patrimonio de los condenados en el caso Vialidad para avanzar hacia la cobertura de los 685.000 millones de pesos.
Por esa razón, se decidió cautelar propiedades de los condenados como parte de una segunda etapa de ejecución patrimonial.
Los bienes identificados por el fiscal Luciani
En su segunda lista de bienes a decomisar, el fiscal Diego Luciani identificó un total de 141 inmuebles. El detalle incluye:
- 13 propiedades de la ex presidenta Cristina Kirchner.
- 128 propiedades pertenecientes a sociedades vinculadas a Lázaro Báez.
- 46 automotores.
Además del relevamiento de propiedades, el Ministerio Público Fiscal reclama como parte del decomiso otros activos económicos. Entre ellos se encuentran:
- 4.664.000 dólares depositados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner.
- 992.134 dólares correspondientes a una caja de ahorro del Banco de Galicia.
- 53.280,24 pesos.
El TOF 2, sin embargo, aún aguarda una decisión de la Corte Suprema de Justicia respecto del primer conjunto de inmuebles sobre los que ya se ordenó la ejecución patrimonial, una definición que resulta necesaria para avanzar sobre una segunda tanda.
La primera tanda de propiedades a decomisar
El primer pedido de decomiso comprendió 111 propiedades requeridas por Luciani y aprobadas por el TOF para su decomiso. Ese conjunto de bienes se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia. En noviembre, el tribunal ordenó el decomiso de:
- 20 propiedades de la familia Kirchner.
- 85 propiedades de Lázaro Báez y sus empresas.
- 6 inmuebles pertenecientes a los demás acusados.
Posteriormente, en febrero, la Cámara Federal de Casación Penal convalidó el criterio del TOF 2 respecto de los bienes a decomisar que habían sido identificados por el Ministerio Público Fiscal y ordenó avanzar en consecuencia. Sin embargo, la ex presidenta y su ex socio comercial recurrieron esa decisión, por lo que la palabra final respecto de ese primer conjunto de bienes quedará en manos del máximo tribunal.
Las propiedades de Máximo y Florencia Kirchner
El avance sobre propiedades vinculadas a Máximo y Florencia Kirchner fue fundamentado por los jueces del TOF 2 en los términos establecidos por la sentencia condenatoria firme. Los magistrados recordaron que esa sentencia determinó que la maniobra defraudadora en la obra pública "generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner".
Durante el período investigado, según consignaron los jueces, existió una conexión económica y comercial comprobada. La sentencia también indicó que las empresas de Báez alquilaron, explotaron turísticamente y construyeron emprendimientos en los hoteles y propiedades de la familia Kirchner, tanto a título personal como a través de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
De acuerdo con ese criterio, el dinero vinculado al delito circuló y se asentó en los activos de esas sociedades.
El TOF 2 estableció como parámetro que todos los bienes que los nueve condenados hayan incorporado a sus respectivos patrimonios entre 2003 y 2015 pueden ser alcanzados por el decomiso.
El criterio sobre sociedades y paquetes accionarios
En la resolución se sostuvo que es necesario avanzar con la cautela de los bienes que integran esta segunda etapa de decomiso. El tribunal señaló que el artículo 23 autoriza a alcanzar a las personas jurídicas o sociedades que se hayan beneficiado con el producto o provecho del delito. La norma también habilita a avanzar sobre activos o participaciones que hubieran sido cedidos o transmitidos gratuitamente a terceros.
En relación con los paquetes accionarios, los magistrados recordaron que las acciones de Los Sauces y Hotesur se encuentran embargadas desde la etapa de instrucción de la causa, en 2017.
En aquel momento, la Justicia analizó la sucesión de Néstor Kirchner y determinó que las cuotas o acciones que le correspondían a Cristina Kirchner, como parte de sus bienes gananciales y del acervo heredado, habían sido cedidas gratuitamente a sus hijos Máximo y Florencia.
De acuerdo con el criterio judicial expuesto, debido a que la condena y su consecuencia patrimonial pesan sobre Cristina Kirchner, esa cesión no la exime de la ejecución correspondiente.
Los otros bienes alcanzados por la medida
Además del departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple el arresto domiciliario, la decisión del TOF 2 alcanza a otros inmuebles. Entre ellos se encuentran un dúplex y cinco cocheras en el Complejo Madero Center. También fueron incluidos otro departamento, dos cocheras y una baulera en el mismo complejo.
Estos inmuebles tuvieron siempre un único inquilino: Cristóbal López.
En la provincia de Santa Cruz, se ordenó además el embargo del terreno donde se encuentra el Hotel La Aldea del Chaltén, un predio que se encuentra usurpado desde hace más de dos años.
La segunda etapa también incluye propiedades y terrenos ubicados en El Calafate. La medida cautelar alcanza, asimismo, a un conjunto de inmuebles de la familia Kirchner en Río Gallegos. Entre ellos sobresale el chalet de la ex presidenta ubicado en la costanera local, además de otras viviendas identificadas en:
- Alvear 395.
- Moreno 882.
- 25 de Mayo 66.
De esta manera, el embargo del departamento de San José 1111 se incorpora a un conjunto más amplio de medidas cautelares dispuestas en el marco de la causa Vialidad. El proceso busca preservar jurídicamente los bienes identificados mientras continúa el trámite para determinar el alcance definitivo del decomiso patrimonial que deben afrontar solidariamente los condenados.