La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, recibió este martes en su despacho de la Presidencia del Senado a la jueza María Verónica Michelli, en un encuentro que se produjo en medio de la creciente disputa política e institucional generada por el intento del Gobierno nacional de retirar la candidatura de la magistrada para integrar el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.
La reunión se extendió durante casi una hora en las oficinas que ocupa la titular de la Cámara alta en el Palacio Legislativo y tuvo lugar en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el futuro del pliego de Michelli, que ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos y se encuentra habilitado para llegar al recinto del Senado.
El encuentro se produjo cuando la discusión en torno a la candidatura de la magistrada se transformó en uno de los principales focos de tensión entre el Senado y la Casa Rosada, generando debates sobre el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo y las atribuciones del Congreso una vez que un expediente avanza dentro del procedimiento legislativo.
La postura de Villarruel frente al expediente
Desde el entorno de Villarruel señalaron que la posición de la vicepresidenta responde al respeto de los procedimientos parlamentarios y a las mayorías expresadas dentro de la Cámara alta.
En ese marco, remarcaron que el pliego de Michelli obtuvo nueve firmas en la Comisión de Acuerdos, una instancia considerada clave dentro del trámite legislativo, y sostuvieron que la vicepresidenta no está dispuesta a desconocer una decisión ya adoptada por los senadores.
Si bien cerca de la titular del Senado evitaron presentar la reunión con Michelli como una intervención destinada a garantizar la aprobación de la jueza, dejaron en claro que no acompañarán iniciativas orientadas a modificar el curso de un expediente que ya atravesó una etapa fundamental dentro del proceso parlamentario.
La posición adoptada por Villarruel vuelve a ubicarla en una línea diferenciada respecto de la estrategia impulsada por el Gobierno nacional, en un contexto donde las tensiones entre ambos sectores volvieron a quedar expuestas.
El origen del conflicto
La controversia comenzó luego de que Michelli obtuviera el respaldo de nueve integrantes de la Comisión de Acuerdos. Ese apoyo incluyó votos provenientes de distintos espacios políticos:
- La Libertad Avanza.
- PRO.
- Unión Cívica Radical.
- Fuerzas provinciales.
Con ese dictamen favorable, la magistrada quedó en condiciones reglamentarias de ser sometida a votación en el Senado.
Sin embargo, después de ese avance parlamentario, el Poder Ejecutivo impulsó el retiro de la candidatura. La decisión generó sorpresa en diversos sectores legislativos y abrió un debate respecto de los alcances de las facultades presidenciales cuando un pliego ya superó instancias clave dentro de su tratamiento institucional.
El vínculo familiar que amplificó la discusión
El caso adquirió una mayor repercusión pública luego de que trascendiera que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
A partir de esa información surgieron cuestionamientos desde distintos ámbitos políticos y judiciales. Sin embargo, según se planteó durante la discusión pública, el vínculo familiar no guarda relación con los antecedentes profesionales de la magistrada.
La difusión de ese dato agregó un nuevo componente a una controversia que ya involucraba aspectos institucionales y legislativos, incrementando la atención sobre el futuro de la candidatura.
Diferencias dentro del oficialismo
La disputa también dejó al descubierto diferencias dentro de La Libertad Avanza. La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, comunicó al presidente Javier Milei que no acompañará la estrategia destinada a retirar el pliego de Michelli.
Según trascendió, durante una reunión mantenida el lunes con el mandatario le manifestó una "objeción de conciencia" respecto de esa decisión. De acuerdo con las versiones que circularon posteriormente sobre ese encuentro, la legisladora incluso puso a disposición su renuncia a la conducción de la bancada oficialista.
La posición de Bullrich tuvo un impacto político significativo porque implicó una discrepancia respecto de una estrategia impulsada directamente por Milei y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Al mismo tiempo, evidenció que las resistencias al retiro del pliego no se limitan a los sectores opositores o a los bloques dialoguistas, sino que también alcanzan a dirigentes que forman parte del propio oficialismo.
Villarruel y Bullrich: caminos separados
Pese a las coincidencias circunstanciales en torno al expediente de Michelli, desde la Presidencia del Senado procuraron diferenciar la reunión entre Villarruel y la magistrada de la postura asumida por Bullrich.
Según explicaron, no existió coordinación entre ambas dirigentes y el encuentro no debe interpretarse como una acción conjunta. La aclaración también se vincula con los antecedentes de la relación entre Villarruel y la titular del bloque libertario, que atravesó distintos episodios de diferencias desde el comienzo de la gestión.
Uno de los desacuerdos más visibles se produjo durante la conformación de las comisiones permanentes del Senado, cuando ambas sostuvieron posiciones diferentes respecto de la integración de esos cuerpos legislativos y de la representación de la oposición peronista.
Un expediente que sigue abierto
Mientras la controversia continúa, el Senado analiza los próximos pasos relacionados con la candidatura. Fuentes parlamentarias indicaron que el pliego de Michelli no será tratado en la sesión prevista para este jueves. Además, la Comisión de Acuerdos concluyó su reunión sin novedades sobre el expediente.
Más allá de los tiempos legislativos, varios senadores sostienen que una vez emitido el dictamen favorable, la definición deja de depender exclusivamente del Poder Ejecutivo y pasa a integrar el ámbito de atribuciones de la Cámara alta.
En ese escenario, la reunión entre Victoria Villarruel y María Verónica Michelli sumó un nuevo capítulo a una disputa que combina tensiones institucionales, diferencias políticas y debates sobre el alcance de las competencias de cada poder del Estado en el proceso de designación de magistrados.