En una jornada marcada por una fuerte expectativa política y judicial, el ex candidato presidencial del peronismo y ex intendente de Tigre, Sergio Massa, se presentó este miércoles en los tribunales de Comodoro Py. Su comparecencia tuvo como objetivo brindar testimonio en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades y administración fraudulenta en el programa de viviendas "Sueños Compartidos", la iniciativa de construcción de unidades habitacionales impulsada por las Madres de Plaza de Mayo durante las gestiones del kirchnerismo.
Massa compareció ante el Tribunal Oral Federal 5, en un trámite que se extendió por aproximadamente media hora. Fiel a un perfil bajo durante esta citación, el dirigente no realizó declaraciones a la prensa ni al ingresar ni al retirarse del edificio judicial, limitando su exposición estrictamente a los requerimientos del tribunal sobre los pormenores del despliegue del plan en el distrito que supo gestionar entre 2007 y 2013.
Los incumplimientos detectados en el distrito de Tigre
Durante su declaración testimonial, el ex funcionario admitió de manera taxativa que "hubo incumplimientos" en la ejecución de las unidades proyectadas para el municipio de Tigre. Según el relato de Massa ante los jueces, el plan de viviendas —cuyo titular operativo era Sergio Schoklender— registró fallas críticas en los plazos y condiciones de entrega, lo que derivó en una decisión drástica por parte de la administración local para resguardar los intereses de los vecinos.
Ante los magistrados, Massa señaló que, debido a estos factores negativos, el municipio decidió "discontinuar con las obras" originalmente pautadas con la fundación. El testimonio se centró específicamente en la situación de tres barrios emblemáticos que debían ser construidos bajo la órbita de este programa: San Pablo, Garrote y Cina-Cina. Si bien el ex intendente reconoció que las obras tuvieron un impacto positivo inicial en la urbanización, puso énfasis en que la relación contractual se volvió insostenible. Al ser consultado sobre el origen de los contratos y si efectivamente fueron adjudicados de manera directa al programa de las Madres, Massa aclaró que, al momento de asumir la intendencia, los convenios ya estaban firmados, lo que le impidió confirmar los pormenores de la etapa de adjudicación inicial.
Financiamiento nacional y el uso de fondos propios
Uno de los puntos más relevantes de la declaración de Massa fue la explicación técnica sobre cómo se gestionó la finalización de los proyectos habitacionales tras la ruptura con el programa liderado por Schoklender. El ex candidato presidencial explicó que la Nación, que era la instancia encargada de la financiación original de las viviendas, "discontinuó los pagos", lo que dejó las estructuras en un estado de parálisis y riesgo de abandono.
Frente a este escenario de desfinanciamiento externo, Massa aseguró que las obras fueron finalmente "concluidas por el municipio con fondos propios". Esta medida fue presentada como la solución necesaria para evitar que los barrios quedaran a medio construir tras el cese de los flujos de dinero provenientes de la administración central de aquel entonces. El testimonio refuerza la hipótesis de las desprolijidades administrativas que rodearon la ejecución de los fondos públicos destinados a la urbanización social.
Un expediente con nombres de peso y alcance federal
La causa por la que Massa fue citado a declarar busca determinar si existió una "administración fraudulenta" contra el Estado nacional por los fondos proporcionados por el gobierno de Cristina Kirchner. En el banquillo de los acusados figuran nombres centrales de la política y la gestión de la última década: Sergio Schoklender, su hermano Pablo Schoklender, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López.
Es importante recordar que la entidad beneficiaria de los fondos era presidida por Hebe de Bonafini, quien también había sido enviada a juicio oral por este expediente, aunque su responsabilidad penal se extinguió tras su fallecimiento en el año 2022. El programa Sueños Compartidos suscribió contratos para construir viviendas populares en distintos puntos del país, incluyendo la Capital Federal y las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Misiones, además de municipios como Almirante Brown, Ezeiza, Bariloche y Rosario, lo que otorga a la causa una magnitud federal de gran impacto institucional.