A casi seis años de la sanción de la Ley 27.610, el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) mantiene un volumen de atenciones estable dentro del sistema público de salud. Según el Reporte Anual 2025 del Proyecto Mirar, desarrollado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health, durante el año pasado se registraron 87.603 abortos en el sector público de salud de 20 provincias.
El relevamiento ubicó la tasa nacional en 7,45 abortos por cada 1000 mujeres en edad fértil, un valor prácticamente idéntico al registrado en 2023, cuando había alcanzado 7,49.
El informe analiza no solamente la cantidad de interrupciones realizadas, sino también la disponibilidad de establecimientos, las modalidades de atención, el acceso a información, la provisión de anticonceptivos y el escenario jurídico que atraviesa la legislación vigente.
Una red pública que se mantuvo estable
Uno de los principales indicadores relevados es la cantidad de efectores públicos que realizan interrupciones. Entre 2023 y 2025, la red presentó cambios considerados "sin cambios significativos": pasó de 1.862 establecimientos a 1.846.
La distribución de las prácticas, sin embargo, estuvo fuertemente concentrada en tres jurisdicciones. El 72% de las intervenciones se realizaron en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. En 11 jurisdicciones que aportaron información específica, el 90% de las prácticas se resolvió durante las primeras 12 semanas de gestación, principalmente en efectores del primer nivel de atención primaria. La modalidad utilizada mayoritariamente fue mediante tratamientos farmacológicos.
Información incompleta en cuatro provincias
Desde 2022, el Proyecto Mirar construye sus reportes anuales a partir de las respuestas obtenidas mediante pedidos de acceso a la información pública dirigidos a los programas de salud de las 24 provincias y a la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, dependiente del Ministerio de Salud.
Para el informe correspondiente a 2025 se recibieron respuestas de 16 jurisdicciones. Los datos nacionales permitieron completar la información correspondiente a Corrientes, San Juan, San Luis y Tucumán.
Por ese motivo, la fotografía nacional no está completa. Para conocer la totalidad de los abortos legales realizados en el país sería necesario disponer también de los registros correspondientes a Catamarca, Formosa, Salta y Santiago del Estero. El relevamiento tampoco incluye los abortos realizados en obras sociales y el sector privado, por lo que las 87.603 interrupciones corresponden exclusivamente al universo registrado en el sector público de salud de las jurisdicciones relevadas.
Anticoncepción y caída de la cobertura
El informe incorpora otro aspecto central: el impacto del desfinanciamiento de la anticoncepción por parte del Gobierno. Según las estimaciones incluidas en el reporte, la cobertura habría caído 93%, desde 1,2 millones de mujeres protegidas por insumos nacionales en 2024 hasta un estimado de apenas 63.000 para 2026.
El estudio proyecta las consecuencias de esa reducción de cobertura entre ambos años. De acuerdo con las estimaciones del Impact Calculator del Guttmacher Institute, herramienta utilizada internacionalmente para calcular resultados en materia de salud sexual y reproductiva, las decisiones implicarían:
- 840.000 mujeres menos protegidas contra embarazos no intencionales.
- 240.000 embarazos no intencionales adicionales.
- 112.000 abortos que podrían haberse evitado.
- 452 muertes maternas que podrían haberse evitado.
- 2.600 muertes neonatales que también podrían haberse evitado.
Las provincias sostuvieron la provisión
Frente al retiro de los suministros nacionales, 13 provincias sostuvieron el acceso utilizando presupuesto propio. Según el relevamiento, algunas jurisdicciones adquirieron medicamentos específicos y otras incorporaron equipamiento para procedimientos de aspiración manual endouterina.
La distribución detallada señala que:
- Buenos Aires, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Río Negro y Santa Fe compraron misoprostol.
- Chaco, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Misiones adquirieron tratamientos combinados de mifepristona y misoprostol.
- Jujuy y Mendoza compraron aspiradores y cánulas destinadas a la aspiración manual endouterina (AMEU).
El informe también incorpora indicadores vinculados con la accesibilidad. Nueve de las 16 provincias informantes reportaron el cumplimiento de la provisión dentro del plazo estipulado de 10 días. A su vez, seis provincias disponen de un número telefónico gratuito, WhatsApp o correo electrónico destinado específicamente a brindar información sobre IVE-ILE.
Las consultas al 0800-SaludSexual
A nivel nacional, las consultas vinculadas con la interrupción voluntaria y legal del embarazo representaron el 94% de las llamadas recibidas durante 2025 en el 0800-SaludSexual, la línea telefónica gratuita dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
La mayoría de esas consultas estuvo relacionada con el reporte de barreras en el acceso a los servicios, de acuerdo con el relevamiento. El informe advierte, además, sobre la falta de cifras actualizadas de mortalidad materna, uno de los indicadores considerados más importantes para evaluar el acceso a interrupciones seguras de embarazos.
Qué ocurrió en la Justicia con la Ley 27.610
El informe también analiza el escenario jurídico en un contexto en el que, según señala, la crítica al aborto volvió a la agenda del Gobierno nacional.
Para el Proyecto Mirar, la Justicia actuó principalmente como "mecanismo de protección de derechos existentes". La Ley 27.610 permanece sin modificaciones y las iniciativas destinadas a restringirla fueron minoritarias. Desde su promulgación se presentaron 38 demandas contra la ley. De ese total, 35 fueron rechazadas, mientras que solamente tres continúan sin cautelares ante la Corte Suprema.
En la amplia mayoría de los casos, los tribunales reafirmaron la constitucionalidad de la Ley 27.610 y rechazaron los intentos de revertirla.
El panorama legislativo presenta una tendencia similar. Aunque solamente tres iniciativas fueron sancionadas, el 84% de los proyectos legislativos buscó proteger o ampliar derechos. En cambio, los proyectos destinados a limitar la aplicación de la ley no consiguieron dictamen de comisión.