La falta de recursos para sostener los comedores escolares encendió la alarma entre padres, tutores y comunidades educativas de Fiambalá. Desde los últimos días de la semana pasada, distintas instituciones del distrito quedaron sin las partidas necesarias para garantizar el normal funcionamiento de un servicio que, para numerosos estudiantes, constituye una asistencia fundamental.
De acuerdo con información obtenida por Multimedios Abaucán, varias escuelas arrastrarían deudas de entre 2 y 5 millones de pesos con comercios proveedores. Se trata de compromisos que, según se plantea, fueron asumidos ante la necesidad de continuar brindando alimentación a los alumnos, aun cuando los recursos disponibles no resultarían suficientes para cubrir las necesidades de los establecimientos.
La situación genera especial preocupación en las comunidades educativas porque el problema no se reduce a una cuestión vinculada con las cuentas de las instituciones. En determinados sectores de Fiambalá, y particularmente en las escuelas rurales del norte del distrito, la comida que reciben los estudiantes durante la jornada escolar ocupa un lugar central.
En las escuelas rurales, el comedor resulta fundamental
La problemática adquiere una mayor gravedad en las escuelas rurales del norte de Fiambalá, donde muchos chicos pertenecen a familias de escasos recursos o tienen padres que trabajan durante gran parte del día en el campo.
Para esos alumnos, el comedor escolar no representa un beneficio adicional, sino una asistencia alimentaria fundamental. La falta de recursos para sostenerlo coloca a las instituciones frente a una dificultad que excede la organización cotidiana de la jornada y alcanza directamente a las condiciones en las que los estudiantes permanecen en los establecimientos.
A esta situación se suma una modificación que atravesó a numerosas escuelas: el paso de jornada simple a jornada completa. Con este esquema, los alumnos permanecen en los establecimientos desde las 08:00 hasta las 16:00 horas, lo que supone necesidades específicas para garantizar su alimentación durante todo ese período.
Las comunidades educativas cuestionan que las partidas destinadas a los comedores no contemplen adecuadamente las necesidades que implica esta modalidad. Frente a la insuficiencia de recursos, los directivos terminan recurriendo al crédito de los comercios o, según expresan, "haciendo malabares" para poder garantizar la comida.
Partidas insuficientes y costos elevados
Uno de los principales reclamos de las instituciones apunta a la forma en que se calculan los recursos destinados a la alimentación. Según plantean desde las escuelas, los presupuestos tomarían como referencia los precios de comercios mayoristas de la Capital provincial, sin contemplar adecuadamente los mayores costos de transporte y logística que existen en Fiambalá y, particularmente, en las localidades rurales.
La diferencia entre esos valores de referencia y los costos que deben afrontar las instituciones podría resultar significativa. De acuerdo con los planteos de las comunidades educativas, en algunos casos la diferencia de precios podría superar el 100% e incluso alcanzar el 150%.
Según los padres, el resultado es un sistema que termina dejando a las escuelas atrapadas entre partidas insuficientes, deudas millonarias y una burocracia que no responde con la misma velocidad que las necesidades de los alumnos.
El reclamo formal de la Escuela Provincial N° 224
La situación también alcanzó a la Escuela Provincial N° 224 "Provincia de Entre Ríos", donde padres y tutores decidieron autoconvocarse para reclamar respuestas. Este lunes las familias presentaron una nota ante la vicedirectora a cargo, profesora Anabel Olivero, solicitando que se informara la situación al Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO) y reclamando una solución.
En el documento compartido con Multimedios Abaucán, los padres y tutores solicitaron la intervención para afrontar las deudas contraídas durante la gestión anterior. Según expresan, esos compromisos fueron asumidos ante la necesidad de garantizar la alimentación de los alumnos. El planteo de las familias también incluyó un pedido concreto respecto de los recursos futuros: reclamaron que las partidas sean enviadas en tiempo y forma, con el objetivo de poder cumplir con lo planificado para el ciclo lectivo 2026 y evitar nuevos problemas financieros.
La presentación refleja una preocupación que, de acuerdo con el planteo de los padres, no se limita a las deudas existentes. También apunta a la necesidad de que las escuelas puedan disponer de los recursos necesarios con anticipación para organizar el funcionamiento de los comedores sin tener que recurrir sistemáticamente al crédito de los proveedores.
Alternativas ante la falta de recursos
Mientras esperan respuestas, algunas familias ya analizan alternativas para garantizar la alimentación de los estudiantes. Una de las posibilidades planteadas es llevar comida desde los hogares.
Sin embargo, esta opción tampoco resulta viable para muchos alumnos. Las distancias existentes y el hecho de que numerosos padres se encuentren trabajando durante gran parte del día dificultan la posibilidad de que las familias puedan hacerse cargo diariamente de la alimentación durante la jornada escolar.
Tampoco aparece como una solución concreta el regreso de los alumnos a sus casas durante el almuerzo. Para muchos estudiantes, las distancias hacen inviable ese traslado, mientras que las obligaciones laborales de sus padres constituyen otro impedimento.
Así, la falta de recursos coloca a las familias frente a alternativas que presentan sus propias dificultades y vuelve a poner en discusión el funcionamiento de los comedores dentro de las escuelas con jornada completa.
Cooperadoras y padres
En paralelo, las instituciones deben continuar cumpliendo con rendiciones, trámites y procedimientos administrativos, mientras las necesidades de los alumnos permanecen presentes todos los días. Los chicos necesitan comer diariamente y las escuelas deben sostener el servicio de alimentación durante la jornada. Ante las dificultades para disponer de los recursos, las cooperadoras y las comisiones de padres terminan realizando beneficios y efectuando aportes para cubrir necesidades que las familias consideran que deberían estar garantizadas por el Estado.
La participación de estos sectores permite afrontar determinadas necesidades, pero el reclamo de la comunidad educativa apunta a que la responsabilidad sobre la alimentación escolar pueda sostenerse mediante los recursos correspondientes y enviados en tiempo y forma.
La situación expone, de acuerdo con los planteos de padres y escuelas, la tensión existente entre las exigencias administrativas y las necesidades concretas de los estudiantes.