En una jornada marcada por la incertidumbre laboral, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria tras el sorpresivo anuncio del cierre de la planta industrial de la empresa Fate. La medida, comunicada formalmente por el secretario Julio Cordero en una audiencia virtual celebrada este mediodía, impone un compás de espera de quince días para que la firma y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) resuelvan un conflicto que amenaza con dejar en la calle a 920 empleados.

La disposición, que lleva la firma del Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello, obliga a las partes a retrotraer la situación al estado previo al estallido del conflicto. Esto implica que la empresa debe suspender la ejecución de los despidos y el gremio, liderado por el dirigente Alejandro Crespo, debe abstenerse de cualquier medida de fuerza que altere la normalidad de las relaciones laborales. El objetivo oficial es "promover las instancias de mediación necesarias en resguardo del empleo", según reza el comunicado difundido por la cartera nacional.

A pesar de la intervención administrativa, el clima político en los pasillos de Balcarce 50 es de un profundo malestar. Si bien en las primeras horas de la mañana los dardos del oficialismo se dirigieron contra el sindicalismo de izquierda que representa Crespo, con el correr del día la administración de Javier Milei reorientó sus cañones hacia la patronal. La familia Madanes Quintanilla, propietaria de la firma, se convirtió en el blanco de duras críticas por la oportunidad elegida para el anuncio.

Desde el despacho presidencial se filtró una visión crítica sobre la gestión empresaria. "Es un sector puntual, con problemas hace muchos años. Lamento que la empresa no haya tomado la situación en cuenta", deslizó una fuente oficial. Incluso, algunos funcionarios recordaron que en 2019, Fate ya había presentado un plan preventivo de crisis en un contexto donde no existían las actuales restricciones a las importaciones, calificando la situación actual como un "combo de sindicatos troskos y empresaurios".

Sospechas de "timing" político y reforma laboral

La desconfianza del Ejecutivo radica en la coincidencia del anuncio de cierre con el debate de la reforma laboral de "Modernización" en la Cámara de Diputados. Para el oficialismo, la decisión de liquidar el negocio en el partido de San Fernando justo un día antes del tratamiento legislativo no es azarosa. El propio Presidente se manifestó en sus redes sociales con un sugestivo "¿Conspiranoico yo? Fin", alimentando la teoría de que la empresa busca presionar al Gobierno o complejizar el escenario político.

Mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmaba un paro general para este jueves en rechazo al proyecto oficialista, en la mesa política de Milei sostienen que la determinación de Madanes Quintanilla responde a un interés oculto. "Debe querer algo. Lo está haciendo a propósito", sentenció un funcionario, mientras el Ejecutivo se mantiene alerta para garantizar que, de concretarse el cierre tras la conciliación, se cumpla estrictamente con el pago de las indemnizaciones a los 920 trabajadores afectados.