Defensa al Consumidor controló la venta de juguetes peligrosos
Una normativa impide comercializar en todo el país juguetes blandos tipo squishy o squeezy de la marca Pinch Family, debido a riesgos para la salud detectados en sus componentes. Los comerciantes deben retirarlos inmediatamente de la venta al público.

La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de Catamarca, llevó adelante recorridos preventivos por distintos comercios de la Capital con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Disposición Nacional N.º 804/2026, que prohíbe la comercialización de determinados juguetes considerados riesgosos para la salud.

Durante los operativos, los inspectores visitaron locales comerciales para informar a los responsables sobre el alcance de la normativa vigente y notificarles acerca de la obligación inmediata de retirar estos productos de la venta al público. Las inspecciones buscan evitar que los artículos alcanzados por la prohibición continúen disponibles para los consumidores.

La medida comprende los juguetes de la marca Pinch Family, comercializados bajo las denominaciones squishy o squeezy. Se trata de figuras blandas de plástico que pueden apretarse con las manos y que suelen presentarse como juguetes antiestrés para niñas y niños.

Desde el organismo provincial señalaron que las tareas de control continuarán en diferentes comercios de la Capital. El propósito es fiscalizar el cumplimiento de la disposición nacional y resguardar la salud y la seguridad de quienes compran estos productos, con especial atención a la protección de la población infantil.

Qué productos están alcanzados por la prohibición

La Disposición Nacional N.º 804/2026 establece la prohibición de comercializar en todo el territorio argentino los juguetes tipo squishy o squeezy correspondientes a la marca Pinch Family.

La restricción alcanza a los productos identificados con esa marca que se caracterizan por su textura flexible y su capacidad de recuperar la forma después de ser apretados. Estos artículos se comercializan como figuras blandas de plástico destinadas al entretenimiento y al alivio del estrés.

De acuerdo con la información difundida, la prohibición responde a riesgos para la salud asociados con la composición de los juguetes. La medida fue adoptada por el Gobierno nacional a través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, mediante la disposición mencionada.

 

Los ftalatos y los resultados de los análisis de laboratorio

Uno de los motivos señalados para justificar la prohibición está relacionado con la presencia de ftalatos en niveles superiores a los límites permitidos. Según la información proporcionada, los análisis de laboratorio detectaron que los juguetes contienen ftalatos, específicamente DEHP, en concentraciones que superan el doble del máximo admitido por las normas de seguridad aplicables a productos infantiles.

Los ftalatos son sustancias químicas que se incorporan a determinados plásticos para proporcionarles flexibilidad. En este caso, la detección de cantidades que excederían los límites establecidos fue señalada como un factor de riesgo para la salud y motivó la adopción de la medida restrictiva.

La disposición busca impedir que estos artículos continúen comercializándose mientras se encuentran alcanzados por la prohibición. La fiscalización en los puntos de venta constituye una instancia para comunicar los motivos de la medida y exigir que los productos sean retirados de manera inmediata.

La información disponible también identifica a Pinch Family como una marca de juguetes blandos de plástico importados desde China. Sus productos son conocidos por las denominaciones squishy o squeezy y se presentan como figuras antiestrés para niñas y niños.

Falta de certificaciones oficiales de seguridad

Otro de los fundamentos consignados para la medida es la falta de controles y certificaciones oficiales de seguridad vigentes en las presentaciones y variantes alcanzadas de la marca.

Según la información difundida, la prohibición comprende las distintas versiones de estos productos que no cuentan con las certificaciones requeridas. Esta circunstancia, sumada a los resultados de los análisis sobre la presencia de sustancias químicas, integra los motivos por los cuales se dispuso impedir su comercialización.

La decisión nacional establece un marco de actuación para los organismos encargados de controlar el cumplimiento de la normativa. En Catamarca, la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor lleva adelante las tareas de información y fiscalización en los establecimientos comerciales de la Capital.

Los procedimientos apuntan a que los comerciantes estén al tanto de la disposición y cumplan con el retiro de los artículos alcanzados. De esta manera, los controles buscan evitar que los juguetes continúen siendo ofrecidos a los consumidores pese a la prohibición vigente.

Desechar los juguetes adquiridos

Además de la obligación de retirar los productos de los comercios, las autoridades recomiendan a las familias desechar los ejemplares de Pinch Family que ya hayan sido comprados.

La recomendación se vincula con los riesgos para la salud señalados como fundamento de la medida, en particular los niveles de DEHP detectados en los análisis de laboratorio y la falta de certificaciones oficiales de seguridad vigentes en las presentaciones alcanzadas.

El mensaje está dirigido especialmente a quienes tienen estos juguetes en sus hogares, dado que se trata de productos comercializados como figuras antiestrés para niños. La advertencia busca evitar que los artículos cuya comercialización fue prohibida continúen en uso.

Continuarán los controles en la Capital

La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor informó que los operativos preventivos seguirán desarrollándose en distintos comercios de la Capital. Los inspectores continuarán comunicando el alcance de la Disposición Nacional N.º 804/2026 y verificando que se cumpla la obligación de retirar los juguetes de la venta al público.

La tarea se enmarca en el objetivo de proteger la salud y la seguridad de los consumidores, especialmente de niñas y niños, frente a productos alcanzados por restricciones nacionales.