Con un amplio despliegue y presencia de equipos interdisciplinarios, este jueves se llevó a cabo un operativo de desalojo en la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo, tras una denuncia presentada por el propietario de los terrenos ocupados. La medida, dispuesta por la Justicia provincial, se desarrolló sin enfrentamientos ni detenciones, y contó con un importante dispositivo de contención social para asistir a las familias involucradas.
Desde las primeras horas de la mañana, distintos organismos del Gobierno provincial participaron del procedimiento con el objetivo de garantizar el orden y prevenir incidentes. En el lugar intervinieron efectivos de la Policía de Catamarca, Infantería, Bomberos, Defensa Civil, SAME, EC Sapem, la Secretaría de Familia y Bomberos Voluntarios, en coordinación con la Justicia y personal de Vivienda y Urbanización.
El operativo, que se inició alrededor de las 7 de la mañana, fue supervisado por el juez interviniente en la causa. Según confirmaron fuentes policiales, la medida se realizó en cumplimiento de una orden judicial y bajo estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad y derechos humanos.
Los terrenos en cuestión se encontraban ocupados de manera irregular desde hacía varios meses, y en la zona ya se habían registrado intentos previos de usurpación. "Hay que entender que la usurpación es un delito y se está actuando en consecuencia", señalaron fuentes de la fuerza, remarcando que la intervención se efectuó "con todas las garantías legales correspondientes".
Contención y acompañamiento a las familias
Ante la situación, el Ministerio de Vivienda y Urbanización actuó de inmediato, desplegando en el lugar un equipo técnico y social para dialogar con los vecinos y brindar asistencia directa. Como resultado de esa intervención, se firmó un acta de compromiso entre las partes y se acordó una reunión para este viernes con las autoridades de la cartera habitacional.
Desde el ministerio se informó que las familias afectadas ya cuentan con un relevamiento social y técnico previo, lo que permitirá abordar la situación particular de cada grupo en el encuentro programado.
El trabajo articulado entre los organismos provinciales permitió alcanzar una desocupación voluntaria de los terrenos, evitando situaciones de conflicto. "El objetivo fue garantizar un proceso ordenado, pacífico y con acompañamiento institucional", destacaron desde la cartera de Vivienda.
Desarrollo del operativo y próximos pasos
Durante el procedimiento, los equipos de seguridad y emergencia trabajaron de forma coordinada para preservar la integridad de las personas y asegurar el cumplimiento de la medida judicial. La situación se mantuvo bajo control durante toda la jornada, aunque con una fuerte presencia policial preventiva en la zona para evitar nuevos intentos de ocupación.
Fuentes oficiales indicaron que el operativo se desarrolló "de forma gradual y pacífica", priorizando el diálogo con las familias que permanecían en el lugar. Los negociadores policiales y los representantes del Ministerio de Vivienda fueron clave para facilitar la salida voluntaria de los ocupantes y canalizar las demandas habitacionales por vías institucionales.
Mientras tanto, el Poder Judicial continuará evaluando los pasos a seguir en relación con la situación legal de los terrenos y la eventual reubicación de las familias que aún no han sido relocalizadas.
Con este operativo, el Gobierno provincial busca preservar el orden jurídico y, al mismo tiempo, dar respuesta a la problemática habitacional mediante la intervención de políticas públicas que promuevan soluciones sostenibles y acordadas con la comunidad.