El conflicto en las universidades nacionales se profundiza a pocos días del inicio del ciclo lectivo. Los gremios docentes confirmaron un paro nacional del 16 al 22 de marzo en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria a paritarias salariales, mientras que los rectores advirtieron que el primer cuatrimestre podría ser "crítico" si no se resuelve la situación.
La medida de fuerza incluirá paros, movilizaciones y clases públicas destinadas a visibilizar el reclamo en todo el país.
Desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires señalaron que el conflicto se mantiene por la falta de actualización salarial. "No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente", expresaron.
Por su parte, el Frente Sindical de Universidades Nacionales (CONADU) ratificó la convocatoria al paro y sostuvo que la decisión responde a "una situación salarial insostenible para la docencia universitaria".
El origen del conflicto por la ley de financiamiento
El 21 de octubre de 2025 el Gobierno promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que el Congreso rechazara los vetos del presidente Javier Milei. Sin embargo, su aplicación quedó suspendida hasta que se definieran las fuentes de financiamiento y se incluyeran las partidas en el Presupuesto.
Ante esa situación, en diciembre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que representa a los rectores de las universidades públicas, presentó un amparo judicial por el incumplimiento de la norma.
El juez federal Martín Cormick falló a favor de los rectores y ordenó al Ejecutivo cumplir de forma inmediata con las disposiciones de la Ley 27.795, especialmente aquellas vinculadas a la actualización de las partidas destinadas a salarios docentes y becas estudiantiles.
No obstante, en febrero de 2026 el Gobierno apeló la medida cautelar y días después envió al Congreso un nuevo proyecto de ley que modifica el esquema vigente, lo que generó nuevas críticas de los gremios y autoridades universitarias.
Las diferencias con el nuevo proyecto del Gobierno
La iniciativa oficial propone cambios en el sistema de financiamiento universitario, especialmente en lo referido a los salarios de docentes y no docentes.
Mientras la ley vigente establece que el Estado debe reconocer la pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023 por efecto de la inflación, el nuevo proyecto plantea reconocer únicamente la pérdida registrada durante 2025.
Desde CONADU cuestionaron la propuesta oficial y aseguraron que la recuperación salarial sería mínima. "Del 55% del salario perdido de 2023, el nuevo proyecto ofrece recuperar apenas un 12% en tres cuotas", señalaron.
El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Oscar Alpa, también advirtió sobre la gravedad de la situación. Según explicó, el 93% del presupuesto universitario se destina al pago de salarios, que actualmente se encuentran muy deteriorados.
"Hay docentes que renunciaron y otros que cobran alrededor de $250.000 mensuales", indicó.
Reclamos por el presupuesto y los gastos de funcionamiento
Otro punto de conflicto es el financiamiento para el funcionamiento de las universidades.
La normativa actual obliga al Estado a recomponer las partidas afectadas por la inflación en los últimos dos años, incluyendo fondos para hospitales universitarios y programas de ciencia y tecnología.
En cambio, el proyecto enviado por el Gobierno no contempla una recomposición por lo ocurrido en 2024 y 2025 y establece que en 2026 solo habrá actualización del presupuesto si la inflación anual supera el 14,3%.
Desde el sector docente advierten que, si el Ejecutivo insiste en modificar la ley, el conflicto podría escalar aún más. "Si el gobierno avanza con la reforma, nos asomamos a un posible paro por tiempo indeterminado", afirmó la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier.
Los rectores advierten por el inicio del ciclo lectivo
A fines de febrero, el Consejo Interuniversitario Nacional emitió un comunicado en el que volvió a exigir el cumplimiento de la ley y la convocatoria a paritarias.
Entre los principales reclamos se encuentran:
Recuperar el salario perdido durante 2024 y 2025
Establecer pautas de actualización de gastos de funcionamiento
Garantizar el financiamiento del sistema científico y tecnológico
Actualizar los montos de las becas estudiantiles
"Se trata de garantizar las condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades académicas y científicas del ciclo lectivo 2026", señalaron.
En ese sentido, el titular del CIN reiteró su preocupación por el panorama del sistema universitario. "Si no se aplica correctamente la ley, será un cuatrimestre crítico para las universidades", advirtió Alpa.
Desde los gremios docentes coincidieron con ese diagnóstico y anticiparon que el año académico podría desarrollarse en medio de fuertes conflictos si no hay una solución al reclamo salarial.
