Los docentes universitarios anunciaron un paro para este miércoles 30 de septiembre, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y por una recomposición salarial. La medida de fuerza podrá extenderse durante 72 horas, según lo resuelto por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que reúne a la CONADU.
La decisión fue adoptada este viernes durante un plenario del sector sindical y contempla, además, la posibilidad de coordinar la protesta con la CONADU Histórica. De esta manera, el reclamo docente vuelve a instalarse en el centro de la agenda universitaria, con una nueva jornada de cese de actividades definida para los últimos días de septiembre.
El gremio estableció una condición concreta para dejar sin efecto la medida. El paro se suspenderá únicamente si el Gobierno cumple, antes del martes 29 de septiembre, con la recomposición salarial del 33,4% contemplada en la Ley de Financiamiento Universitario.
El reclamo se sostiene sobre una diferencia entre la actualización salarial que demanda el sector y la propuesta realizada por el Gobierno en la última negociación paritaria. Según los docentes universitarios, todavía permanece pendiente una actualización salarial cercana al 30%.
Rechazo a la última propuesta del Gobierno
El conflicto salarial se profundizó luego de que el Gobierno ofreciera una suba del 3% en la última paritaria. La propuesta fue rechazada por los docentes universitarios, que mantienen el reclamo por una recomposición de mayor alcance.
La distancia entre ambas posiciones derivó en la convocatoria a una nueva instancia de protesta a nivel nacional. En este escenario fue anunciada la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre, que se suma al paro definido para los últimos días de septiembre.
Así, las medidas anunciadas configuran un calendario de protestas que contempla primero el cese de actividades y posteriormente una nueva movilización federal, en un contexto marcado por el reclamo de los gremios docentes por la aplicación de las disposiciones vinculadas con el financiamiento universitario.
El planteo de CONADU
La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, sostuvo que uno de los objetivos de la estrategia sindical es fortalecer la organización colectiva frente al escenario que atraviesa el sector.
En ese sentido, Chevalier planteó que el contexto está marcado por la "fragmentación e individualismo" impulsados por el gobierno de Javier Milei. La definición forma parte del posicionamiento sindical frente al conflicto y del llamado a reforzar la acción colectiva de los trabajadores universitarios.
La discusión salarial aparece así vinculada con una disputa más amplia en torno al cumplimiento de la legislación sobre financiamiento universitario y a las condiciones establecidas para la actualización de los ingresos de los trabajadores del sistema.
El Gobierno apelará el fallo sobre la Ley de Financiamiento
En paralelo con el anuncio del paro, el conflicto mantiene un capítulo judicial. Según informó TN, el Gobierno apelará la resolución que le otorgó un plazo de cinco días para cumplir de manera total con la cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.
La presentación será realizada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y estará dirigida contra la intimación dispuesta por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11.
El magistrado sostuvo que "no existe cumplimiento total" de la cautelar y advirtió que podrá aplicar multas por cada día de demora si el Poder Ejecutivo no cumple dentro del plazo establecido. La resolución judicial agrega así un nuevo elemento a un conflicto que ya combina el reclamo gremial por los salarios con una disputa sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Dos posiciones frente al cumplimiento de la cautelar
La posición expresada por la Casa Rosada respecto del cumplimiento de la medida judicial difiere de la interpretación realizada por el juez. Funcionarios que siguen el expediente sostienen que el Ejecutivo ya dio cumplimiento a la medida cautelar y que esa situación fue informada y acreditada ante la Justicia.
Ese argumento será uno de los principales ejes de la presentación que el Gobierno realizará contra la nueva resolución judicial. La apelación buscará cuestionar la intimación que establece el plazo de cinco días para completar el cumplimiento de la cautelar.
Sin embargo, la presentación no modifica otro aspecto central del expediente: la cautelar original ya quedó firme. Por lo tanto, la apelación no vuelve a abrir la discusión sobre esa resolución inicial.