El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca salió a desmentir de manera categórica las versiones que indicaban una supuesta revisión o flexibilización de la sanción aplicada a los seis alumnos involucrados en la denominada "guerra de bengalas". El episodio tuvo lugar en la Escuela Secundaria N°8 José Cubas, ubicada en la localidad de San Isidro, en el departamento Valle Viejo.
Desde la cartera educativa aclararon a La Unión que la medida adoptada no implica la expulsión del sistema educativo, sino la expulsión del establecimiento, lo que obliga a los estudiantes a buscar una nueva institución donde continuar su trayectoria escolar.
Esta precisión surge en respuesta a versiones que señalaban que el Ministerio habría optado por dar marcha atrás a su decisión inicial. Sin embargo, desde el organismo se negó esa interpretación y se ratificó la sanción en los términos originalmente establecidos.
El episodio
El hecho que motivó la sanción tomó estado público a partir de una filmación que comenzó a circular la semana pasada. En las imágenes se observa a varios alumnos distribuidos en distintos sectores del aula, protagonizando un intercambio de bengalas que fue descrito como una situación de alta imprudencia y riesgo evidente.
Durante el registro audiovisual se aprecia cómo los estudiantes comienzan a "dispararse" bengalas entre sí, generando detonaciones que recorren el salón de un extremo a otro. La escena evidencia un contexto de sorpresa, descontrol y participación activa por parte de los involucrados.
Uno de los aspectos más preocupantes del episodio es que algunas de las bengalas impactaron directamente en los propios estudiantes, incrementando la gravedad potencial de las consecuencias. El episodio no solo generó alarma por el peligro físico inmediato, sino también por lo que representa en términos de convivencia y seguridad dentro del ámbito escolar.
La sanción
Tras la difusión del material y la intervención de las autoridades, el Ministerio informó que se llevó adelante una revisión administrativa y pedagógica exhaustiva, que permitió identificar a los alumnos involucrados.
En base a ese análisis, y conforme a las normativas vigentes que regulan la convivencia escolar y el régimen disciplinario institucional, se determinó la aplicación de sanciones disciplinarias de máxima gravedad.
Detalles clave de la medida:
Identificación de los responsables mediante investigación interna.
Aplicación de sanción máxima prevista en el régimen disciplinario.
Separación definitiva del establecimiento educativo.
Obligación de continuar estudios en otra institución.
El Ministerio enfatizó que los estudiantes serán expulsados del establecimiento, dejando en claro que la decisión responde a la gravedad de los hechos registrados.
Un mensaje institucional contundente
En su comunicación oficial, el organismo educativo expresó que no tolerará este tipo de actos, a los que calificó como vandálicos e irresponsables, señalando que atentan contra:
El patrimonio educativo
El esfuerzo colectivo destinado a mejorar la enseñanza
Las condiciones de aprendizaje
Además, se subrayó un elemento contextual relevante: el edificio donde ocurrió el hecho había sido refaccionado en su totalidad durante el año pasado, en el marco de las políticas de inversión en infraestructura escolar impulsadas por el Gobierno provincial.
Este dato refuerza la postura institucional, al vincular el incidente no solo con una cuestión disciplinaria, sino también con el cuidado de los espacios educativos recientemente mejorados.
Convivencia, prevención y compromiso educativo
El Ministerio reafirmó su compromiso con principios fundamentales del sistema educativo, destacando que las escuelas deben ser:
Ámbitos de formación integral
Espacios de diálogo y convivencia pacífica
Entornos seguros para todos los estudiantes
En esa línea, se advirtió que cualquier conducta que vulnere estos valores será abordada con la seriedad y responsabilidad que corresponde.
Asimismo, se informó que se continuará trabajando de manera articulada con:
Directivos
Docentes
Equipos técnicos
El objetivo es fortalecer las acciones de prevención, así como el acompañamiento y la promoción de una convivencia escolar basada en el respeto y los valores democráticos.
La decisión del Ministerio no solo responde a un hecho puntual, sino que busca sentar un precedente claro respecto a los límites dentro del ámbito escolar. La combinación de riesgo físico, daño potencial y conducta colectiva llevó a la aplicación de una sanción ejemplificadora.
