La ciudad de Corrientes se ha convertido en el epicentro de un intenso debate teológico y jurídico tras la celebración de un sacramento que desafía las estructuras tradicionales de la Iglesia Católica local. El Fray Fernando Luis Gómez, responsable de la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, se ha visto obligado a abandonar la provincia de forma temporal tras la fuerte controversia generada por el casamiento de una pareja trans el pasado 28 de enero.

Lo que para los contrayentes fue la culminación de un deseo espiritual de cinco años, para la jerarquía eclesiástica representó una falta grave a las normas del Derecho Canónico, desencadenando una serie de sanciones y comunicados cruzados que hoy mantienen al sacerdote fuera de su jurisdicción.

Crónica de una unión y el origen del conflicto

La historia comenzó cuando Solange Ayala (33), militante del colectivo LGBT, e Isaías Díaz Núñez (26) decidieron formalizar su relación de más de un lustro ante el altar. Ambos habían realizado previamente el cambio de nombre y género en sus documentos de identidad, amparados por la Ley de Identidad de Género. Según relató la propia Solange, la elección de la parroquia de Nuestra Señora de Pompeya respondió a la reputación de apertura del templo hacia la comunidad.

El proceso administrativo se llevó a cabo bajo los canales habituales:

Se inició un expediente matrimonial formal.

La pareja mantuvo entrevistas con el fray Gómez, quien los recibió positivamente.

El sacerdote les explicó los pasos a seguir y, según la versión de los novios, él mismo consultó la situación, argumentando que, al ser biológicamente un varón y una mujer, no existían impedimentos para el sacramento.

Sin embargo, tras la difusión del enlace, las quejas de un sector de la feligresía llegaron al Arzobispado de Corrientes, encendiendo las alarmas de las autoridades superiores.

La respuesta del Arzobispado

El arzobispo José Alfredo Larregain no tardó en fijar una posición de rechazo. A través de un comunicado oficial, el Arzobispado cargó la responsabilidad sobre Gómez, acusándolo de omitir la elevación de la documentación necesaria para validar el trámite religioso. Larregain fue tajante al señalar que la validez y licitud de un enlace matrimonial exige condiciones esenciales que, según su criterio, fueron ignoradas.

"La omisión de estas condiciones no solo desvirtúa el significado profundo del sacramento, sino que también puede generar confusión en la comunidad de los fieles", sostuvo el Arzobispo.

La Iglesia correntina ha confirmado que procederá "actuando de oficio" conforme al Derecho Canónico, lo que indica que se han iniciado las gestiones para la anulación del casamiento. A pesar de este rigor legal, el Arzobispado intentó matizar el impacto del mensaje asegurando que mantienen el compromiso de ser una "Iglesia que acoge y acompaña", pero siempre bajo la estricta fidelidad a la doctrina y al orden jurídico eclesiástico.

El destino del Fray Gómez y el sumario interno

Fray Fernando Luis Gómez, quien regresó a su Corrientes natal hace tres años tras desempeñarse en Gobernador Gálvez, Santa Fe, se encuentra actualmente en una situación incierta. El sacerdote, perteneciente a la orden de los Frailes Menores, llegó para reemplazar a fray Nelson Saucedo (destinado a Guinea Ecuatorial), pero su gestión al frente de Pompeya ha quedado marcada por este suceso.

Actualmente, el escenario administrativo y personal del religioso se resume en los siguientes puntos:

Traslado temporal: Permanecerá fuera de la provincia de Corrientes, al menos hasta fin de mes, por recomendación de sus superiores.

Expediente administrativo: Aunque en la parroquia manifestaron desconocer detalles de un expediente iniciado por Larregain, el Arzobispado ya actúa de oficio.

Defensa del sacerdote: En su propio comunicado, Gómez dio a entender que la pareja cumplió con los requisitos básicos, aunque admitió que se reforzarán los procedimientos de verificación y entrevista para evitar futuras "confusiones".

Mientras la parroquia de Pompeya informa escuetamente sobre su ausencia, el caso de Solange e Isaías queda como un precedente de tensión entre la Ley de Identidad de Género civil y la tradición viva de la Iglesia, dejando en el aire la validez de un sacramento que ahora enfrenta el juicio de los tribunales eclesiásticos.