La tensión entre el Gobierno Nacional y las centrales obreras ha alcanzado un nuevo punto crítico en la antesala de una votación parlamentaria decisiva. En el marco del inminente tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo anunció formalmente que procederá a descontar el día de haberes a todos los empleados públicos que no concurran a sus puestos de trabajo durante la jornada de huelga convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta decisión administrativa se fundamenta en la visión oficial de que la medida de fuerza no constituye una justificación válida para la ausencia laboral, ratificando que quienes no cumplan funciones verán un impacto directo en sus haberes.
El anuncio se produce en un momento político de alta sensibilidad, mientras el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados busca emitir dictamen de comisión este miércoles, con el objetivo firme de llevar la reforma al recinto para su votación definitiva. La huelga general sería convocada para el mismo día en que se debata el proyecto, en una sesión que podría realizarse este jueves 19 de febrero o, en caso de una postergación técnica, el miércoles 25. La protesta, según confirmaron fuentes sindicales, tendría una duración de 24 horas y, en principio, no incluiría una movilización centralizada por parte de la CGT, aunque se ha otorgado libertad de acción a cada gremio.
A diferencia de otras huelgas previas, esta vez se prevé una adhesión de especial amplitud por parte de los gremios del transporte. Esto implica que, durante la jornada de protesta, no habría servicio de colectivos, trenes, subtes ni taxis en todo el territorio. Ante este escenario de parálisis logística, el Gobierno insistió en una postura inflexible al señalar que los trabajadores estatales deberán organizarse para llegar y cumplir con sus tareas a pesar de las dificultades de movilidad.
Esta advertencia oficial generó una inmediata reacción en la cúpula sindical. El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, rechazó la medida y sostuvo que el derecho a huelga se encuentra plenamente garantizado por la Constitución Nacional. Aguiar afirmó que el paro en la administración pública va a ser total en todo el país y consideró que el descuento del día representa un acto de autoritarismo por parte de la gestión actual. Desde ATE adelantaron además su intención de movilizar frente al Congreso durante el debate, aunque el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, reconoció que la falta de transporte podría dificultar la convocatoria en las calles.
Por su parte, el titular de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, sumó sus críticas al proyecto oficialista al sostener que la reforma quita derechos y no cumplirá con el objetivo de crear nuevos empleos. Rodríguez cuestionó puntualmente un artículo de la iniciativa que reduce los salarios durante las licencias por enfermedad o accidente, calificándolo como una incorporación sumamente cuestionable dentro del marco normativo que se pretende aprobar.
El oficialismo, sin embargo, apuesta a avanzar con la reforma en el recinto inmediatamente después del dictamen en comisión. La iniciativa de La Libertad Avanza incluye cambios profundos en el régimen de licencias, en la estructura de la negociación colectiva y en los mecanismos vigentes para la resolución de conflictos laborales. Estos puntos son precisamente los que han generado el núcleo del rechazo sindical y la escalada de la confrontación política en la previa de la sesión legislativa. Con la fecha definitiva supeditada al cronograma que fije la Cámara Baja, el cruce de advertencias entre los descuentos estatales y la promesa de una adhesión masiva profundiza la brecha entre el Ejecutivo y los representantes de los trabajadores.
