El proyecto de Presupuesto nacional para 2027 contempla una reducción de 2.578 beneficiarios de pensiones por discapacidad respecto de la cantidad de personas que actualmente reciben esta prestación. La proyección contrasta con el reclamo de la Iglesia, que solicitó al Gobierno garantizar la continuidad de la Ley de Emergencia en Discapacidad y manifestó su preocupación por más de 200 mil solicitudes que permanecen «en trámite».
El planteo fue presentado en un documento que representantes de la Conferencia Episcopal Argentina entregaron a las autoridades del Ministerio de Salud durante una reunión realizada esta semana. La normativa vigente vence el 31 de diciembre, por lo que la Iglesia insistió en la necesidad de garantizar su continuidad.
Sin embargo, las estimaciones presupuestarias elaboradas por el Ministerio de Salud para 2027 anticipan una disminución en la cantidad de personas alcanzadas por estas prestaciones.
Diferencias entre las pensiones previstas en la normativa
La ley promulgada este año por el Poder Ejecutivo, luego de un veto y una orden judicial, creó la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social. No obstante, tanto el discurso oficial como el proyecto de Presupuesto 2027 continúan utilizando la denominación Pensión no Contributiva por Invalidez Laborativa.
La diferencia entre ambas figuras no es únicamente nominal. Cada una establece distintos alcances y condiciones de acceso, ya que la prestación por invalidez laborativa contempla criterios más restrictivos para determinar quiénes pueden recibir el beneficio. Estas diferencias también repercuten en la asignación presupuestaria destinada a financiar las prestaciones.
En las proyecciones de gastos para 2027, el Gobierno intentó introducir modificaciones en la normativa vigente. La propuesta generó cuestionamientos incluso entre sectores aliados de La Libertad Avanza, cuyos representantes manifestaron desconocer algunos de sus detalles.
En ese contexto, el Ejecutivo presentó un nuevo proyecto de norma sobre discapacidad, al que calificó como «superador». La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría en el Congreso.
Las solicitudes pendientes y el costo fiscal
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el proyecto podría permitir la incorporación de 200 mil titulares de pensiones, con un costo fiscal equivalente al 0,04% del Producto Bruto Interno (PBI).
La cifra coincide con la cantidad de solicitudes pendientes que la Iglesia denuncia que permanecen sin resolución. Según el planteo de la institución, esas personas ya deberían haber ingresado al sistema en el marco de la actual Ley de Emergencia en Discapacidad.
Qué dicen las proyecciones para 2027
De acuerdo con el Boletín Estadístico de la Seguridad Social, actualizado en junio, actualmente 1.144.014 personas cobran una pensión por discapacidad.
En cambio, el proyecto de Presupuesto para 2027 calcula un total de 1.141.436 beneficiarios. Si se cumple esa previsión, la cantidad de prestaciones disminuiría en 2.578 respecto del último registro disponible.
De esta manera, las estimaciones oficiales anticipan una reducción en el número de beneficiarios, en un contexto marcado por los reclamos para resolver las solicitudes pendientes y por la posibilidad de incorporar a unas 200 mil personas al sistema.
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