Un nuevo tira y afloje se gesta entre las empresas de transporte público de la provincia y el Gobierno provincial. En el centro de la escena aparecen, en primer término, los usuarios, y luego los trabajadores, quienes observan con preocupación la posibilidad de que sus fuentes laborales se vean amenazadas.

La controversia surge a partir de un pedido formal presentado por las patronales, que este martes mantendrán una reunión con autoridades del Ministerio de Transporte para evaluar la aprobación de una restricción horaria del servicio prevista para este miércoles 25 de febrero.

La solicitud fue formulada por los titulares de las Empresas Concesionarias del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en la modalidad corta y media distancia, quienes mediante nota dirigida al secretario de Transporte solicitaron reducir la prestación del servicio en la franja comprendida entre las 6 y las 20 horas, a partir de mañana.

Las empresas y el reclamo por los subsidios

Las firmas La Rubí, Cooperativa San Fernando, GM y 25 de Agosto fundamentaron la medida en lo que describen como una "permanente situación de falta de pago de los subsidios y compensaciones económicas", con atrasos constantes de entre tres y cuatro meses.

En la nota enviada a las autoridades, las patronales sostienen que esta dilación es "extrema e injustificada" y que atenta de modo directo contra la continuidad de la prestación del servicio, tornando inviable el sostenimiento económico de la actividad.

Según expresaron, la decisión de reducir el servicio constituye una medida temporal, adoptada ante la "imposibilidad material de cumplimiento de la prestación" en las condiciones actuales.

Entre los principales argumentos expuestos por las empresas se destacan:

Atrasos de entre tres y cuatro meses en subsidios y compensaciones económicas.

Dependencia en más de un 70% de los recursos estatales para el funcionamiento del sistema.

Fijación de la tarifa por parte del Estado, considerada por las patronales como una "imposición arbitraria", alejada de la estructura real de costos de explotación.

Las concesionarias señalaron además que la medida se mantendrá "en tanto el Estado provincial no recomponga la situación presente transfiriendo a las empresas prestadoras los montos adeudados y normalice en lo sucesivo la gestión de los pagos, tanto en su cuantía como en la oportunidad en que deben realizarlos".

La postura oficial

Desde el área de Transporte indicaron a La Unión que la deuda expuesta por las empresas "no es tal", y adelantaron que ese será uno de los temas centrales a tratar en la reunión prevista para este martes.

De este modo, la discusión se traslada al plano institucional, donde se buscará determinar si corresponde o no el planteo de las concesionarias y si la reducción horaria solicitada será finalmente autorizada.

Mientras tanto, la incertidumbre se traslada a los usuarios que dependen diariamente del servicio urbano e interurbano para trasladarse dentro y fuera de la ciudad.

La alerta de UTA y el impacto laboral

En paralelo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Catamarca se mantiene en estado de alerta ante la solicitud empresaria.

"Desde nuestro lugar de representantes de los compañeros que prestan servicio en transporte, nosotros conocemos exactamente lo mismo que conocen ustedes. Es una decisión de parte de todas las empresas que hacen el servicio urbano e interurbano de acá de Catamarca y solamente conocemos lo que dice la nota presentada en la Secretaría de Transporte", afirmó Roque Chanquía, referente gremial.

El dirigente explicó que el gremio no fue notificado formalmente y que durante la jornada mantendrán reuniones con referentes de cada empresa para interiorizarse en la situación.

Chanquía advirtió que el recorte horario podría derivar en una reducción de frecuencias, lo que encendería señales de alarma en materia laboral.

"Esta cuestión enciende las alarmas y sabemos lo que puede significar, no solamente lo que es la reducción de horario, que es algo que a nosotros no nos afectaría, pero sí la reducción de servicios porque sabemos que reducción de servicio puede llegar a significar una suspensión de personal", sostuvo.

En la provincia trabajan más de 400 choferes, con jornadas habituales de ocho horas, por lo que cualquier modificación en la cantidad de servicios podría impactar de manera directa en la estabilidad laboral del sector.

Usuarios en el medio de la disputa

Mientras empresas y Gobierno sostienen posiciones encontradas respecto a la existencia y magnitud de la deuda, y el gremio advierte sobre posibles consecuencias laborales, los usuarios quedan en el centro de una disputa que podría traducirse en una reducción concreta de la oferta de transporte.

La reunión de este martes será determinante para conocer si la restricción horaria solicitada se implementará desde el miércoles 25 de febrero o si, por el contrario, se alcanza algún entendimiento que permita sostener el servicio en su esquema habitual.

En un contexto de tensión financiera y dependencia estructural de subsidios estatales, el sistema de transporte provincial vuelve a quedar bajo presión, con un escenario abierto que mantiene en vilo tanto a trabajadores como a pasajeros.