En la tarde hoy jueves, los feriantes de La Gruta de la Virgen del Valle se mostraron enojados por el pedido de "dar de baja" al contrato por los locales anteriores a la obra y realizar otro nuevo contrato.
Por esto, uno de los trabajadores del lugar señaló que el Obispado de Catamarca pone en riesgo su fuente laboral. Además, el mismo hombre dijo que en el contrato está estipulado un aumento del 300% de alquiler, más expensas, por la cual, los mismos están en contra ya que de la limpieza del predio se encarga la Municipalidad de la Capital y por alumbrado público, al ente religioso no se le cobra dinero.
Nota de los feriantes:
"Ante la intimación llevada a cabo de manera ARBITRARIA, ILEGAL E IRRAZONABLE por parte de la administración del Obispado de la Provincia de Catamarca, a los comerciantes que integramos el complejo comercial construido en inmediaciones de la “Aguada”, sector de la gruta de la Virgen del Valle. Rechazando desde ya la misma y recordando la vigencia de lo contractualmente firmado desde hace aproximadamente dos años atrás. Debe saberse que, una semana antes de la pandemia COVID-19, en reunión llevada a cabo en instalaciones de la hoy casa de gobierno, fue cuando a pedido de autoridades del municipio accedimos a suspender nuestras actividades comerciales por motivos de la construcción de los nuevos locales y acordando la relocalización de cada uno de nosotros en los locales comerciales, por rubro y actividad lícita y comercial que realizamos, con aportes AFIP y pago de tasas y servicios. Habiendo soportado las consecuencias de la pandemia, como todos los que vivimos de las actividades de comercio, es que, a fines del año 2021, nos encontramos con la triste realidad de que, quien administra el complejo comercial es el Obispado de Catamarca. Decimos triste realidad porque como fue de público conocimiento el maltrato y violento actuar del obispo en persona en aquellos momentos; entonces sentarnos a pactar con los representantes del obispado fue someternos sistemáticamente a reglas de las que hoy denunciamos como Ilegitimas. Teniendo en cuenta que, y de hecho así lo pactamos en las distintas reuniones previas (con autoridades municipales) a la construcción del complejo comercial debía serlo administrado por el municipio con la participación de representantes y/o asociación de comerciantes, cuyos convenios o concesión (no contrato de alquiler) debían ser prioridad con quienes estuvimos desde un comienzo apuntalando un turismo religioso y que hoy es una gran realidad. Hoy nos sentimos perjudicados (moral y económicamente) por la intención del obispado de volver a barajar lo acordado y dejar sin efecto contractualmente lo aún vigente.
Corrió mucha agua por el rio, pero en resumen para entender esta situación, nunca podría haberse apropiado de todo este complejo el obispado, desde el año 2008 con el nacimiento de la Ordenanza Nº 4545/08 de expropiación, de los inmuebles de la Familia Carabús, titulares de dominio de los inmuebles sometidos a utilidad pública (causa fin mencionada expresa y concretamente en la ordenanza). ¿Ahora es claro el significado “UTILIDAD PUBLICA”?, o es un ejercicio privado del Obispado y con un interés meramente recaudatorio y discriminatorio. Accionar que reprochamos porque desde los comienzos fue la intención de un modelo de complejo comercial con reglas claras y cumpliendo la esencia y causa del mismo, con concesiones de prioridad a los comerciantes primarios, con administración conjunta entre los actores y en cumplimiento con las ordenanzas y normativas de creación".
