En medio de una profunda crisis en el transporte urbano, el Gobierno de Catamarca decidió intervenir con una postura clara frente al conflicto que afecta a la empresa El Nene S.R.L., responsable de la Línea 104. La interrupción del servicio, que se registra desde el 27 de abril, no solo compromete la operatoria habitual del sistema, sino que también repercute de manera directa en cientos de usuarios que dependen diariamente de este medio para trasladarse.
Ante este escenario, el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, a través de la Secretaría de Transporte, resolvió intimar formalmente a la empresa a restablecer de manera inmediata la prestación del servicio. La medida marca un punto de inflexión en el conflicto, evidenciando la decisión del Ejecutivo de no permanecer ajeno a una situación que afecta tanto a trabajadores como a la comunidad en general.
Desde la cartera que conduce Poliche se subrayó que la interrupción del servicio no puede ser considerada un hecho aislado ni menor, sino una problemática que incide en el funcionamiento cotidiano de la sociedad.
El transporte como derecho esencial
Uno de los ejes centrales del posicionamiento oficial radica en la definición del transporte público como un derecho esencial y no un servicio optativo. En ese sentido, se enfatizó que su suspensión impacta de manera directa en distintos sectores:
- Trabajadores, que dependen del servicio para cumplir con sus jornadas laborales.
- Estudiantes, cuya movilidad se ve comprometida.
- Familias, que organizan su vida diaria en función del transporte urbano.
El Gobierno provincial remarcó que ninguna situación particular, incluyendo conflictos gremiales, puede justificar la suspensión total del servicio, ya que las empresas permisionarias tienen la obligación legal de garantizar:
- Continuidad en la prestación.
- Regularidad en la frecuencia.
- Eficiencia en el funcionamiento.
Este posicionamiento deja en claro que la responsabilidad empresarial no se limita a la operación comercial, sino que se extiende al cumplimiento de un rol social clave.
Advertencias y posibles sanciones
En el marco de la intimación, la Secretaría de Transporte fue enfática al advertir que el Estado no permanecerá pasivo frente a situaciones que perjudiquen a la comunidad. En consecuencia, se adelantó que, en caso de incumplimiento por parte de la empresa, se avanzará con distintas medidas contempladas en la normativa vigente.
Entre las posibles sanciones se incluyen:
- Multas económicas.
- Suspensión del permiso de operación.
- Caducidad del permiso.
- Inhabilitación para operar.
Además, se dejó abierta la posibilidad de implementar medidas de urgencia para garantizar la continuidad del servicio, tales como la intervención directa del Estado o la prestación a través de terceros.
El objetivo central de estas acciones fue definido con claridad: garantizar que los usuarios recuperen el servicio en condiciones normales, reafirmando el rol estatal como garante del acceso a derechos y del funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
La preocupación de UTA
En paralelo a la postura oficial, el conflicto también expone la situación crítica que atraviesan los trabajadores del sector. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el secretario de la seccional Catamarca, Juan Vergara, expresó su preocupación ante el escenario actual.
"Nos preocupa mucho", señaló el dirigente sindical, al tiempo que dejó en claro la postura del gremio frente a una eventual continuidad de la crisis. En caso de que la empresa no continúe operando, adelantó que solicitarán que se garantice la estabilidad laboral de la totalidad de los trabajadores.
La situación salarial es otro de los puntos críticos. Según detalló Vergara, hubo empleados que percibieron solo entre un 60% y un 70% de sus haberes, lo que llevó al gremio a exigir el pago completo de los sueldos adeudados. Esta irregularidad se agrava por el contexto temporal, ya que, según indicó, los trabajadores se encuentran a 15 días del vencimiento del próximo salario.
El dirigente también remarcó que la crisis no es reciente, sino que se viene arrastrando desde hace varios meses. "Ya venimos pasando varios meses con esta situación", afirmó, destacando el impacto sostenido sobre los choferes y sus condiciones de vida.
