La Justicia federal de Córdoba dictó un fallo de fuerte impacto judicial y sanitario al reconocer que la muerte de Melín Agustina Sartori estuvo vinculada a efectos adversos derivados de la aplicación de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19. La decisión fue tomada por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que resolvió a favor de María Virginia Ruiz, madre de la joven fallecida en julio de 2021.
El tribunal concluyó que el fallecimiento de Sartori estuvo directamente relacionado con una trombosis con trombocitopenia desencadenada luego de recibir la primera dosis de la vacuna rusa. La resolución llegó casi cinco años después del inicio de las actuaciones judiciales y tras un extenso proceso atravesado por informes médicos, estudios especializados y revisiones técnicas.
La sentencia fue considerada novedosa por la propia representación legal de la familia, que aseguró no conocer antecedentes similares en la Justicia argentina vinculados a efectos adversos de vacunas contra el Covid-19.
El caso de Melín Agustina Sartori
Melín Agustina Sartori falleció el 29 de julio de 2021 en la ciudad de Córdoba. Según el relato aportado por su entorno durante el proceso judicial, la joven gozaba de buen estado de salud y practicaba deporte de manera frecuente antes de recibir la vacuna.
El 15 de julio de 2021 recibió la primera dosis de Sputnik V. Seis días después comenzó a presentar síntomas que incluyeron cefaleas y vómitos, situación que derivó en una internación médica. Con el correr de las horas, el cuadro evolucionó hacia una trombosis con trombocitopenia y posteriormente derivó en un deterioro neurológico irreversible. Finalmente, Melín murió 14 días después de la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.
Tras años de estudios médicos y presentaciones judiciales, la Cámara Federal reconoció como válidos los informes de especialistas que concluyeron que la trombosis había sido inducida por la dosis administrada.
El proceso judicial y el carácter inédito del fallo
El abogado de María Virginia Ruiz, Martín Barbará, se refirió públicamente a la trascendencia de la sentencia y destacó la complejidad que implicó llevar adelante el expediente.
"Fue un proceso novedoso. Tocaba toda una cuestión que no estaba estandarizada", explicó el letrado en declaraciones brindadas a Clarín.
Según detalló, cuando la familia inició el reclamo no existía un procedimiento claro para denunciar situaciones de este tipo vinculadas a posibles reacciones adversas graves derivadas de vacunas aplicadas durante la pandemia. Esa falta de mecanismos específicos derivó, de acuerdo con lo señalado por Barbará, en un trámite extenso, complejo y atravesado por demoras. A pesar de ello, el expediente avanzó hasta llegar a una resolución favorable para la familia de la víctima.
El abogado remarcó además que no tiene conocimiento de otro antecedente judicial similar en el país. "Entiendo que es el primero", sostuvo al referirse al fallo emitido por la Cámara Federal de Córdoba.
El papel de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas
Uno de los elementos centrales dentro de la causa fue la intervención de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), organismo que revisó el caso en el marco de la investigación judicial.
Según se indicó, a partir de la evolución del consenso científico internacional sobre determinados eventos adversos vinculados a vacunas contra el Covid-19, la comisión resolvió reclasificar el episodio y reconoció formalmente el nexo de causalidad entre la aplicación de la Sputnik V y el daño sufrido por Melín Sartori.
La participación de la CoNaSeVa resultó determinante dentro del expediente debido a que aportó una evaluación técnica y científica sobre la relación entre la vacuna y el cuadro clínico que derivó en el fallecimiento de la joven.
El planteo sobre la farmacovigilancia
Otro de los aspectos mencionados por la representación legal de la familia estuvo relacionado con el sistema de farmacovigilancia aplicado a la vacuna Sputnik V.
Martín Barbará sostuvo durante el proceso que la vacuna "no tenía farmacovigilancia", en referencia a la ausencia de un monitoreo continuo orientado a detectar, evaluar y prevenir posibles reacciones adversas. Ese punto formó parte de los elementos debatidos dentro del expediente judicial y quedó incorporado en el análisis global realizado por la Cámara Federal.
El fallo de la Justicia federal cordobesa marcó así un precedente relevante dentro del análisis judicial de efectos adversos asociados a vacunas contra el Covid-19, aunque circunscripto al caso particular evaluado por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.