En el centro del escenario político y social de la Argentina, un movimiento impulsado por el dolor de las familias y la exigencia de justicia ha tomado una fuerza sin precedentes. Ciudadanos de todo el país, junto a familiares de víctimas de crímenes graves, han consolidado a través de la plataforma Change.org una petición que busca transformar estructuralmente la justicia argentina. El eje de este reclamo es la aprobación de la denominada "Ley Jeremías", un proyecto que surge como respuesta directa al brutal asesinato de Jeremías Monzón en la provincia de Santa Fe.
Este caso no solo conmocionó a la opinión pública por su crudeza, sino que se convirtió en el catalizador de un debate necesario y postergado sobre la edad de imputabilidad y la responsabilidad de los menores en hechos de sangre. A la lucha de la familia de Jeremías se han unido también los allegados de Facundo Bracamonte y Katherine Alva, quienes hoy representan un frente común contra lo que consideran un sistema que ampara la impunidad. El pedido es unívoco: respuestas concretas del Estado y un marco legal que garantice que los crímenes atroces no queden sin sanción efectiva debido a vacíos legislativos.
La agenda parlamentaria y el compromiso del Ejecutivo
El contexto institucional ha dado un giro significativo con la reciente decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Mediante el decreto 53/2026, se ha incorporado formalmente el tratamiento del Régimen Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. Esta medida habilita la discusión parlamentaria a partir del 2 de febrero, permitiendo que los legisladores aborden la actualización de una normativa que la sociedad percibe como obsoleta.
El impulso político ha sido ratificado por las máximas autoridades del país. El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmaron la inclusión de esta reforma en la agenda legislativa, otorgando un respaldo institucional a la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad. A nivel provincial, la postura del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ha sido fundamental para dotar de narrativa a este cambio; según el mandatario, "la ley penal debe juzgar el delito y no la edad", una frase que se ha convertido en el lema de quienes exigen que el sistema se centre en la magnitud del daño causado.
Puntos centrales de la reforma: un sistema basado en la gravedad
La campaña impulsada por las familias en change.org/LeyJeremias no es solo una expresión de deseo, sino un programa detallado de exigencias técnicas que buscan cerrar las grietas del sistema judicial. Los puntos irrenunciables de la petición incluyen:
- Aprobación inmediata de la "Ley Jeremías": Para que la escala penal se determine por la gravedad del acto cometido y no estrictamente por la fecha de nacimiento del perpetrador.
- Tratamiento de la Reforma del Código Penal: Una iniciativa impulsada originalmente en octubre de 2025 que aún aguarda resolución en las cámaras legislativas.
- Baja de la edad de imputabilidad: Exigencia de penas de cumplimiento efectivo, que contemplen incluso la prisión perpetua para crímenes calificados como atroces.
- Coherencia en derechos y obligaciones: El fin de la contradicción estatal que otorga derechos civiles a los 16 años pero exime de responsabilidad penal frente al homicidio.
- Sanciones para adultos instigadores: Aplicación de penas máximas para aquellos mayores que utilicen o se amparen en menores de edad para la ejecución de ilícitos.
Una oportunidad histórica frente a la impunidad
Los impulsores de la petición remarcan que el Congreso se encuentra ante una oportunidad histórica de dar una respuesta concreta a las víctimas y a la sociedad. La discusión no se limita a una cifra etaria, sino a la construcción de un sistema de justicia que sea acorde a la realidad de la criminalidad actual.
La sociedad demanda que el Estado deje de emitir señales contradictorias y garantice que la vida de las víctimas tenga un valor protegido por leyes firmes y claras que no se reinterpreten según conveniencia.
Para las familias de Monzón, Bracamonte y Alva, la aprobación de estas reformas representa la única forma de garantizar que su tragedia no se repita y que el sistema judicial recupere la confianza de la ciudadanía. La movilización busca que el clamor ciudadano se traduzca en una ley nacional que ponga fin a la impunidad y devuelva la seguridad a las calles a través de la justicia efectiva. El debate que comienza este 2 de febrero marcará, sin duda, un antes y un después en la historia del derecho penal juvenil en la Argentina, poniendo a prueba la voluntad política de transformar el sistema judicial vigente.