En un contexto de creciente sensibilidad social, el Gobierno nacional ha tomado la decisión política de acelerar el tratamiento de una nueva Ley Penal Juvenil. El anuncio, realizado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, confirma que la actualización de la edad de imputabilidad será un tema central en las sesiones extraordinarias de febrero. Esta medida responde a una serie de crímenes con participación de menores que han conmocionado a la opinión pública al inicio de este 2026.
La iniciativa cuenta con el respaldo de Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza desde el pasado 10 de diciembre, quien subrayó la urgencia de la reforma: "La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir", sentenció. Los fundamentos de este cambio legislativo se asientan sobre tres tragedias que evidencian la complejidad y la crudeza del delito juvenil actual.
El horror en Santo Tomé: el caso Jeremías Monzón
Uno de los hechos más escalofriantes por su nivel de saña fue el asesinato de Jeremías Monzón, un joven de 15 años oriundo de Santo Tomé, Santa Fe. Jeremías desapareció el 18 de diciembre y fue hallado muerto cuatro días después en un galpón abandonado del barrio Chalet, frente al estadio de Colón. La autopsia reveló una tortura sistemática: el cuerpo presentaba entre 20 y 23 puñaladas.
La investigación judicial arrojó luz sobre un escenario de extrema violencia grupal. Por el crimen se encuentran involucrados: M.A. (16 años), exnovia de la víctima, actualmente detenida en un centro de menores en Rosario; dos menores de 14 y 15 años implicados en el hecho, pero que permanecen en libertad bajo el cuidado de sus padres por ser legalmente no punibles; y una mujer de 40 años, madre de la adolescente detenida, investigada como presunta partícipe.
El debate se encendió tras la viralización de un video capturado durante el asesinato. En el registro se escucha a los agresores exigir la contraseña de un celular: "¿Dónde tenés los videos?", preguntan, mientras Jeremías suplica: "Estoy sangrando". Tras obtener la clave, se oye a la joven de 16 años dar la orden fatal: "No, no. Sigue vivo, mátenlo. Cortale el cuello...". El video culmina con risas y cánticos de los implicados tras confirmar que le habían dado "en el cora(zón)".
Inseguridad en Tucumán: el asesinato de Joaquín Ibarra
El lunes 12 de enero, la ciudad de Alderetes fue escenario de otro homicidio que alimenta el reclamo de reforma. Joaquín Rodrigo Ibarra, de 21 años, esperaba que un amigo le abriera la puerta en el barrio Julio Abraham cuando fue abordado por dos delincuentes en moto, de 16 y 17 años.
A pesar de que Joaquín no ofreció resistencia —alzó las manos y entregó sus pertenencias—, uno de los adolescentes regresó para golpearlo en la cabeza con el arma. En ese forcejeo se produjo el disparo que terminó con su vida horas más tarde en el hospital Ángel Cruz Padilla. Su hermana, Marisel Núñez, expresó el dolor de la familia: "Mi niño no se resistió en ningún momento. Me lo han matado porque sí". Los sospechosos fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación (CAD).
Tres de Febrero: la muerte de Uriel Giménez
El tercer caso que integra el diagnóstico oficial ocurrió en la madrugada del martes pasado en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Uriel Giménez, de apenas 12 años, falleció durante una persecución y tiroteo entre la Policía de la Provincia de Buenos Aires y los ocupantes de un Fiat Uno blanco que intentaban eludir un control.
Según fuentes judiciales, la policía se defendió de una agresión armada iniciada desde el vehículo. En el lugar se secuestraron vainas servidas disparadas desde el auto del menor. A pesar de su edad, Giménez ya poseía antecedentes por encubrimiento agravado desde octubre pasado y circulaban fotos suyas en redes sociales portando armas de fuego.
Estos tres episodios, que cruzan la geografía del país desde Santa Fe hasta Buenos Aires y Tucumán, han configurado el escenario político para que el Congreso de la Nación deba discutir, a partir de febrero, los límites de la punibilidad y el régimen de consecuencias para los menores en conflicto con la ley penal.