En la antesala del paro nacional docente convocado por CTERA para este lunes 3 de agosto, el Consejo Federal de Educación mantuvo una reunión convocada por el Ministerio de Capital Humano con el objetivo de coordinar acciones que permitan garantizar un nivel mínimo de funcionamiento del sistema educativo en todo el país.
El encuentro se desarrolló este domingo y reunió al comité ejecutivo del Consejo Federal de Educación, integrado por representantes de las distintas jurisdicciones y del Gobierno nacional. Según la información difundida por la cartera que conduce Sandra Pettovello a través de la red social X, durante la reunión se ratificó la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, tal como lo establece la Ley 27.802.
La convocatoria tuvo como eje principal la planificación de medidas destinadas a sostener el dictado de clases durante la jornada de protesta y la coordinación de mecanismos de supervisión para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
Coordinación entre Nación y provincias
Durante la reunión, el Ministerio de Capital Humano coordinó junto con las carteras educativas de todas las jurisdicciones del país y de la Nación las acciones necesarias para garantizar el desarrollo de las clases durante el paro nacional docente.
De acuerdo con la publicación oficial, también se resolvió articular una inspección nacional, ya que se trata de una medida de fuerza de alcance nacional. Según el mismo mensaje difundido por el ministerio, los participantes acordaron distintas medidas orientadas a sostener la continuidad de las actividades escolares durante la jornada de paro.
La cartera nacional señaló que estas decisiones buscan resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y brindar previsibilidad a las familias, procurando asegurar el funcionamiento del sistema educativo aun en el marco de la medida de fuerza convocada por los gremios docentes.
Inspecciones aleatorias
El Ministerio de Capital Humano ya había anticipado, mediante un comunicado difundido el día anterior, que durante el lunes 3 de agosto se llevarán adelante inspecciones aleatorias en escuelas de todo el país.
El objetivo de esos controles será verificar si durante la medida de fuerza los gremios garantizan el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, porcentaje previsto por la Ley 27.802. Además de las inspecciones, el Poder Ejecutivo Nacional anunció que supervisará el cumplimiento de esa cobertura mínima debido al carácter nacional del paro convocado por CTERA.
En ese marco, el comunicado oficial también advirtió que, en caso de detectarse incumplimientos de la normativa vigente, se activarán los procedimientos previstos para aplicar las sanciones correspondientes. El texto difundido por la cartera señaló expresamente: "En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan."
De esta manera, el Gobierno anticipó que realizará un seguimiento específico del desarrollo de la jornada de protesta y del nivel de prestación efectiva del servicio educativo.
La posición del Ministerio
En el mismo comunicado, el Ministerio de Capital Humano recordó que la administración de las escuelas corresponde a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No obstante, la cartera sostuvo que el Estado nacional debe garantizar el derecho a la educación, razón por la cual impulsó la coordinación con las autoridades educativas de todo el país y la implementación de los mecanismos de supervisión previstos para la jornada del lunes.
La reunión del Consejo Federal de Educación se desarrolló precisamente con el propósito de articular ese trabajo conjunto entre Nación y las distintas jurisdicciones.
Los reclamos que motivan el paro nacional de CTERA
La medida de fuerza prevista para este lunes consiste en un paro nacional de 24 horas convocado por CTERA. Entre los principales reclamos planteados por la organización sindical figuran:
- La reapertura de la paritaria nacional docente.
- Aumentos salariales.
- La restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
- Una nueva ley de financiamiento educativo.
Estos puntos constituyen el eje central de las demandas presentadas por la organización gremial en el marco del conflicto que derivó en la convocatoria al paro nacional.
La postura oficial sobre los salarios docentes
En relación con el reclamo salarial, fuentes del Ministerio de Capital Humano señalaron a Infobae que la definición de los salarios docentes corresponde a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al considerarlas los verdaderos empleadores del sector.
Los voceros oficiales indicaron que esta situación rige desde la sanción de la Ley N.º 24.049, dictada en 1992, mediante la cual se dispuso la transferencia definitiva de los servicios educativos a las provincias.Desde esa perspectiva, la cartera nacional sostuvo que la determinación de las remuneraciones de los docentes es una competencia de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
La judicialización de la norma
Otro de los aspectos abordados por el Ministerio de Capital Humano fue la situación judicial vinculada con la normativa.
Respecto de la judicialización impulsada por CTERA, fuentes de la cartera afirmaron que el gremio judicializó la norma y obtuvo una medida cautelar que suspendió la reforma.
Según esas mismas fuentes, esa decisión generó un conflicto que, de acuerdo con la posición oficial, dificulta la continuidad del diálogo institucional.
Asimismo, sostuvieron que la organización sindical denunció presuntos incumplimientos por parte del Estado nacional, aunque indicaron que esa denuncia fue desestimada tanto en primera instancia como en la Cámara.
Mientras se desarrolla el paro nacional docente convocado para este lunes, el Gobierno nacional mantiene su estrategia centrada en garantizar una cobertura mínima del 75% del servicio educativo, coordinar acciones con las jurisdicciones provinciales, realizar inspecciones aleatorias en establecimientos escolares y supervisar el cumplimiento de la Ley 27.802, en un contexto de reclamos gremiales vinculados con salarios, financiamiento educativo y la reapertura de la paritaria nacional.