La Confederación General del Trabajo (CGT) ha sellado su postura frente al escenario político y económico actual al ratificar el paro nacional por 24 horas previsto para la jornada de mañana. La cúpula sindical fue tajante al describir el alcance de la protesta al asegurar que, debido a la adhesión masiva y el malestar generalizado, la Argentina se paralizará de punta a punta. Es importante destacar que, a diferencia de otras convocatorias, esta medida de fuerza se llevará a cabo sin movilización, apostando a un cese de actividades total en los puestos de trabajo para expresar el rechazo a las políticas vigentes.

La confirmación llegó a través de una rueda de prensa encabezada por Jorge Sola, Secretario del Seguro y miembro del triunvirato conductor, quien estuvo acompañado por los cosecretarios Cristian Jerónimo, representante de la Industria del Vidrio, y Octavio Argüello, referente de Camioneros. Durante el anuncio, los dirigentes marcaron un límite claro respecto a las intenciones oficiales al remarcar que no están en contra de una reforma laboral, pero sí de perder derechos adquiridos, diferenciando así la necesidad de una actualización normativa de lo que consideran un avance sobre las conquistas históricas del movimiento obrero argentino.

El sustento del paro nacional radica, según la visión de la CGT, en un diagnóstico sociolaboral complicado que se ha profundizado drásticamente en el último tiempo. Jorge Sola aportó cifras contundentes para graficar el deterioro del sistema productivo y el empleo registrado, afirmando que en los últimos dos años se contabiliza la desaparición de 300.000 puestos de trabajo formales. Este declive se manifiesta en un goteo diario alarmante, ya que las estadísticas sindicales indican que cada jornada se pierden aproximadamente 400 trabajos formales, mientras que más de 21.000 pymes han tenido que cerrar sus puertas en el mismo período.

Como caso testigo de esta crisis, los dirigentes mencionaron con especial preocupación el cierre de la empresa FATE, una decisión empresarial que dejó a casi mil trabajadores sin su fuente de sustento de manera inmediata. Este panorama se completa con una advertencia seria sobre el aumento del endeudamiento familiar, consecuencia directa de la caída estrepitosa del poder adquisitivo y de lo que la central define como paritarias pisadas por el Ejecutivo. A este cuadro de situación se suma el crecimiento de la informalidad laboral, un aumento sostenido de la inflación durante los últimos ocho meses y una apertura de importaciones que afecta la competitividad de la industria local.

La central obrera dedicó un análisis extenso a desmenuzar el proyecto de reforma laboral impulsado por la gestión nacional, sosteniendo que la iniciativa tiene contradicciones fundamentales y que, en la práctica, no generará nuevos puestos de trabajo. El cuestionamiento principal reside en que el texto ignora deliberadamente el impacto de los avances tecnológicos y de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo moderno. Asimismo, la cúpula sindical criticó con dureza la eliminación de la Ley de Teletrabajo y señaló que el proyecto deja fuera a los trabajadores de plataformas digitales, lo que profundizaría la figura del monotributo en detrimento de la relación de dependencia tradicional.

Para la CGT, la generación de empleo genuino requiere de un proyecto de inversión real y de un sistema tributario que permita a cada pequeña y mediana empresa ofrecer el trabajo que el país necesita, algo que no ven reflejado en la propuesta actual. Si bien reconocieron que sectores como el financiero, la agroindustria, la minería y la energía muestran indicadores de crecimiento, advirtieron que estas actividades apenas logran sostener una parte mínima de los empleos que se han perdido en otras áreas de la economía.

Finalmente, la dirigencia lamentó la absoluta falta de canales de comunicación efectivos, asegurando que intentaron abrir instancias de diálogo con senadores, diputados, empresarios y el propio Ejecutivo sin obtener éxito alguno. Al afirmar que nunca han sido convocados a discutir formalmente, concluyeron que la solución actual es eminentemente política y que la responsabilidad primaria recae sobre el Ejecutivo Nacional. En este marco de tensión, la central hizo un llamado final a la reflexión y a la responsabilidad política de los diputados que deberán tratar y votar esta iniciativa en el Congreso de la Nación.