El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su agenda de revisión normativa al enviar al Congreso un proyecto de ley que propone la derogación total de la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida públicamente como la Ley de Etiquetado Frontal.
La iniciativa ingresó este sábado al Senado y lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Salud Mario Lugones. En el texto oficial, el Poder Ejecutivo sostiene que la aplicación de la normativa vigente evidenció "limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas" que, según el Gobierno, justifican su eliminación.
La propuesta apunta a desactivar completamente el sistema actual de advertencias frontales en alimentos envasados, incluyendo la eliminación de los octógonos negros y las restricciones vinculadas a publicidad, entornos escolares y utilización de personajes infantiles en los envases.
La derogación total de la normativa vigente
El proyecto presentado por el Ejecutivo posee una estructura breve y directa. El articulado establece la derogación integral de la Ley N° 27.642 y determina que la medida entrará en vigencia desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial, en caso de ser aprobada por el Congreso.
La iniciativa implica la eliminación de distintos aspectos centrales del sistema actual:
- Quita de los octógonos negros de advertencia.
- Fin de las restricciones publicitarias vinculadas a alimentos con sellos.
- Eliminación de limitaciones en entornos escolares.
- Supresión de restricciones sobre personajes infantiles en envases.
El Gobierno sostiene que el esquema vigente, basado en parámetros impulsados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), presenta dificultades que afectan tanto la interpretación de los consumidores como el funcionamiento de distintos sectores productivos.
Las críticas al sistema de advertencias
Uno de los principales cuestionamientos planteados por el Ejecutivo se dirige al funcionamiento "binario" del sistema de etiquetado frontal. Según el texto enviado al Senado, el modelo actual aplica parámetros homogéneos sobre alimentos de características muy diferentes, sin considerar variables como las porciones efectivamente consumidas ni la densidad nutricional de cada producto.
De acuerdo con la argumentación oficial, esta metodología genera situaciones consideradas inconsistentes, donde alimentos tradicionales y productos ultraprocesados reciben advertencias similares.
El Gobierno afirma que esta lógica puede provocar "interpretaciones simplificadas o poco precisas" y derivar en confusión para los consumidores al momento de evaluar la calidad nutricional de los alimentos.
En ese marco, el Ejecutivo cuestiona especialmente:
- La aplicación uniforme de parámetros nutricionales.
- La falta de diferenciación entre matrices alimentarias distintas.
- La ausencia de consideración sobre porciones reales de consumo.
- La equivalencia de advertencias entre productos diferentes.
El impacto sobre la industria alimentaria
Otro de los ejes centrales del proyecto se relaciona con las consecuencias económicas y productivas derivadas de la implementación del sistema vigente.
La Casa Rosada sostiene que el esquema actual no genera incentivos para que las empresas introduzcan mejoras parciales o graduales en la composición nutricional de sus productos. Según el Ejecutivo, el carácter binario del sistema —que determina únicamente si un producto lleva o no advertencias— impide reconocer procesos de reformulación intermedios dentro de una misma categoría alimentaria.
El mensaje oficial señala que esta estructura termina desalentando cambios progresivos y no distingue entre distintos niveles de adecuación nutricional.
Las críticas por las asimetrías dentro del Mercosur
El Gobierno también cuestiona la falta de armonización regional en materia de rotulado frontal dentro del Mercosur. El proyecto advierte que las diferencias regulatorias entre los países del bloque generan complicaciones operativas para las empresas, obligándolas a producir envases diferenciados según el mercado de destino.
De acuerdo con el Ejecutivo, esta situación impacta especialmente sobre las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que enfrentan mayores costos fijos de cumplimiento.
En el texto enviado al Congreso se sostiene que esas exigencias podrían incluso favorecer procesos de concentración económica dentro del sector alimentario. Entre los problemas señalados aparecen:
- Fabricación de envases diferenciados para distintos mercados.
- Incremento de costos regulatorios.
- Mayores dificultades para PyMEs.
- Riesgo de concentración de mercado.
Cuestionamientos a la rigidez normativa
El Poder Ejecutivo también critica la estructura metodológica de la ley vigente y considera que presenta un nivel excesivo de rigidez regulatoria.
Según el proyecto, numerosos aspectos técnicos y metodológicos fueron incorporados directamente al texto legal, lo que dificultaría realizar modificaciones ágiles frente a nuevos consensos científicos internacionales o eventuales actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA). Para el Gobierno, este diseño normativo limita la capacidad de adaptación del sistema frente a cambios en los criterios nutricionales o avances científicos.
Continuidad de la información nutricional obligatoria
Pese a proponer la eliminación del etiquetado frontal, el Ejecutivo aclaró que no se eliminarán las obligaciones de información nutricional previstas para alimentos envasados.
El proyecto sostiene que continuará vigente la declaración obligatoria vinculada a:
- Valor energético.
- Azúcares.
- Grasas.
- Sodio.
Estas obligaciones seguirán reguladas por el Código Alimentario Argentino y por el sistema armonizado del Mercosur, específicamente mediante las Resoluciones GMC N° 44/03 y 46/03. Además, el Gobierno remarcó que seguirán aplicándose las normas relacionadas con lealtad comercial y defensa del consumidor.