Las prestaciones para la discapacidad están en el centro del debate. A nivel nacional, desde la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo encargado de controlar a las obras sociales, sostiene que no hay recorte y que lo que está sucediendo es solo un retraso en los pagos a prestadores. En los últimos días para marcar que el hecho es inexacto, padres de niños con discapacidad denunciaron a OSEP por el atraso en el pago de las prestaciones a las maestras integradoras, a quienes desde Junio se les tienen retenidos los pagos.

Sin tener en cuenta esto y lo que les acontece a los psicólogos, terapeutas y fonoaudiólogos, Daniel Spadone, Gerente de Delegaciones de la SSSalud en el país, refirió el declaraciones radiales que “debemos llevar tranquilidad a la gente de que no hay ajuste posible, la plata para discapacidad es de un fondo solidario y no hay posibilidades de ajuste ni intensión. Los valores del nomenclador de discapacidad aumentaron el 320 % hemos enviado un comunicado en todas las provincias donde van a ser invitados con el fin de resolver esta situaciones y plantear las inquietudes".

Disconformes con estos dichos y con lo diarios inconvenientes que deben trajinar, los padres se van a manifestar esta noche en “Una sentada pacífica con velas”, para reclamar de esta manera el ajuste contra la discapacidad. La convocatoria es para las 20 hs en el Paseo de la Fe y está abierta para familias y amigos de personas con discapacidad.

Conflicto con OSEP

Este martes, luego del reclamo viral de una madre por el recorte de las sesiones para con su hijo, el organismo salió a aclarar que “no se modificó el menú de prestaciones para los tratamientos de rehabilitación integral en pacientes con discapacidad, como tampoco se cambió el tope de prestaciones”. 

Esto fue es negado por los padres, quienes sostienen que en la práctica se han registrado reducciones en las sesiones de Psicología y que para los de fonoaudiología de 8 sesiones disponibles se pasó solo 5. En el caso de las terapeutas, el valor de la consulta, indicaron a La Unión, es de $1.100 cuando en realidad debería ser de $2.500, y por consiguiente el profesional pierde.